Cooperativas de personas liberadas reclaman políticas públicas de reinserción

Este jueves a las 10 de la mañana 17 cooperativas integradas por personas que estuvieron privadas de su libertad se movilizarán al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Exigen centralmente capacitaciones en oficios y programas que respalden el trabajo que vienen realizando.

Nucleadas en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) marcharán bajo un pliego de reivindicaciones de tres puntos: «Programas y políticas públicas para la integración social del conjunto de ex detenidos y detenidas»; «educación en todos sus niveles y capacitaciones en oficios para las personas privadas de su libertad ambulatoria»; y «apoyo y fortalecimiento de las cooperativas y unidades productivas de liberados, liberadas y familiares».

En un comunicado enfatizaron la exigencia al Ministerio para que cumpla el convenio «que permite que los detenidos/as realicen capacitaciones en oficios» y que estas puedan ser brindadas por las propias cooperativas. De esta forma se facilita que, al salir en libertad, estas personas pueden integrarse a las distintas unidades productivas existentes.

El surgimiento de estos espacios tuvo que ver precisamente con las dificultades que encuentran quienes salen de la cárcel para conseguir trabajo, incluso en dependencias del Estado, debido a sus antecedentes penales. Actualmente esta rama del MTE agrupa alrededor de 400 personas que crearon su propio empleo, lo cual no sólo les ha permitido salir adelante junto a sus familias sino que han logrado que el nivel de reincidencia de sus integrantes sea nulo.

Entre las tareas que desarrollan existen emprendimientos textiles, de herrería, carpintería, construcción, estampado y serigrafía, marroquinería, reciclado y gráficos.

Por otra parte, si bien no será lo central en la movilización de este jueves, vienen peleando por la derogación del artículo 64 de la Ley de Cooperativas que impide que el Consejo Directivo de las mismas está conformado por personas con antecedentes.

A su vez, reclaman que todos los Municipios de la Provincia de Buenos Aires -donde reside la mayor parte de la población ex carcelaria- cumplan con la ley 14.301 que establece un cupo laboral del 2% en organismos estatales, para personas que estuvieron privadas de su libertad. Sucede que si bien la normativa está sancionada y reglamentada, la adhesión es voluntaria.

En el mismo sentido piden que se establezcan cupos similares y becas en universidades nacionales y que haya programas específicos destinados a las mujeres con prisión domiciliaria. Estas últimas son, en la mayoría de los casos, sostén familiar y se encuentran imposibilitadas por ley para salir a trabajar.