Masacre de Esteban Echeverría: policía, gestión del punitivismo y vecinos en alerta

La Comisaría 3° de Transradio en Esteban Echeverría, donde el pasado 15 de noviembre ocurrió la peor masacre de comisarías del país, tiene capacidad para albergar diez detenidos, aunque tenía prohibido hacerlo. Por disposición del Juzgado de Garantías N° 2 de Lomas de Zamora, se encontraba clausurada por incumplir con las condiciones básicas de seguridad y habitabilidad. El día de la masacre había 27 personas detenidas: nueve de ellas murieron cuando los uniformados decidieron dejar los calabozos cerrados y cortar el paso de agua al iniciarse el incendio.

“Más que hablar de violencia policial hay que hablar de la violencia estructural que tiene que ver con las condiciones de detención”, dijo a Notas Sandra Raggio, directora general de áreas de la Comisión Provincial por la Memoria (CpM). “Tiene que ver con el Estado en sus tres poderes. Todos están comprometidos en lo que pasó en la masacre de Esteban Echeverría. También el Poder Legislativo podía tomar resolución y sancionar leyes que descomprimieran la situación en los lugares de encierro. Al contrario, siempre están pensando en forma de las leyes que van en el mismo sentido de mayor punitivismo, de mayor mano dura”, apuntó.

Si bien la versión policial intentó instalar la teoría de un motín e intentos de fuga, el incendio comenzó a través de un reclamo de los detenidos por sus condiciones de detención, una de las escasas formas de protestar en los espacios de encierro. En este sentido, Raggio se refirió al curso de la investigación sobre la masacre: “Lo que estamos viendo es que la fiscalía está orientando la investigación a preguntarse quién provocó el incendio y no a las responsabilidades funcionales. Y la verdad que no creemos que esa tenga que ser la pregunta, sino cómo pudo producirse la muerte de nueve personas, y esa respuesta está en las condiciones de detención, sin ninguna duda”.

Por otra parte, Sabina Frederic, doctora en Antropología Social e investigadora del CONICET, explicó a Notas: “El gobierno la verdad que no ha hecho un cambio sustantivo más que declarar que es un valor de la eficacia gubernamental el aumento de las detenciones. Y eso se refleja en más detenidos en comisarías. Lo que aumentó básicamente son el porcentaje de detenidos en caso de flagrancia. Que eso es un dato para tener en cuenta”, agregó.

La incorporación del proceso de flagrancia, es decir, las detenciones en procedimientos callejeros por parte de la policía, colaboran con el creciente aumento de población encarcelada, alcanzando un pico histórico. En la provincia de Buenos Aires, este crecimiento significó un aumento del 49% de la población penitenciaria. En las comisarías, el aumento de detenciones se tradujo en un récord de superpoblación: en las 432 dependencias policiales que existen actualmente hay 3.010 detenidos, de los cuales sólo 1.039 tienen camastros. Por ende, dos de cada tres personas duermen sin colchón.

“Tenemos una duplicación del número de policías en la provincia de Buenos Aires en los últimos diez años: pasaron de 50.000 a ser 100.000 policías en la calle, y esos policías son más detenciones. Más detenciones en la vía pública, por narcomenudeo o por portación de cara”, afirmó Frederic. “O este hostigamiento al que en estos tres años de gobierno la policía se vio habilitada, cosa que antes no ocurría”, explicó.

A su vez, el abogado e investigador Esteban Rodríguez Alzueta declaró a este portal que “más policías en la calle es más policías saliendo a buscar pibes que tienen determinadas características. Los jóvenes nos dicen que aumentó el hostigamiento policial, que los paran muchos más que antes, que ahora los bajan de los bondis, que los cacheos son más agresivos, que la presión en la calle ha aumentado. Eso se debe a que muchos policías se sienten exceptuados a tener que rendir cuentas porque saben que hay un poder político que los ampara. Entonces no hay más presos porque hay más delitos sino porque hay más policías en la calle”. A su vez, agregó que “el aumento de la población prisionalizada es la expresión de la falta de ideas del gobierno. Como siempre digo: cuando la única herramienta que se tiene es el martillo, todos los problemas se parecen a un clavo”.

El aumento de la población penitenciaria, entonces, no corresponde a un aumento de población ni significa que ahora se cometan más delitos que antes, sino que se enmarca en un fenómeno de utilización del delito como estrategia de gobierno: “Están haciendo política con la cárcel, con la policía, con las penas duras. El gobierno sabe que el encarcelamiento le garpa políticamente porque es lo que su electorado quiere. Pero lo que su electorado tiene que saber es que el encarcelamiento lejos de resolver los problemas, está visto, terminará agravándolos. La sociedad no se da cuenta que es un boomerang. El gobierno lo sabe perfectamente, pero hace política en función de las próximas elecciones. Y el mensaje que tiene que mandar es que es duro contra el delito”, puntualizó Rodríguez Alzueta.

A su vez, se refirió a los consensos sociales que avalan la violencia institucional: los vecinos en alerta contra la “inseguridad”, la demanda de represión y de endurecimiento de las penas: “Lo que tenemos que saber como sociedad es que a través del encarcelamiento contribuimos a precarizar la vida de la gente alojada allí dentro y a sus familiares y amigos. Porque el estigma es algo que se transmite y sigue al entorno”. En tanto, señaló que una persona que salía de la cárcel lo hacía “con un certificado de mala conducta que lo va a sustraer del mercado laboral formal. La cárcel es una máquina de precarizar a los sectores populares. Y el precariado es una fuerza de trabajo barata que le permite resolver a las economías formales montones de problemas, por empezar, les permite optimizar sus costos financieros y ganancias. El encarcelamiento pone a los barrios contra la pared, porque llevará también a algunos actores a tener que seguir derivando hacia el delito para resolver sus problemas materiales concretos”, explicó.

Malena García