La justicia cerró la causa por desaparición forzada de Santiago Maldonado

El juez Gustavo Lleral cerró la causa que investigaba la desaparición forzada de Santiago Maldonado y de esta forma, también absolvió al gendarme Emmanuel Echazú, único imputado y uno de los que llegó a la vera del río donde se supone murió ahogado el joven artesano.

Así, se cierra una investigación en donde se ponía foco a la responsabilidad del Estado, específicamente de las fuerzas de seguridad y el rol del gobierno de Mauricio Macri y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El juez se valió del resultado que arrojó la nueva pericia sobre un DNI, que habría probado que su material es resistente a los días que permaneció bajo el agua.

Sin embargo, la familia de Maldonado –quien se enteró de este resultado a través de los medios y no por la Justicia- denuncia que esto no puede probar nada todavía. No solo porque en el informe de la autopsia, de la cual participaron decenas de peritos, aclaró que no se podía determinar si el cuerpo había sido movido o no, sino porque todavía quedan muchas dudas que resolver y que apuntan principalmente a rol que ocupó la Gendarmería tras la represión del 1 de agosto de 2017.

En efecto, aun no se sabe en qué circunstancias murió Maldonado. Se sabe que fue por asfixia e hipotermia, pero no en el contexto en que se dio esta situación.

Vale aclarar que la zona en donde apareció el cuerpo 78 días después, fue rastrillado al menos tres veces con la participación de cientos de personas. Nunca encontraron nada.

Si las fuerzas de seguridad entraron ilegalmente a un predio mapuche, disparando y quemando pertenencias, y Santiago murió ahogado intentando escapar de esa cacería, ¿la Gendarmería no tiene ninguna responsabilidad?

Por otra parte, la misma justicia que cierra la causa por desaparición forzada no puede explicar qué pasó con la mochila y el celular del joven anarquista. De hecho, un día después de su desaparición, un amigo de Maldonado afirma que un llamado al celular fue atendido por unos segundos.

El miércoles, al conocerse los resultados sobre los DNI, la familia aclaró que “impugnó” la decisión de la justicia, “ya que se desconocían y se desconocen aún, las condiciones en las que estuvo el cuerpo de Santiago y, en consecuencia, su DNI”. “Por tanto, los resultados jamás arrojarán un resultado cierto, ya que la pericia no se realizó en el lugar del hecho (Río Chubut)”, agregaron.

En el comunicado, la familia del joven también detalló que durante el informe de la autopsia del pasado 26 de noviembre de 2017, los peritos de la Morgue de la Corte Suprema habían manifestado que “no podían afirmar” que el cuerpo de Santiago haya estado siempre en el mismo lugar que fue encontrado.

En medio del torbellino del G-20 y también de algunas polémicas como la de la superfinal postergada, la justicia busca terminar con una investigación que movilizó a decenas de miles a las calles y en un pedido de conocer a fondo una verdad incómoda para el gobierno nacional.