Cambiemos dictaminó en soledad a favor de la ley Bayer-Monsanto

Con el sólo acompañamiento del bloque cuyo titular es Martín Lousteau, Cambiemos logró este martes 13 un dictamen favorable para la modificación de la Ley de Semillas. Se trató de un plenario de las comisiones de agricultura, presupuesto y legislación de diputados.

El aval para avanzar sobre el “uso propio”, llega luego de meses de negociaciones secretas realizadas en el Ministerio de Agroindustria entre las entidades representativas de las empresas del agronegocio como ASA (Asociación de Semilleros Argentinos); el gobierno; y algunas de las organizaciones de grandes productores (sobre todo sojeros) como la Sociedad Rural Argentina.

Para las más de doscientas organizaciones que firmaron un comunicado de repudio “todas las reuniones de ‘consulta’ realizadas fueron una ‘puesta en escena’ para permitir que ahora planteen un supuesto proyecto ‘unificado’ que surge de una ‘acta de entendimiento’ que expresa la voz de los semilleros y los grandes productores. De esta manera, el proyecto que nunca se hizo público, excluye los intereses de los pueblos originarios, productores/as de la agricultura familiar, campesinos/as y consumidores/as”.

La convocatoria al plenario de comisiones, donde el oficialismo tiene mayoría, se hizo sin que los legisladores tuvieran claro hasta último momento cuál era el proyecto sobre el que se estaba discutiendo. Ahora, el gobierno intentará que el miércoles 21 se vote en el pleno de la cámara de diputados, donde necesitará que legisladores de otros bloques los acompañen.

En oposición a lo que ocurría en el recinto, y denunciando tanto el contenido del dictamen como la forma en que se llegó a él, diversas organizaciones realizaron una concentración y conferencia de prensa en la puerta del Congreso. De la misma, participaron Nora Cortiñas, Carlos Vicente de la organización internacional GRAIN, integrantes de la “Multisectorial contra la Ley Bayer – Monsanto de semillas”, de las Cátedras Libres por la Soberanía Alimentaria; y campesinos y campesinas del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), del MTE Rural y de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). Estos últimos, además, realizaron uno de sus ya clásicos “verdurazos”.

Por su parte, la Federación Agraria Argentina (FAA) emitió un comunicado en el que destacaron que “no están dadas las condiciones para el dictamen”. Para la entidad, “si bien hay un avance positivo respecto de otros proyectos que años anteriores se han puesto en debate, aún falta espacio para el consenso”. Asimismo, “exigimos el orden público de la ley de Semillas, que termine con las prácticas contractuales avasallantes de los derechos de los agricultores. Ratificamos la posición de uso propio gratuito y la permanencia de Argentina en el marco de UPOV 78”.

Los caminos hacia la Ley

La Ley en discusión fue sancionada en 1973, y legisla sobre toda la producción, certificación y comercialización de semillas. Y establece una forma de propiedad intelectual sobre variedades vegetales denominada Derechos de Obtentor (DOV). Los DOV refieren al derecho que se le otorga a quién desarrolla alguna “mejora” a una semilla (puede ser mediante transgénesis, hibridación o mejoramiento tradicional), para explotarla en exclusividad. Son válidos para todo tipo de semillas, a diferencia de las patentes, que son sólo para las semillas transgénicas en tanto solo se protege la modificación genética.

Asimismo, reconoce en su artículo 27 que “no lesiona ese derecho quien reserva y siembra semilla para uso propio”. Esta concepción del “uso propio” como un “derecho de los agricultores” se enmarca de tratados internacionales de los que Argentina es signataria, como la “Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales” (UPOV) en su versión de 1978 y el “Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la alimentación y la agricultura” (TRFAA) conocido como Tratado de Semillas.

Desde 2012 existen intentos por modificar la Ley de Semillas, con la intención de brindarle mayor certidumbre a las empresas biotecnológicas y restringir el uso propio. Debido a las contradicciones entre los actores (incluso al interior del propio gobierno) y la resistencia de las organizaciones, ninguno de los anteproyectos que estuvieron en discusión logró salir de la órbita del Ministerio de Agricultura.

Finalmente, en octubre de 2016 el gobierno de Macri presentó su propuesta. Pero la gran novedad fue la presentación de propuestas por parte de una entidad de productores (FAA) y una cámara empresarial (ASA). Este último anteproyecto avanzaba mucho en el recorte del uso propio que el proyecto de oficialismo al no plantear siquiera excepciones. Todos esos proyectos perdieron estado parlamentario.

La letra del dictamen

¿Pero qué dice el articulado que intentarán se convierta en Ley? No es un proyecto de modificación integral de la ley. Se trata de “parches” sobre algunos artículos, dando cuenta de las distintas negociaciones a partir de la cuál intentaron contentar, sin demasiado éxito, a distintos sectores

En primer lugar, la normativa refuerza el poder de policía al Instituto Nacional de Semillas (INASE). De esta manera, ante cualquier pedido de las empresas que consideren que están siendo vulnerados sus derechos de propiedad intelectual, tendrá “acceso a cualquier cultivo o producto de la cosecha en cualquier lugar en que se encuentre”. Además dicho instituto “podrá disponer la toma de muestras en cualquier etapa de la cadena de producción para determinar analíticamente la variedad utilizada y cualquier otro parámetro que resulta de interés a los fines de esta ley”.

En segundo lugar, definitivamente acota la figura del “uso propio”. El proyecto explicita que el titular del derecho de una variedad protegida podrá requerir el pago correspondiente a quien reserve y utilice semilla para su uso propio en cada posterior propagación o multiplicación. Salvo, para el caso de los considerados “agricultores exceptuados”: productores de agricultura familiar inscriptos en la RENAF (Registro Nacional de la Agricultura Familiar), pueblos originarios y quienes se encuentren en los parámetros de facturación que la normativa fija para la categoría de micropyme.

Finalmente, otro de los temas en debate durante todos estos años fue del orden público, que determina si pueden haber o no disposiciones que estén por fuera de la ley. La ley actual no es de orden público y por eso fueron posibles los contratos bilaterales que le permiten a Monsanto cobrar regalías extendidas por la soja Intacta. En el proyecto aprobado sólo se logró que algunos artículos sean de orden público. No es el caso del artículo 27, artículo que sigue haciendo referencia al “uso propio”. Por lo tanto, esto habilita la posibilidad de la existencia de disposiciones que contradigan las excepciones.

Tamara Perelmuter – @tamiperelmuter