Escandalosa final: nadie se hace cargo y «la culpa es de los hinchas»

El escándalo generado alrededor del no partido entre Boca y River por la final de la Copa Libertadores no reflejó otra cosa que la connivencia entre barras, policías, dirigentes y funcionarios públicos, que priorizan el negocio y desprecian por igual a hinchas y jugadores, dejándolos en una situación de vulnerabilidad extrema frente a la violencia.

Todo comenzó el viernes, cuando la división de Conductas Delictivas de la Policía de la Ciudad, a raíz de un pedido del fiscal Norberto Brotto, allanó la casa de un integrante de la barrabrava de River. Allí encontraron 300 entradas, 7 millones de pesos en efectivo, vestimenta oficial.

Frente a la noticia, el club que preside Rodolfo D’Onofrio difundió un comunicado en el que se puso a disposición de la Justicia a la hora de la investigación, así como también adelantó que en caso de que las entradas fueran originales, tomaría “medidas necesarias” para anularlas. Por este motivo a mucha gente se le pidió DNI en la entrada al estadio.

La versión oficial del allanamiento vino de parte del ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo, quien mantiene relación con el presidente de Boca, Daniel Angelici. “Había una organización mafiosa lucrando con estas operaciones de reventa y avanzamos con todos los medios a nuestra disposición para desbaratarla”, manifestó el funcionario porteño.

Aún con el testimonio de Ocampo, al día siguiente pasó lo que todo el mundo vio y lejos está la situación de haber sido “desbaratada”. Con el diario del lunes, el periodismo tuvo libertad de especular acerca del vínculo entre el allanamiento del viernes y la posibilidad de que parte de la barra haya expresado, con piedras al rival, su descontento con la tibia respuesta de River frente al allanamiento.

Responsabilidades compartidas

Desde el traspaso de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad, esta última quedó como responsable de garantizar la seguridad dentro de la Capital Federal. En el protocolo había tres anillos: el primero y el segundo correspondían a las fuerzas a cargo del ministro Ocampo, mientras que el tercero correspondía a fuerzas federales, Prefectura y Gendarmería.

El micro de Boca se dirigió al estadio Monumental por la Avenida del Libertador, y al momento de doblar por Lidoro Quinteros y recibir la lluvia de piedrazos que todo el mundo vio, las fuerzas de seguridad respondieron con gas pimienta y gases lacrimógenos en lo que constituyó el inicio de la represión y el cierre de las puertas de acceso a la cancha.

Fue la Ciudad quien pidió colaboración a Gendarmería y Prefectura, ambas fuerzas a cargo de la ministra Patricia Bullrich, quien todavía guarda silencio frente a los hechos. “No hubo problemas en el trayecto. En la curva hubo una falla de seguridad”, sostuvo livianamente Marcelo D’Alessandro, secretario de Martín Ocampo, otorgando así la responsabilidad Bullrich.

El testimonio a la prensa del chofer del micro que llevaba a los jugadores xeneizes fue contundente: “Para ir a la cancha de River siempre se entra por Quinteros y Libertador. En los partidos anteriores en esa zona siempre había vallas de maderas que tapaban de punta a punta y ahora no estuvieron. Esto no lo dice nadie”.

Finalmente, la situación se transformó -y continuará en la semana- en un toma y daca por adjudicar responsabilidades que indudablemente son compartidas, tanto por los ministerios de Seguridad de Ciudad y Nación, así como también de los directivos del club. D’Onofrio por su insistencia a jugar al partido apañado por la Conmebol, y Angelici por abonar a que el partido se juegue igual el día domingo.

Marcos Lede Mendoza – @ledemendoza_m