Loreti sobre el DNU que perjudica a Arsat: «Todo tiende a la concentración y al negocio»

Damián Loreti, abogado y doctor en Ciencias de la Información, dialogó con «Insurgentes», por Radio Sur 88.3, y analizó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Macri que habilita la transferencia del espectro satelital al sector privado, anteriormente reservado para la empresa estatal Arsat.

– ¿Qué implica que este espectro propiedad de ARSAT pase a manos privadas?

– Así como la radio y la televisión tienen una frecuencia, un pedacito de una anchísima avenida de cielo llena de emisiones, parte de esa avenida está destinada a la comunicación satelital. Básicamente, las emisiones satelitales están destinadas a lo que se llama punto a punto, es decir, sale un mensaje encriptado de una emisora y llega a otro lugar que la decodifica y lo abre. Esto se llama transporte de señales y es mayormente lo que las empresas hacen con el satélite.

Cuando se declaró de interés nacional a la actividad satelital, a fines del segundo gobierno de Cristina Fernández, se hizo una reserva de bandas de espectro que solamente iban a ser usadas por el Estado porque los puntos orbitales, los lugares donde se instalan los satélites y la cantidad de frecuencias que pueden utilizar, son un recurso escaso. Son lo que técnicamente se llama una facilidad esencial, sin eso no podés seguir tu negocio.

Regresivamente, desde que empezó el gobierno de Macri, se fueron habilitando otros satélites que le hacían competencia a Arsat. Parece que fue hace siglos, pero se lanzó el satélite Arsat, el Arsat 2 nunca se lanzó y el Arsat 3 nunca se empezó a construir. Eran un modo de establecer un mecanismo de emancipación nacional de los servicios tercerizados a empresas multinacionales.

Esto se hizo por decreto de necesidad y urgencia, cuando no hay ni necesidad ni urgencia, porque estamos en pleno enero y porque hay un proyecto de ley que se ocupa de esto conocido como la «ley corta». Parte de esta ley trata de sacarle frecuencias que solo podía usar Arsat y dársela a privados a bajo precio, como suele hacer este gobierno cada vez que le quiere entregar algo a un privado.

– Una vez más los DNU irrumpiendo en el ámbito de la comunicación ¿qué pensás de esta forma que tiene el gobierno de reformar la comunicación? ¿Las más favorecidas son las compañías de telefonía móvil?

– Los DNU no son solo una práctica comunicacional, lo que acaban de sacar en materia de recupero de activos es una tropelía que viola todo. No solo a la Constitución, sino que viola a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando se toman decisiones legales que tienen que ver con la aplicación de sanciones tienen que pasar por el Congreso. Esto también pasó con la derogación parcial de la ley de migrantes que fue declarada ilegal por la justicia el año pasado. Con lo cual no sé si hay desprecio por las comunicaciones, lo que hay es desprecio por la legalidad.

Con el negocio de las comunicaciones hay mucho criterio, todo tiende a la concentración, todo tiende al negocio. Es cierto que hay un problema con las telefónicas, que son las más grandes y a la hora de que se haga una subasta, si no hay reserva de crecimiento de espectro, van a ser las más grandes las que pongan plata para la subasta. Aun así, si se estableciera algún tipo de reserva de espectro, van a haber subsidiarias.

Le pueden llegar a dar arriendo no solo a las telefónicas, sino también a las empresas satelitales. Si bien todo tiene pinta de que Telecom va a ser una de las privilegiadas por su capital nacional, en la que además del 4G, capaz que esto es un ariete para una tecnología superior a un precio más barato de que si lo tuvieran que comprar en serio.

– En relación a los consumidores, ¿qué cambia este traspaso de espectro?

– Hay que ver por cuánto se subasta y cómo impacta esto en el precio de los servicios. Arsat tiene una cantidad de cosas amortizadas, entre ellas el espectro. Si alguien va a pagar por el espectro va a trasladar los costos y ahí va a ver qué tipo de servicios y a qué costo ofrecen. Se me escapa el detalla de cómo va a impactar el valor en cada facturación, pero que nos van a recargar el valor del espectro a los usuarios es clarísimo. Cada vez que acá se hace una inversión la terminamos pagando los usuarios, no las empresas.

A este gobierno le importan mucho las comunicaciones, desde enero de 2016 en adelante, es una política regulatoria a favor de la concentración en papel, en fibra, en espectro, con la derogación parcial de la ley de medios, impugnada ante la Comisión Interamericana.