Diputados opositores piden explicaciones a Ritondo por la masacre de Esteban Echeverría

Los cinco efectivos que se encontraban trabajando la noche del 15 de noviembre cuando producto de un incendio murieron nueve presos en la comisaría tercera de Esteban Echeverría fueron desafectados de forma cautelar de sus cargos, aunque no fueron separados de la fuerza.

Se trata del subcomisario Jesús David Muñoz, la oficial inspectora Edith Giselle Juárez, el oficial subayudante Emilio Adolfo Caña, el sargento Daniel Calderón y el oficial Eric Alexander Blanco, quienes, según denunció la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), habían cerrado la llave de agua mientras crecía el fuego que acabó con la vida de los detenidos. “Van a morir como ratas que son”, les dijeron.

«Esta resolución significa un avance importante que pone a la actuación policial en el centro del debate sobre las responsabilidades por los hechos ocurridos esa madrugada», sostuvieron desde la CPM, y exigieron «una investigación urgente que establezca las responsabilidades materiales y funcionales».

A poco menos de un mes de la masacre, el Ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, no hizo ningún tipo de declaración al respecto, ni se dio por aludido ante las denuncias públicas que señalan que sobre la Comisaría pesaba una orden judicial que impedía el alojamiento de presos. Al respecto, diputados opositores al gobierno de Cambiemos presentaron en la legislatura un pedido para que el funcionario “informe sobre los motivos por los cuales teniendo prohibido el alojamiento de detenidos en la comisaría 3 de Transradio se habilitó igual para tal fin”.

El pedido de interpelación fue presentado el lunes por Miguel Funes , presidente de la comisión de DD.HH. de la legislatura bonaerense y acompañado por Florencia Saintout (presidenta del bloque de Unidad Ciudadana-FPV PJ), Lauro Grande, Facundo Tignanelli, Susana González y Mariana Larroque. “Ha quedado en evidencia que no se ha aprendido nada de la masacre ocurrida en la Comisaría Primera de Pergamino, el día 2 de marzo de 2017, que costó la vida de otras siete personas privadas de la libertad, ni que se han adoptado los recaudos suficientes para evitar la reiteración de este tipo de tragedias”, advierte el documento.

Asimismo, solicitaron saber “¿cuántas personas hay detenidas actualmente en cada comisarìa y destacamento policial de la provincia? ¿Cuál es la capacidad de alojamiento en cada comisaría y dependencia policial?”. En el mismo sentido exigieron estadísticas sobre la cantidad de colchones ignífugos proveídos durante la gestión de Ritondo al frente de Seguridad, y explicaciones por sus declaraciones en el programa de Luis Novaresio en A24 el 10 de septiembre pasado donde declaró: “Yo prefiero delincuentes amontonados que liberados”.

Por otra parte, la muerte de los nueve detenidos llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, que se reunirá este jueves para tratar de forma urgente lo sucedido. Juan Pablo Gomara, de la Defensoría de Casación bonaerense, Paula Litvachky, del Centro de Estudios Legales y Sociales y Roberto Cipriano, de la CPM, llevarán los reclamos de medidas cautelares sobre seis comisarías de la Provincia, tres de Lomas de Zamora y tres de La Matanza, advirtiendo el peligro que corren las personas privadas de su libertad que se encuentran allí.

Cabe recordar que Juan Carlos Fernández, Jorge Ramírez, Eduardo Ocampo, Juan Lavarda, Walter Barrios, Elias Soto, Miguel Angel Sánchez, Jeremías Rodríguez y Carlos Corvera fueron los nueve detenidos que fallecieron como consecuencia del incendio. El fuego fue utilizado como herramienta para reclamar por una mejora en las condiciones de detención de las 27 personas que se encontraban hacinadas dentro de las celdas a pesar de la orden judicial que lo impedía, y que fue ignorada por las autoridades de la Provincia.