«Hay más de discurso xenófobo en los medios que lo que pueda suceder en los expedientes»

Lucía Galoppo, abogada de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), dialogó con «Insurgentes» por Radio Sur 88.3 y se refirió a la política de control y exclusión que promueve el gobierno nacional sobre las personas extranjeras.

– ¿Cómo es que se genera esta situación en la que, de un día para el otro, el gobierno quiere deportar a los extranjeros detenidos en la represión en el Congreso?

– No necesariamente se va a derivar en su deportación inmediata, no debería suceder porque este tipo de medidas requieren de un control judicial, de un aseguramiento de que se cumplieron con todas las garantías procesales. Lo que sí se está generando nuevamente es este discurso de criminalización y estigmatización de la población migrante, que no es ninguna novedad ni es casual en este contexto. Está en sintonía con la línea de trabajo que viene teniendo este gobierno en la política migratoria.

– ¿Los detenidos migrantes tienen las mismas causas que el resto de los detenidos?

– Sí, en principio sí. No tenemos conocimientos de los casos particulares, todavía no hemos tomado contacto con estas personas. Pero en líneas generales ingresan por la misma causa que el resto de los detenidos y detenidas. Todavía no tenemos claro cuál va a ser la imputación, ni siquiera hay una imputación concreta sobre estas personas. Probablemente se trate de lesiones o resistencia a la autoridad, las causas que habitualmente suceden luego de marchas y detenciones arbitrarias, en general son estos los delitos que se imputan. Así que la población migrante recibirá la misma imputación y luego continuará el proceso.

– Suponiendo que tengan las mismas imputaciones, ¿cómo sería el proceso para una persona migrante?

– En principio tiene que avanzar la causa penal. La persona tiene que poder ejercer su defensa, se tiene que demostrar la culpabilidad o por lo menos alcanzar un procesamiento para que se active el mecanismo de aplicación de los impedimentos para la permanencia en el país. Por eso es, como mínimo, irresponsable ya estar anunciando la deportación de estas cuatro personas cuando ni siquiera está demostrado que estuvieran participando en los hechos, cuando es evidente que todas las detenciones fueron arbitrarias y se produjeron lejos de las zonas de los disturbios y de los incidentes en la represión. Por lo que posiblemente muchas de esas detenciones no lleguen a una imputación porque no hay sustento.

Y ante esta incertidumbre en la que ni siquiera están claros los hechos que llevaron a esta detención, anunciar la deportación es muy anticipado porque Migraciones no debería aún haber activado el procedimiento de expulsión. El mecanismo dice que una vez que la persona está procesada, Migraciones puede dictar la expulsión del país, que es un acto administrativo donde se le informa a la persona que por tener una causa penal vigente va a ser expulsada del país.

La persona tiene derecho a defenderse de esa expulsión alegando diversas razones que pueden ser de índole familiar, de arraigo, de lo que considere, y luego esto tiene una revisión en sede judicial. No es inmediato, por suerte y porque hay Estado de Derecho, no es Migraciones la que decide unilateralmente sobre la permanencia de las personas en el territorio.

– En el caso de Facundo Jones Huala, ¿este mecanismo se respetó?

– No sabría decirte si se aplicaron todos los principios de derecho en ese caso. Es otra área de trabajo porque estamos ante una extradición, él es «nacional» y está requerido por otro Estado extranjero que tiene otros procedimientos. Y seguramente por como fue tratado el caso estuvo viciado de irregularidades.

Pero también hay un uso de la comunicación que después no necesariamente se traduce en los expedientes. En este caso estamos ante una embestida mediática y comunicacional de querer generar la idea de que estos «extranjeros», como se los llama en los medios, vienen a manifestarse y a generar disturbios solamente para encontrar un culpable a los hechos que no pueden explicar porque implicaría asumir la responsabilidad del sector político. Entonces me parece que hay más de réplica de este discurso xenófobo y criminalizador en los medios que de lo que efectivamente pueda llegar a suceder en los expedientes.

– También habría que analizar a quienes detienen.

– Sí, hay una cierta selectividad, ciertos perfiles propensos a ser detenidos por las fuerzas de seguridad. Respecto de lo que se dijo los dos ciudadanos venezolanos, no hay ningún elemento que permita inferir esto. La población venezolana está creciendo en la Ciudad de Buenos Aires, no necesariamente tienen una vinculación con el gobierno de Nicolás Maduro, y si lo tuvieran tampoco tiene que ver que estén haciendo tareas de inteligencia en la marcha del presupuesto argentino. Es descabellado pero genera un discurso que se puede reproducir y tiene cierto agarre en el sentido común de la sociedad. El ciudadano turco es residente o está tramitando su residencia en la provincia de Córdoba, estaba de casualidad en las inmediaciones de la marcha.

De todas formas, los residentes extranjeros en el país tienen los mismos derechos civiles y políticos, salvo el derecho al voto, que el resto de la población. Pueden participar de todas las manifestaciones que consideren porque es su derecho a manifestarse, no es un delito. Un poco lo que se está buscando es este gesto disciplinador, desalentar las movilizaciones y además generar en la población migrante la idea de que no tienen derecho a manifestarse.