9 enero, 2019
México: López Obrador ordenó liberación de presos políticos y revisará más de 350 casos
Se trata de militantes ambientalistas, mujeres indígenas y opositores a la reforma educativa que impulsó el expresidente Enrique Peña Nieto que fueron privados de su libertad pero sin sentencia firme. El actual mandatario aseguró que su gobierno buscará justicia y reparar el daño para que “los inocentes puedan salir de las cárceles”.
El pasado martes, el gobierno mexicano anunció la liberación de 16 presos políticos y la revisión de condena de otros 352 casos. Se trata de militantes ambientalistas, mujeres indígenas y opositores a la reforma educativa que impulsó el expresidente Enrique Peña Nieto que fueron privados de su libertad pero sin sentencia firme.
En la conferencia de prensa que realiza a diario el flamante presidente mexicano, esta vez junto a la ministra de la Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que “el objetivo principal es que no haya presos políticos y ningún ciudadano sea víctima de represalias por su manera de pensar, por su postura política”. En tanto, agregó que su gobierno buscará justicia y reparar el daño para que “los inocentes puedan salir de las cárceles”.
Muchas de las personas detenidas por razones políticas son, entre otras, activistas contra el fracking, opositores al gobierno anterior, y habitantes humildes que no tuvieron derecho a un defensor público. Por ejemplo, mujeres indígenas que transportaban mochilas con marihuana o amapola y que al ser detenidas no tuvieron la posibilidad de contar con intérpretes.
“Queremos que la Cuarta Transformación signifique justicia. No podemos permitir que la protesta social sea condenada, que se fabriquen delitos, ni que se utilice ninguna institución del Estado para acusar a opositores, dirigentes sociales, ambientalistas, indígenas y mujeres”, sentenció López Obrador.
Por su parte, la ministra explicó que fueron revisados 368 casos y muchos de ellos “no han tenido una sentencia después de muchos años privadas de su libertad” y anunció que fue creada una mesa especial para revisar este tipo de casos, en los que se encontraron “rezagos importantes” en el ejercicio de la justicia y personas presas de manera “prácticamente ilegal”.
“Hemos encontrado importantes demoras en el ejercicio de la justicia, pero esto se acabó. No podemos permitir que la protesta social sea criminalizada, por eso investigaremos todas las prácticas ilegales de privación de libertad”, señaló Cordero.
En una entrevista meses antes de asumir la presidencia, López Obrador había denunciado con preocupación que muchos ciudadanos mexicanos estaban en la cárcel entre cuatro y cinco años sin tener sentencia, mientras que otros lo estuvieron porque hubo expresa orden de detenerlos.
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