Punitivismo y xenofobia en campaña, ideales para sembrar fascismo

Por Federico Dalponte. El renovado fervor oficialista por la mano dura y la segregación amenaza con acaparar la atención mediática en el corto plazo y con promover la violencia social en el largo. Debate forzado, tono irresponsable y consecuencias imprevisibles.

Pocos temas son más atractivos que la inseguridad para sentar postura. Los datos no importan. Para un plan sanitario, infraestructura, encajes bancarios, para tantas temáticas se exigen saberes previos. Para la inseguridad no.

Es un juego perverso. El gobierno colocó a la inseguridad en un lugar de preponderancia que no merece. Y sin embargo funciona: todos opinamos sobre punitivismo, cárceles, imputabilidad, e incluso varios coincidirán con el oficialismo. Por experiencias personales, por relatos cercanos o por crónicas policiales, todos tomamos partido en esa discusión maniquea.

En febrero de 2018, el 51% de los encuestados por Ipsos concluyeron que la economía argentina estaba en la senda correcta. Se equivocaron por mucho, pero no importa: opinar no tiene costo. Tanto, que la mayor encuesta, la opinión más importante, nunca busca responsables. El sufragio es, en todo caso, la consumación de una creencia que siempre puede fallar –como tantas otras–.

Así, la estrategia oficial tiene un efecto evidente y otro velado. El primero está vinculado con la capitalización de la respuesta política a una demanda social concreta. Ante el clamor por más seguridad, la propuesta de mayor violencia –pistolas Taser, deportaciones masivas, edad de punibilidad– es el perezoso refugio de Patricia Bullrich que, al parecer, reditúa con creces al gobierno.

Pero el otro efecto, más preocupante, es la instalación de problemas inexistentes con derivaciones impredecibles. Está muy bien imponer agenda, y en parte de eso se trata la política. Pero la consagración de los extranjeros y la inseguridad como problema nacional es justamente la plataforma que necesitan las posturas de extrema derecha para fortalecerse.

Cambiemos no es de esa derecha extrema de campera amarilla o pasado represor. Pero algunos de sus votantes sí. Por eso es redituable: hay convicciones profundas que se ponen en juego en funcionarios como Oscar Aguad o la propia Bullrich. Aunque lo definitivo, lo que inclina la balanza, lo que convence al núcleo duro oficialista de instalar la xenofobia y la mano dura como ejes de campaña es, precisamente, la recepción positiva de sus votantes.

Se dirá que son pocos los que deciden hoy su voto sobre la base de las políticas de seguridad de un gobierno. Es probable. Pero mañana quién sabe. La tasa de homicidios dolosos de nuestro país es la segunda más baja de la región: 6 cada 100 mil habitantes. Hace veinte años era 7 cada 100 mil. La media de América Latina y el Caribe es 22. Y aun así el oficialismo refuerza el discurso de la violencia como respuesta ante la inseguridad.

Algo similar sucede respecto a la incidencia de los extranjeros y los menores de edad en las estadísticas delictivas. En ambos casos son la excepción. En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, apenas el 3,1% de los delitos fueron cometidos por menores de entre 16 y 18 años durante 2017. Y respecto a los extranjeros, representan desde hace más de una década apenas el 6% de la población carcelaria total. Nada.

Es probable que la buena imagen de Patricia Bullrich explique parte de la maniobra elegida por el gobierno. Pero allí se acaba la capacidad de abstracción política de los estrategas del oficialismo: no se trata sólo de calcular los efectos electorales de las decisiones de gestión, sino también de prever las posibles consecuencias sociales a mediano plazo.

En Uruguay, el senador y precandidato presidencial Jorge Larrañaga, del opositor Partido Nacional, consiguió esta semana las firmas necesarias para plebiscitar una reforma en seguridad que incluye el patrullaje militar en las calles.

Así comienza. Se magnifica un problema real, se fomenta el temor en la sociedad y luego se proponen soluciones violentas, extremas, para canalizar esa demanda. El resultado es el paulatino crecimiento del apoyo a la mano dura, la xenofobia y la criminalización de determinados colectivos.

En ese escenario, más que evaluar la gestión de Cambiemos en materia de seguridad, cabrá preguntarse en algunos años quiénes han sido los responsables de promover el odio y la paranoia colectiva con fines electorales. En un país con un 48% de niños y niñas pobres, el futuro no sólo es poco alentador, sino demasiado violento.

@fdalponte