Diputados uruguayos aprobaron la Ley Trans

La Cámara de Diputados uruguaya ratificó la decisión tomada por el Senado y convirtió en Ley el proyecto que establece medidas estructurales para garantizar derechos a las personas transgénero en el país.

Después de diez horas de debate, la iniciativa se aprobó con 62 votos sobre 88 y ahora será el turno del Ejecutivo, quien deberá promulgar la ley y garantizar su cumplimiento. Los votos del Frente Amplio y el Partido Independiente fueron adelantados, pero durante el debate se sumaron algunos sectores del Partido Colorado y del Partido Nacional.

El diputado Gerardo Amarilla, del Partido Nacional, arremetió contra la ley y sostuvo que se financiará desde el Estado «la mutilación de órganos sanos» y agregó que la «hormonización cruzada» afectará la fertilidad de miles de personas. Asimismo aseguró que se pondrá en cuestión el «principio de verdad» porque «no es posible cambiar el sexo biológico» ya que «se es un hombre o una mujer desde antes de nacer más allá de la apariencia física».

Otro detractor fue el colorado Walter Verry quien dijo que el Estado financiará operaciones a quienes «quieren vivir de forma diferente”. Además afirmó que la decisión parlamentaria tendrá consecuencias en un sistema de salud pública que «se cae a pedazos» y el sector privado «está colapsando».

☄HOY ABRAZAMOS NUESTRAS DIFERENCIAS Y CONSTRUIMOS COMUNIDAD☄

Acercate a la explanada del anexo del Palacio Legislativo para la sanción de la Ley Integral Trans.#LeyTransYA

☇Nuestro derecho a SER es URGENTE ☇ pic.twitter.com/zhqs7EOMWC

— LeyTransYa ? (@leytransya) October 18, 2018

La norma establece, entre otros puntos, una reparación económica para las personas trans nacidas antes de diciembre de 1975 que, por causas relacionadas a su identidad de género, hayan sido víctimas de violencia institucional o hayan sido privadas de su libertad. Cabe destacar que durante la dictadura las personas trans eran detenidas tan solo por circular por la calle, por lo cual el Estado hoy busca reparar el daño causado al colectivo. Tras el censo de 2016, se estima que entre 30 y 50 personas, un 3% de las personas trans que viven en el país, percibirán la reparación que ronda los 11.500 pesos uruguayos (alrededor de 350 dólares).

En este punto cabe destacar que quien busque acceder a la reparación, deberá demostrar fehacientemente haber atravesado por estas situaciones. Además, no tendrán derecho a percibir la prestación las y los titulares de una jubilación, pensión, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo que opten por la prestación reparatoria. Tampoco podrán acceder a este beneficio quienes perciban ingresos de cualquier naturaleza superiores a 15 bases de prestaciones y contribuciones mensuales.

Uruguay cuenta con ley de identidad de género desde 2009 pero este marco normativo se restringe al cambio de nombre en el documento de identidad. La ley integral plantea una batería de medidas a partir de las cuales el Estado pretende integrar a las personas trans a todos los ámbitos de los que han sido históricamente excluidas: social, sanitario, educativo, cultural, económico y laboral.

En este último punto, obliga a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a los Gobiernos departamentales, a los entes autónomos y a otras oficinas públicas a destinar, por año, el 1 % de sus puestos de trabajo al colectivo.

Asimismo, la norma establece que «las personas menores de 18 años de edad deberán concurrir a realizar la solicitud de adecuación registral de nombre y sexo acompañadas de sus representantes legales, o acreditando el conocimiento de éstos de la realización del trámite, y, en todo caso, prestando su anuencia expresa al mismo». En caso de no obtener la autorización, el menor podrá recurrir a los artículos del Código Civil y del Código General del Proceso que toman en cuenta «el interés superior del menor».

Por otro lado, deberán desarrollarse alternativas específicas para los casos en que haya dificultades en el acceso o la permanencia de las personas trans en el sistema educativo. Las instituciones educativas deben asegurar que las personas trans no sean excluidas por su identidad y deberán prestar apoyo psicológico, pedagógico, social y económico, en caso de que sea necesario, para que puedan concretar su trayectoria educativa.