Jujuy: responsabilidades alrededor de la beba que murió luego de una cesárea obligada

“A las 20.30 del día de la fecha, en el Servicio de Neonatología, falleció el recién nacido, cuyo caso, de público conocimiento, fue informado oportunamente por este nosocomio el pasado viernes 18 del corriente». Así, la dirección del Hospital Quintana de San Salvador de Jujuy comunicó que murió la beba que había nacido producto de una cesárea obligada a la nena de 12 años violada por un hombre de 60, y que había exigido la interrupción legal del embarazo.

El caso de esta niña, oriunda de la localidad norteña de San Pedro, se ubicó en el centro de la polémica luego de que dos centros de salud de la provincia gobernada por el radical Gerardo Morales le negaran el acceso a un aborto legal. La práctica estaba amparada por el artículo 86 inciso 2 del Código Penal y presente en las causales de un aborto no punible, establecido en el fallo FAL, al que Jujuy está adherida. A pesar de los antecedentes legales y el expreso pedido de la familia, el gobierno y la justicia jujeña hicieron oídos sordos y  sometieron a la menor a un parto obligado, sin considerar los daños emocionales y psicológicos que provocarían.

Mientras el caso tomaba estado público, Morales junto a su ministro de salud, Gustavo Bouhid, y varios legisladores radicales, difundieron los detalles del caso y vulneraron sistemáticamente los derechos de la nena hasta que, finalmente, lograron ejercer la presión necesaria para que la cesárea sea practicada.

El pasado 18 de enero el equipo médico del Hospital Quintana realizó la intervención que derivó en el nacimiento de la beba. «Es una bebé que ha nacido viva, está en neonatología y se va a dar en adopción. No va a entrar en contacto con la madre», dijo ese día Bouhid, quien se encargó de ventilar el secreto profesional e interceder públicamente para torcer la decisión de la familia.

Mientras almorzaba con Mirtha Legrand, Morales adelantó que “una familia importante de la Provincia” tenía intenciones de adoptar a la beba, desconociendo el proceso legal de adopción que rige en Argentina. Según establece el artículo 611 del Código Civil y Comercial de la Nación, “se prohíbe expresamente la entrega directa de niñas, niños y adolescentes por parte de cualquiera de los progenitores u otros familiares”. Asimismo agrega que, “si esta situación se configurara, el juez podría separar al niño de su guardador”. En tanto, es indispensable estar inscripto en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.

Previo a la intervención, Morales había declarado que “la orden que he impartido desde que conocimos el tema, y frente a todas estas situaciones que han generado algún tipo de confusión, es que en lo inmediato se proceda a interrumpir ese embarazo y cumplamos con el fallo de la Corte”. Luego de la cesárea, dijo que había «militantes verdes que quieren que mate al bebé”. Aún no se pronunció sobre su muerte.

En respuesta, desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito de Jujuy sostuvieron que el gobernador estaba planteando «una teoría de los dos demonios entre los celestes y los verdes. Nosotrxs luchamos por los derechos, no estamos cercenando la vida de nadie, estamos luchando por derechos que ya son legales”.

A la irresponsabilidad del gobernador y su gabinete, se suman las intervenciones de dos legisladores de la UCR jujeña. El presidente de la comisión de Salud del Senado, Mario Fiad, estuvo este fin de semana de una marcha en contra del aborto en París, Francia, donde participó activamente para pronunciarse en contra de la interrupción legal del embarazo, aun con riesgo de muerte. En el mismo sentido, la diputada Gabriela Burgos se hizo presente en el Hospital Quintana junto a grupos antiderechos para presionar a los médicos, a fin de que no se cumpla el deseo de la niña a no ser madre.

Una semana antes de la cesárea, la madre de la nena había denunciado que su hija fue abusada por un hombre de 58 años, por lo que decidieron internarla en el hospital del lugar, donde también se negaron a realizare un aborto legal.