Télam: aprietes judiciales, censura y vaciamiento

La crisis desatada en la Agencia Télam en junio del año pasado aún persiste. La situación legal de los 357 despidos sigue en disputa y el Gobierno opera en la Justicia para sostener su decisión arbitraria rechazada ya en dos instancias del fuero laboral.

El 26 de junio del año pasado estalló un conflicto que nadie previó que tendría semejante magnitud cuando las autoridades decidieron implementar despidos masivos en la agencia pública. El 40% del personal fue desvinculado de un día para el otro por decisión del Directorio del medio de comunicación y con el aval político del titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi.

Sin embargo la respuesta fue contundente. Tras 119 días de paro -la huelga más larga del gremio de prensa en Argentina- las y los trabajadores obtuvieron dos fallos favorables que planteaban la reincorporación.

El primero fue de Ricardo Tatarsky, a cargo del juzgado Nacional del Trabajo Nro. 22 que se pronunció sobre cinco casos concretos pero cuyo alcance puede abarcar a la totalidad de las y los despedidos. El juez consideró que la empresa no había justificado (por ejemplo mediante un Procedimiento Preventivo de Crisis) una reducción tan significativa de su personal.

Asimismo, esto fue ratificado por la Sala V de la Cámara del Trabajo con la firma de los magistrados Enrique Arias Gibert y Miguel Rodríguez Brunengo. Ambos funcionarios tienen ahora en sus manos la posibilidad de dictar sentencia firme en todos los casos lo que implicaría un revés definitivo para Lombardi y sus subalternos.

Ni medios ni justicia independiente

Sin embargo, el viernes pasado desde la Comisión Gremial Interna (CGI) del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) se denunciaron las presiones ejercidas por parte del Ejecutivo contra los jueces que fallaron en contra de la decisión gubernamental buscando así revertir la decisión y garantizar el ajuste.

Una de las principales figuras de esta operación es el abogado Juan José Etala, apoderado de la Agencia. Este hombre amigo de Mauricio Macri, egresado del colegio Newman, ex miembro de la Comisión Directiva de Boca Juniors y asesor permanente de la Unión Industrial Argentina, sostuvo el año pasado durante las negociaciones ante el entonces Ministerio de Trabajo que no le importaban las resoluciones judiciales ya que por cada juez que reincorpore a un trabajador, Télam despedirá a otro.

Se trata de un operador judicial de larga trayectoria, titular del estudio de abogados Salvat, Etala & Saraví, y que varias veces ha aparecido en los medios opinando del lado de las empresas ante distintos escenarios de conflicto laboral. Recientemente fue incorporado, además, a una comisión conformada por el Ministerio de Producción, para estudiar las posibilidades de aplicación de una reforma laboral.

El otro actor importante es el recientemente designado presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el juez Luis Alberto Catardo.

Este hombre, que trabaja en el Poder Judicial desde 1969, tuvo el aval de Cambiemos en el Senado para quedar eximido de la jubilación obligatoria a los 75 años. Así fue que, ya en septiembre del año pasado, emitió una sentencia en la que consideraba que sus pares Arias Gibert y Rodríguez Brunengo, de la Sala V, se habían «excedido» en su jurisdicción al fallar a favor de las y los trabajadores de Télam.

A esto se sumó un pedido de recusación contra los jueces que fue recientemente rechazado por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

A su vez, según denuncia un artículo de El Cohete a la Luna, cinco jueces de esa Cámara, de diferentes salas, confirmaron que Catardo presiona para que se le ofrezca “algún gesto” al gobierno “en el sensible caso de Télam”.

Continuación del comunicado pic.twitter.com/yXobNEgBSY

— Somos Télam (@somostelam) March 1, 2019

Mariano Suárez, delegado de la CGI del Sipreba, explicó a Tiempo Argentino que lo que está sucediendo actualmente es “un lobby de la Casa Rosada para sustituir a los jueces naturales, que ya se pronunciaron sobre la ilegalidad de los despidos, y trasladar las causas a jueces afines al gobierno».

Mediante un comunicado, desde la CGI explicaron que “el gobierno promueve ahora que la Mesa General de Entradas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo sortee todos los expedientes vinculados con Télam asignando a cada uno un destino diferente para apartar, ya sin una recusación directa, a los jueces que le molestan”.

“No es la primera ni será la última de las acciones por las que el Poder Ejecutivo, falto de argumentos de derecho, para condicionar a los magistrados que deben fallar. Ya les mostró cuál es la suerte de los jueces que no se disciplinan: el juicio político y la amenaza de destitución”, añadieron.

Lombardi reconoce la operación y el vaciamiento

Entrevistado el día lunes por el programa “Salvemos Kamchatka” de FM La Patriada, Hernán Lombardi señaló que “el Directorio de Télam inició el proceso de juicio político a los jueces”.

Efectivamente, esta maniobra -actualmente en trámite- fue impulsada por Julio César Zampaglione, otro abogado de la agencia.

“Eso es parte de lo que lo llamo la ‘controversia judicial’”, reconoció dando cuenta que efectivamente hay una decisión política de atacar a los magistrados y no así discutir argumentos jurídicos.

En esa conversación volvió a justificar la decisión de realizar despidos masivos: “DyN fue cerrada, Noticias Argentinas está con un conflicto bastante profundo”, analizó y opinó que “hay un cambio profundo en la forma de transmitir noticias”. Por eso sostuvo su voluntad de sostener Télam “pero con un presupuesto razonable”.

Cabe recordar los despidos de 2018 implicaban la eliminación de casi la mitad de la planta de trabajadores y trabajadoras y, durante el conflicto, afectaron a todos los sectores de la agencia (audiovisual, web, radio, etc.). Aunque, hubo un foco muy importante en el sector administrativo y sobre todo en quienes en el control de la pauta publicitaria oficial.

Esta tarea de contraloría que realizaba la empresa estatal fue progresivamente tercerizada y privatizada, dejando sin tareas a los trabajadores y provocando una pérdida de transparencia en la ya de por sí discutible y discrecional distribución de la pauta gubernamental.

A esto se suman repetidos actos de censura que van acompañados de una notable pérdida en la calidad periodística.

En 2017 un trabajador fue despedido luego de ser reprendido por sus jefes por realizarle una pregunta incómoda al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En la misma sintonía, en mayo de 2018 fue censurado un cable que hablaba de una causa contra Lombardi y unas semanas después dos trabajadores más fueron echados por emitir un cable sobre la licitación de Lebacs con una interpretación desfavorable para el gobierno.

Finalmente, apenas unos días atrás, luego del fallo en el juicio por encubrimiento de la causa AMIA, periodistas de Télam pidieron una opinión a la agrupación de familiares de las víctimas Memoria Activa. Como esta criticó al ministro de Justicia, Germán Garavano, por respaldar a los exfiscales acusados -y condenados- Eamon Mullen y José Barbaccia, el testimonio fue eliminado del cable correspondiente.

Con todos estos antescedentes la CGI de Télam declaró el estado de Asamblea Permanente y convocó a una Asamblea General de trabajadores y trabajadoras para este miércoles 6 de marzo.

Santiago Mayor – @SantiMayor

Foto: @somostelam