Nacionales

6 diciembre, 2018

Nada nuevo bajo el sol: las respuestas de la clase política en torno a la inseguridad

La resolución 956/18 del Ministerio de Seguridad de la Nación que otorga libertad de disparar a efectivos de fuerzas federales frente a la comisión de un delito sin aviso previo dividió aguas no sólo dentro de la alianza Cambiemos sino también en el seno de la sociedad argentina. Nada nuevo bajo el sol si se tiene en cuenta que el kirchnerismo dejó un vacío en la materia y el gobierno actual plantea como alternativa una solución por demás punitiva.

La resolución 956/18 del Ministerio de Seguridad de la Nación que otorga libertad de disparar a efectivos de fuerzas federales frente a la comisión de un delito dividió aguas no sólo dentro de la alianza Cambiemos sino también en el seno de la sociedad argentina. Nada nuevo bajo el sol si se tiene en cuenta que el kirchnerismo dejó un vacío en la materia y el gobierno actual plantea como alternativa una solución por demás punitiva.

Nuevamente el gobierno recogió el guante para saciar una demanda de su electorado y abrió una polémica a la que casi ningún candidateable le pudo oponer una propuesta que no sean los preceptos ya establecidos en convenciones nacionales e internacionales y que en más de 30 años de democracia no resolvieron la cuestión del gatillo fácil.

La resolución firmada por la ministra Patricia Bullrich autoriza el uso de las armas de fuego en defensa propia o de otras personas en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves; para impedir la comisión de un delito grave; proceder a la detención de quien oponga resistencia a la autoridad; e impedir la fuga de quien represente un peligro inminente. Esto, sin dar la “voz de alto” ni haber percibido una “agresión previa”, lo que podría llevar a una escalada de los casos de gatillo fácil y a que la verdad de los hechos quede únicamente en manos del efectivo, según argumentaron organismos de derechos humanos.

Objetivamente, cuanto más empeora la situación social y económica de los sectores populares hasta el más menor de los delitos está a la orden del día, oficiando como única salida para conseguir el mango necesario para sobrevivir. Ahora bien, considerando que una parte de la pobreza en Argentina es estructural dentro del marco del sistema capitalista, ¿cuál es la propuesta que ofrece la clase política para trascender la Doctrina Bullrich que autoriza a disparar a matar tal como hizo el policía Luis Chocobar?

Elisa Carrió, por ejemplo, no tuvo reparos a la hora de oponerse a la iniciativa de su propio gobierno y señalar que a Bullrich “se le va la mano”, aunque señaló que había que partir de esa base para discutir una legislación en el Congreso de la Nación. “Entiendo que actualmente la situación exige algún tipo de medida provisoria para subsanar algunas falencias que desprotegen al agente de seguridad que deba emplear su arma, pero estas normas provisorias no pueden en ningún caso vulnerar los preceptos constitucionales”, señaló en referencia a la inminencia de que la policía “mate a un hijo sólo por tener el pelo largo o ser morocho”.

En tanto, propuso que dicha resolución sea ejecutada en el marco de un plan de seguridad introducido en el sistema jurídico, en el que el “delincuente armado” sea el “único responsable de las acciones” generadas alrededor de un delito cometido “incluyendo su propia muerte” en manos de un efectivo.

Por último, señaló la necesidad de ejercer un control político y civil de las fuerzas de seguridad nacionales sin “restringir la iniciativa”, sino “estar a su lado para hacerse cargo de las consecuencias”. En síntesis, se trata de que el poder político avale las acciones policiales y que los efectivos no sean implicados.

Por su parte, el bloque de diputados del Frente para la Victoria encabezado por Agustín Rossi presentó un proyecto mediante que autoriza a las fuerzas policiales a accionar con armas de fuego “únicamente cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana”, dando voz de alto y una “clara advertencia de su intención de emplear” la pistola. Menos medido estuvo quien fuera parte del gobierno de Cristina Fernández, Sergio Berni, quien insistió en que los efectivos tienen que “actuar bajo derecho”, es decir, dentro de las normas vigentes el país y en tratados internacionales. Aunque coincidió con Elisa Carrió en la idea de cuidar a la policía y al ciudadano, debido a que el delincuente estaba “dispuesto a matar y por lo tanto es un peligro para la sociedad”.

Finalmente, tanto la bancada del Movimiento Evita como la del Frente de Izquierda apuntaron a rechazar y solicitar la inconstitucionalidad de la resolución de Bullrich. Las diputadas peronistas, por su parte, instaron al Congreso a adoptar los “Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” acordados en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas celebrado en septiembre de 1990.

El debate alrededor del factor Inseguridad seguirá instalado en la agenda pública en tanto no existan soluciones concretas planteadas por la clase política que pongan sobre el paño la cuestión de la falta de trabajo y educación junto al aumento de la pobreza, e intentando coincidir con los sentidos comunes predominantemente instalados en la sociedad. Hasta ahora, nada nuevo bajo el sol.

Marcos Lede Mendoza – @ledemendoza_m

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