Jujuy: preparan denuncia penal y juicio político contra Gerardo Morales por el caso de la niña violada

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se encuentra en una encrucijada a raíz de la muerte de la beba nacida mediante una cesárea obligada a su madre (de 12 años), víctima de violación. La Campaña por el aborto legal lo denunciará penalmente el viernes, mientras que los sectores antiderechos reúnen firmas para pedir un juicio político.

Apenas se reanude la actividad judicial, luego de la feria de enero, los sectores pro aborto marcharán hacia los tribunales jujeños para acompañar el escrito contra Morales; su ministro de Salud, Gustavo Bouhid; y los médicos del Hospital Quintana que retrasaron la interrupción del embarazo que establece la ley.

La presentación tiene el aval de la madre de la pequeña de 12 años, que vivió una situación por demás traumática y que probablemente tendrá consecuencias futuras.

Sucede que, en paralelo a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), existe un “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, de la Secretaría de la Salud de la Nación, que establece que el embarazo debe ser interrumpido mediante un “procedimiento médico”, es decir, con misoprostol; o a través de un “procedimiento instrumental”, esto es, la “dilatación y evacuación uterina”. La cesárea no aparece como método legal.

La denuncia penal, por caso, podría llevar la carátula de homicidio, ya que la beba producto de una violación nació viva prematuramente por un parto anticipado sin justificación médica, y murió a los cuatro días como consecuencia de esa prematuridad.

Además, desde el gobierno de Jujuy se informó que la niña había asistido a una consulta médica por un dolor estomacal cuando cursaba las 12 semanas de embarazo, pero los médicos no lo detectaron. Al regreso al Hospital, el 11 de enero, se dieron cuenta pero en vez de aplicar la ILE prolongaron los plazos y pusieron sobre el paño una «alternativa» -la cesárea- que no era tal, porque no figuraba en la ley.

Juicio político

A través de una página de internet, los sectores que se oponen al derecho al aborto -por más que sea una niña violada y amparada por la ley- juntan firmas para pedir el juicio político al gobernador. Pero no por no aplicar la ILE, sino por haber realizado una “cesárea anticipada”.

“La niña por nacer evidentemente necesitaba seguir desarrollándose por más tiempo. Arrancaron a esa bebé del vientre de su madre, aún cuando los médicos expresaron que corría grandes riesgos y que convenía esperar”, sostiene la Comisión Federal de Abogados Pro Vida en un comunicado de prensa.