«La ley de semillas no es para protegerlas, es una ley de privatización»

Carlos Vicente, integrante de la Multisectorial no a la nueva Ley Monsanto de Semillas, conversó con “Insurgentes” por Radio Sur 88.3 sobre la reunión convocada por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación junto a otras comisiones para el martes 13 con el fin de avanzar en un dictamen sobre la normativa que cuenta con el aval de la multinacional Monsanto.

– ¿Qué impacto puede tener esta es una noticia que no es tapa de los diarios?

– Gracias por acompañar estas noticias que como decís no son tapa de diarios, pero afectan no solo a la agricultura sino a la alimentación de todos nosotros. Cada hortaliza, fruta, verdura, granos con los que preparamos comida vienen de semillas agrícolas y esas semillas están a punto de tener una avanzada más en su privatización. Ha pasado desapercibido por los grandes medios, solo lo han tratado los suplementos agrícolas con un discurso de que esto es bueno y esto no es así.

– ¿Por qué es importante esta votación? ¿Qué es lo que define?

– Las leyes de semillas, que uno podría pensar que son para proteger las semillas, como la ley de bosques y glaciares que los protegen, no son leyes de protección, son leyes de privatización. Son leyes que en su mayor parte permiten que las empresas tengan derechos de propiedad intelectual sobre las semillas. Algo similar a una patente pero que en este caso se llama derecho de obtentor, que les permite tener un monopolio.

Significa que quien tiene monopolio sobre las semillas puede cobrar regalías sobre ellas y decidir quién puede usarlas y quién no. Esto ya existe en Argentina, se aplica el derecho de obtentor desde el año 1973 pero ahora hay una avanzada en la cual lo que pretenden, y es probable que aprueben en las comisiones, es que quien guarda semillas para volver a sembrar tiene que declarar cuantas semillas guarda y pagar regalías por ellas. Cada año que vuelve a sembrar tiene que pagar regalías y decirle a Monsanto, a Syngenta o a Bayer: «Yo voy a guardar 100 kilos de semillas». Entonces la empresa que sigue siendo dueña de esa semilla a pesar de que alguien la cultivó y multiplicó, cobra regalías por eso. Es un negocio monstruoso, va a afectar el precio de los alimentos y es el control de nuestra alimentación. Ellos deciden que semillas venden, deciden a que precio y además ahora van a poder decidir cuánto hay que pagarles cada temporada por guardar semillas. Parece ciencia ficción, pero es cierto y ya se está aplicando en Uruguay.

– ¿Qué implica que se apruebe esta ley más allá de lo vinculado a la privatización? ¿Quién administraría el pago de las regalías?

– Existe en Argentina el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y existe alrededor del INASE un Consejo Nacional de Semillas (CONASE) que va a administrar aparentemente esos fondos, aunque no conocemos en detalle el proyecto de ley. Es un proyecto que negociaron por fuera de la Cámara de Diputados el Poder Ejecutivo, las empresas, los sojeros y que van a poner sobre la mesa y decir «este es el proyecto consensuado» cuando en realidad hay cinco proyectos.

Nosotros hemos colaborado en un proyecto de organizaciones campesinas e indígenas que se opone a la privatización de las semillas. Pero el proyecto que van a aprobar es un proyecto negociado a espaldas de la Cámara de Diputados y lo que hay es una orden del Ejecutivo para que salga si o si. Se ha ejercido muchísima presión, han logrado revertir la posición de la Federación Agraria Argentina que hasta su cambio de conducción se oponía a la modificación de la ley. Esto implica que la mayor parte de los diputados peronistas, de Cambiemos y massistas van a sacar el proyecto como pide el oficialismo con la intensión de que se trate la semana próxima en la Cámara de Diputados y la otra en Senadores y tener ley antes del 29 de noviembre, momento en que empieza la Cumbre del G-20 en Argentina. Y como buenos sometidos a estos grandes poderes mundiales, Argentina quiere hacer bien los deberes y tener su ley de semillas para ese día.

– ¿Ven posible que esta ley tenga dictamen para aprobarse? ¿Cuál sería la mejor legislación sobre las semillas?

– Nosotros vamos a seguir peleando hasta último momento, estamos convocando este martes a las 15 a movilizarnos frente al anexo de Diputados para poder expresar dentro de la Cámara y también en la calle que es donde finalmente el pueblo se expresa, el rechazo a la modificación de la ley de semillas. Tenemos esperanza de que no salga.

Hay como alternativa un proyecto redactado por organizaciones campesinas e indígenas, que está para el tratamiento en la comisión y es probable que salga como dictamen de minoría así que ahí hay una ley que indica el camino, que es el rechazo a los derechos de propiedad intelectual, el apoyo a la investigación pública sobre semillas nativas y criollas, la participación de las organizaciones campesinas e indígenas en el INASE en el que actualmente no tienen espacio de participación, la consulta a los pueblos originarios que son quienes crearon las semillas nativas y criollas, y que es una de las graves fallas que tiene esta ley que quieren aprobar y que no consultó a organizaciones campesinas e indígenas. En caso de que se apruebe la ley vamos a hacer un reclamo de inconstitucionalidad de la ley porque así lo es.