Caso Xiomara: un nuevo femicidio que estremece a la sociedad

La madrugada del pasado miércoles, el cuerpo de Xiomara Méndez Morales fue hallado sin vida en el asiento trasero de un Fiat Duna rojo en el partido de Ituzaingó. Según el cuerpo forense que investiga el caso, tenía un cinturón atado al cuello y cintas en la boca, lo que indica que murió producto de un ahorcamiento. El martes por la tarde, cuando la joven salía de la escuela, aproximadamente a las 17;30 hs fue interceptada por dos hombres que la secuestraron e inmediatamente pidieron negociar el rescate.

Xiomara tenía apenas 15 años y cursaba el tercer año del bachillerato en el Liceo Pascual Guglianone, de Flores. La comunidad educativa no sale del asombro ante su muerte, que hace unos meses había celebrado la fiesta de 15 junto a familiares y amigos. “Quiero ser dueña de mi vida sin temor a que me maten”, “Somos el grito de las que ya no tienen voz”, “El Liceo N°5 está de duelo”, “De camino a casa quiero ser libre, no valiente” rezaban algunos de los carteles posados sobre la reja de entrada a la escuela. Xiomara tenía muchas compañeras y compañeros allí, que formaban parte de su entorno cotidiano.

Naomi, como le decían sus compañeros más allegados, vivía con su madre y hacía una vida normal: estudiaba, iba a la escuela, escuchaba música peruana, reggaeton y pasaba el tiempo con sus hermanos y primos. Su madre, Jessica Patricia Morales Pérez, se dedica a la venta de ropa en la avenida Avellaneda en Flores y su padre, Luis Gerardo Méndez Portilla, trabaja en la compra y venta de autos en la villa 1-11-14.

Los secuestradores se comunicaron con la madre de la joven y le exigieron: “Queremos 30.000 pesos y 30 kilos de cocaína o no la ves más”, y establecieron un punto de encuentro en el barrio de Boedo. Luis, el padre de la víctima, fue quien concretó la entrega del dinero a las 2:30 de la madrugada, aunque la negociación no salió como él y su familia esperaban, dado que Xiomara no fue liberada del vehículo como se había pactado. El Fiat Duna rojo salió a toda velocidad hacia el Acceso Oeste y, en el camino, los secuestradores evadieron un control vehicular que devino en una persecución policial. Unos kilómetros después, el vehículo impactó contra un particular y fue allí donde la policía detuvo a Bruno Cortez y Luis Fernández, los captores de Xiomara, quien para ese entonces ya se encontraba muerta en el asiento trasero del auto.

Luego de que los forenses establecieron que la causa de la muerte de la adolescente fue a causa de una “asfixia mecánica por compresión cervical” y que, además, dentro del vehículo se halló una pistola calibre 9 milímetros, precintos para inmovilizar, un bidón de nafta y dinero en efectivo. Las hipótesis comenzaron a girar en torno a un posible ajuste de cuentas narco en el que estarían involucrados los familiares de la joven, quienes ya tenían antecedentes delictivos. Por caso, la justicia ordenó allanamientos en la vivienda de Xiomara y en otros lugares de la villa 1-11-14, sospechando de que podría haber centros de acopio de drogas.

Ante el preocupante informe de un femicidio cada 32 horas emitido por el Observatorio de Femicidios en Argentina, el caso de Xiomara Méndez Morales conmueve a la sociedad en su conjunto por su similitud con el caso Candela Rodríguez, de 11 años, quien fue secuestrada y asesinada en el año 2011 producto de un ajuste de cuentas narco. Siete años después, la metodología del crimen se vuelve a repetir y la justicia, que acelera los tiempos de las causas cuando ya es tarde, vuelve a estar en el centro de la escena.

Otro de los debates que se desprende es el tratamiento que algunos medios de comunicación, en paralelo con figuras políticas, le dan al caso instalando una vez más la discusión de los controles migratorios y la expulsión del país de los extranjeros que delinquen. Teniendo en cuenta que los involucrados, en su gran mayoría, pertenecen a la comunidad peruana y están implicados en la venta de drogas, la oportunidad para la criminalización y el refuerzo de políticas punitivas encuentra en este caso la coartada perfecta.

En el día de ayer, los acusados de haber secuestrado y asesinado a la adolescente se negaron a prestar declaraciones ante la fiscal Alejandra Mangano, quien se encarga de investigar el caso. Tanto Cortez como Fernández, están imputados por secuestro extorsivo seguido de muerte agravado por el cobro de rescate y la edad de la víctima, que en el caso de ser condenados culpables les corresponde una pena de cadena perpetua.

Tanto la familia de Xiomara como sus compañeras y compañeros de escuela exigen que el caso se esclarezca e insisten en el pedido de justicia por la joven, una víctima más de femicidio que se suma a una interminable lista.

Tomás Ferrando