Liberan a uno de los genocidas que asesinó a la hija de Estela de Carlotto

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata resolvió darle la excarcelación a Rufino Batalla, uno de los genocidas acusados del crimen de Laura Carlotto. Además su caso fue elegido por la Corte Suprema para fallar sobre el 2×1. Abuelas de Plaza de Mayo apeló la decisión.

Rufino Batalla formó parte desde diciembre de 1976 del Destacamento de Inteligencia 101 de la capital bonaerense y fue destinado como guardia al centro clandestino “La Cacha” en su rol de personal civil de inteligencia (PCI) del Ejército. En ese marco se lo encontró culpable de privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas.

El 24 de octubre de 2014 se lo condenó a 13 años de prisión por 55 secuestros, 71 torturas y por participar en los homicidios de Olga Noemí Casado y Laura Carlotto (hija de la actual presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo).

El ex agente de inteligencia permanecía en prisión pero este lunes el Tribunal Oral Federal 1, con las firmas de los jueces Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Esmoris, dispuso su excarcelación y el mismo martes la Corte Suprema eligió su caso para fallar sobre el 2×1 a represores.

En el año 2014 Abuelas de Plaza de Mayo había pedido que se le asignara una pena mayor pero ese reclamo permaneció en suspenso por parte de la Cámara de Casación, esta medida facilitó la liberación de Batalla tras cumplir dos tercios de su condena. “La demora en Casación no viene desde ahora sino que viene desde hace años, la sentencia de circuito Camps que viene desde el año 2012 tampoco fue resuelto por Casación”, comentó a Notas Emanuel Lovelli, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.

El caso se suma al de otro genocida liberado recientemente por el mismo tribunal, Raúl Ricardo Espinoza, que también estaba implicado en los crímenes realizados en el Centro Clandestino de Detención “La Cacha” que funcionó entre los años 1977 y 1978 ubicada junto a las Unidades 1 y 8 del Penal de Olmos, en las afueras de La Plata.

Estos casos que tuvieron relevancia en último mes marcan una continuidad en el retroceso de políticas en materia de Memoria, Verdad y Justicia que se vienen generando desde el gobierno de Cambiemos y que beneficia a genocidas vinculados a la última dictadura. La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) reveló en un informe que más de mitad de los condenados por delitos de Lesa Humanidad gozaban de arresto domiciliario.

Desde la querella, Abuelas pidió recaratular la condición de “partícipe secundario” de Batalla en los delitos por los que se lo condenó a “coautor” y pidió una cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, el genocida condenado esperara desde su hogar el pedido de aplicación del 2×1 que según publicó el Centro de Información Judicial será el 4 de diciembre cuando el máximo tribunal resolverá sobre este tema. Sus defensores habían solicitado el beneficio en 2017 al TOF 1 de La Plata, después de que la Corte dictó el fallo favorable en ese sentido para el genocida Luis Muiña.