Miles de mujeres se manifestaron contra el G20 y el femicidio de Lucía

Decenas de miles de mujeres se manifestaron este lunes en conmemoración al Día de la No Violencia contra las Mujeres. Detrás de una bandera que rezaba “No al G20 y al FMI. Abajo el ajuste de Macri y los gobernadores”, el movimiento de mujeres volvió a llenar las calles que unen el Congreso con Plaza de Mayo, como todos los años desde 1981.

En esta oportunidad, la primera consigna esbozada por la referente del movimiento Liliana Daunes fue en referencia al crimen de Lucía Pérez, cuyo femicidio quedó impune y sus asesinos fueron absueltos. Su caso fue la punta de lanza para el primer Paro Nacional de Mujeres luego de que ese 8 de octubre de 2016, tres hombres mayores de edad la drogaran, violaran, torturaran y asesinaran.

“¡Basta de femicidios, de crímenes de odio, en nuestro país la violencia machista nos quita la vida de una mujer cada 35 horas. Hoy más que nunca gritamos de rabia porque queremos justicia por Lucía Pérez. Fue un femicidio!”, sostuvo Daunes y agregó: “Denunciamos la justicia misógina que actúa en complicidad con los abusadores. Denunciamos el fallo dictado en Mar del Plata donde se absuelven a los femicidas de Lucía imponiendo apenas una mínima condena”.

Por otro lado, el documento consensuado entre las organizadoras de la marcha fue más político que el de otras veces. En esta oportunidad, el foco se puso en el ajuste que lleva adelante el gobierno de Cambiemos en materia de prevención y erradicación de la violencia de género, así como la falta de implementación de políticas públicas. “Denunciamos el saqueo llevado adelante en conjunto con los gobernadores y por mandato del Fondo Monetario Internacional que se plasma en el Presupuesto para el año que viene que garantiza el cierre de programas de prevención, asistencia y acompañamiento de víctimas de violencia machista”, continuó la oradora.

En tanto, exigieron que “se declare ya la emergencia de violencia de género y que se otorgue un presupuesto para la implementación de la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”.

Cabe destacar que de los 750 millones de pesos del presupuesto que prevé el Plan Nacional contra la violencia de género, anunciado por el presidente Macri en 2016, 600 millones estaban destinados a la construcción de 36 refugios para víctimas de violencia. Sin embargo, apenas se construyeron 10, de los cuales 8 fueron iniciados durante la gestión anterior, según informó el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) a Página/12.

Al respecto, desde el organismo sostuvieron que “se decidió un cambio de estrategia en la modalidad de trabajo con hogares priorizando el fortalecimiento de los hogares de protección integral existentes y a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la materia para garantizar una atención integral, de conformidad con el Plan y con los nuevos modelos de atención a nivel mundial que se alejan de la lógica de refugios y apuntan a la creación de espacios donde el foco esté puesto en el empoderamiento de las mujeres en entornos cercanos a sus redes de contención”.

No obstante, en la marcha repudiaron “que el presupuesto esté diseñado por el FMI y el Banco Mundial, que recomiendan pagar la deuda externa ilegítima y fraudulenta mediante el desarrollo del turismo sexual, legitimando así la explotación sexual, mercantilizando nuestras vidas, cuerpos y sexualidades de niñas, mujeres, travestis y trans”.

Otro de los puntos fuertes fue el reclamo en torno a la legalización del aborto. “Estamos ante un momento histórico que no tiene vuelta atrás y más temprano que tarde, será Ley. Cada uno de los legisladores que este año votaron en contra de la salud pública, la justicia social y los derechos humanos queremos decirles que son responsables de la violencia que significó impedir las decisiones personales sobre los embarazos involuntarios o peligros para la salud y de las muertes provocadas por abortos clandestinos e inseguros”, aseguraron.

Durante la lectura del documento en Plaza de Mayo también se hizo mención a las mujeres de los pueblos originarios y las brasileñas que sufren la misoginia del recientemente electo presidente Jair Bolsonaro. Asimismo, criticaron a aquellas provincias que aún no adhirieron al Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo o que dictaron protocolos con restricciones “que ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar” y reclamaron por “la falta de una efectiva implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, cuyos contenidos precisos, pertinentes, científicos y actualizados son obligatorios por resolución del Consejo Federal de Educación”.

Foto: @ateprensa