Ordenan perimetral a un concejal del Frente Renovador por violación

El concejal del Frente Renovador de San Pedro, Fernando Espíndola, tiene prohibido acercarse a su sobrina luego de que ella lo denunciara penalmente por haberla violado durante, al menos, siete años. Cintia Espíndola, de 40 años, denunció ante la justicia que el sindicalista de Camioneros y representante del espacio de Sergio Massa abusó sexualmente de ella entre los siete y los trece años, por lo que solicitó la restricción perimetral por las amenazas sufridas tras haber hecho la denuncia.

En un programa de televisión, y mientras en San Pedro se celebraba la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, Cintia contó que su tío, nueve años mayor y con quien compartía el techo, “tocaba sus partes íntimas debajo de sus prendas”. Más tarde, dejó asentada la denuncia en la Comisaría de la Mujer.

La mujer contó que vivía con sus abuelos desde los 4 años y que cuando éstos se iban a dormir, Espíndola la tocaba y abusaba de ella. Según consta en la denuncia, con el tiempo los abusos se agravaron. El concejal la obligó a practicarle sexo oral y la penetró en más de una ocasión.

Tras las amenazas que recibió por parte de su tío denunciado, la victima solicitó que se ordene una restricción perimetral para que éste no pueda acercarse. Este miércoles se emitió la orden, mientras que el fiscal a cargo de la investigación, Marcelo Manso, citó a Cintia y a su hermana a declarar, ya que ésta podría sumar otra denuncia. Por otro lado, la fiscalía investiga la posible relación entre el concejal Fernando Espíndola y el suicidio del hermano varón de ambas mujeres.

Concejales abusadores

El caso de Fernando Espíndola es el más reciente de una lista de denuncias que abarcan todo el territorio argentino. El “No nos callamos más” llegó también a los poderes deliberativos locales y destapó una olla a presión.

El caso más resonante se dio a fines del año pasado en Florencio Varela cuando el titular del gremio de gastronómicos (U.T.H.G.R.A) y concejal del Frente Renovador, Daniel Zisuela, fue denunciado por liderar una red de prostitución infantil. La causa fue caratulada como “explotación sexual infantil, promoción de la prostitución y corrupción de menores” y desde el 17 de diciembre Zisuela se encuentra detenido.Producto de las reveladoras pruebas, fue expulsado del HCD y del Frente Renovador, esto último tras un expreso pedido de Malena Galmarini, quien aún no se ha pronunciado sobre Espíndola.

La semana pasada, en General Viamonte, una adolescente de 14 años denunció al presidente del Concejo Deliberante por acoso sexual. Héctor Luberriaga pidió licencia a su cargo luego de que se radicara una denuncia en su contra en la Comisaría de la Mujer donde consta que instó a dos menores a subirse a su camioneta para que “no caminaran solas”. Ante la negativa, les dijo que ellas “no entendían nada”.

Se trata del segundo edil de Cambiemos que debe dejar su cargo en lo que va del año por haber abusado sexualmente de una o más mujeres. El primero fue Fernando Ponce, presidente del HCD de La Plata, quien obligo a dos empleadas a entrar a su despacho, donde se desabrocho el pantalón en intentó que una de ellas le practicara sexo oral. “Antes de sentarse en el sillón, se bajó los pantalones y el calzoncillo (que no recuerdo si lo tenía, sólo lo deduzco) y se quedó con sus genitales al descubierto. Nos hizo un gesto como mostrando su pene, el cual tenía una leve erección y me dijo (no recuerdo que haya hablado en plural), ‘vení chupámela’», relató la víctima.

En Orán, Salta, el concejal Ramón Isauro Rodríguez, del Frente Plural, fue denunciado por violar a una joven de 22 años. Según consta en el escrito, el ataque ocurrió tras la salida de un conocido boliche de esa ciudad, donde la víctima y el edil, junto a un amigo, se desplazaban en una camioneta 4x 4 de color gris, donde Rodríguez habría cometido la violación. También fue destituido.

Las denuncias contra funcionarios públicos se acumulan y muchas de ellas ni siquiera salen a la luz. Existe en Argentina una ley creada expresamente para prevenir la violencia de género dentro del Estado. La Ley Micaela, aprobada en diciembre de 2018 por la Cámara de Diputados con 171 votos a favor y uno en contra, estipula la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todos los funcionarios públicos que integran los diferentes niveles del Estado. Sin embargo, al momento no fue implementada.