Código Procesal Penal de CABA: «La tendencia es hacia el punitivismo»

El pasado 4 de octubre la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó -sin apoyo de la oposición- el nuevo Código cuyo tratamiento acarreó polémicas y protestas contra varios de sus puntos. En diálogo con «Insurgentes» por Radio Sur 88.3, la integrante de la Fundación Vía Libre y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Beatriz Busaniche, analizó la legislación.

– ¿Cómo se vincula el espionaje que denuncian en el nuevo Código con la virtualidad?

– Desde Fundación Vía Libre formamos parte de las organizaciones que nos opusimos a la aprobación del código, junto con el CELS, ACIJ, Poder Ciudadano, INECIP, Asociación de Pensamiento Penal, varias organizaciones. Enviamos una carta, la semana pasada, a la comisión para pedir, en primer lugar, un debate más serio. Esta es una de las quejas principales de la oposición al oficialismo de la Ciudad porque un proyecto de tal magnitud, con tanto impacto en los derechos de la ciudadanía no puede ser tratado a la rápida, como si estuviera todo bien y no hubieran cuestiones que requirieran más profundización en el debate.

Ahora bien, a nosotros nos involucra más uno de los apartados del Código que tenía que ver con la utilización de software que permite tomar control remoto de los dispositivos de los ciudadanos por parte de los organismos que investigan delitos y contravenciones. Y justamente nuestro trabajo tiene que ver con velar por la privacidad de las personas, por los derechos fundamentales, y en este caso se le está dando fuerza legal al uso de tecnologías fuertemente invasivas, que además sirven para plantar pruebas, atentando contra las garantías en un proceso de investigación penal.

Lo tremendo es que se aprobó solo con los votos del bloque «Vamos Juntos», entiendo que también el legislador Abrevaya, que es del GEN, lo votó favorablemente. Lo que afortunadamente logramos retirar del código son todas las medidas especiales de vigilancia que van en el mismo sentido que propuso el oficialismo a nivel nacional. Esto da cuenta de una vocación muy grave en términos de vigilancia, de legalizar la vigilancia extrema, sin garantías, de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires.

– En el caso de que se aprobara este control sobre los dispositivos, ¿cómo funcionaría y a través de qué excusa?

– En caso de que se aprobara, esto se podría aplicar a cualquier persona que estuviese investigada por un delito cualquiera o una contravención, esto es lo que estaba establecido en el proyecto del Código. Funciona de modo tal que, al tomar el control del dispositivo, podrían encender el micrófono sin que te enteres, también prender la cámara, activar la señal del GPS para tener un monitoreo permanente de dónde estás. Imaginate la cantidad de intimidades que podrías perder.

Todo esto, además, sin proporcionalidad, porque este nivel de extremismo debería ser proporcional al tipo de delito que se está investigando. Es materia discutible, pero uno podría decir: «Bueno podría servir para delitos complejos como grandes redes de narcotráfico, trata de personas». Adicionalmente tenés el daño colateral de toda la gente que rodea a la persona investigada, no habían pautas de tratamiento respecto de esto, ni de cuánto tiempo se podía hacer esto. No sé a qué jurista se le ocurre escribir una cosa así y que no le tiemble el pulso, o qué legislador es capaz de defenderlo. Todo esto se habría hecho si no hubiéramos movilizado desde las organizaciones.

– Se sacaron estos tipos de vigilancia pero se incorporó la figura del agente encubierto.

– Esta era otra crítica fuerte del lado de las organizaciones: los agentes encubiertos y el buchón a sueldo, Myriam Bregman habló sobre la legitimación del que tiene un dato y lo vende a la policía, eso que tantas veces hemos visto en las series de televisión. Esto te habilita a poner a un agente encubierto a corroborarlo, que puede incluso, sin garantías procesales, plantarte pruebas. Es un virtual allanamiento, hemos visto decenas de casos de gente de la Federal infiltrados en las organizaciones sociales. ¿Cómo hacés para saber que esa evidencia que apareció no fue plantada? No tenés ningún recaudo para garantizar el debido proceso, es un nivel de gravedad abrumador.

– ¿Hay algún lugar en el que se utilice un Código similar a este?

– La ciudad de Mendoza pasó hace poco un código contravencional que también es fuertemente punitivo, que tiene muchas cosas vinculadas a redes sociales y comunicación en línea. Pero sí, la tendencia es hacia el punitivismo, aquí hay desde hace muchos años una tendencia a legitimar este tipo de medidas. Pero lo que observamos, haciendo un poco de legislación comparada, es que en otros países este tipo de medidas se pueden habilitar pero con grandes restricciones. Es decir, para casos de investigaciones con delitos muy complejos, con una serie de resguardos muy fuertes, no así liviana y abiertamente como se pretende hacer acá. Ese es el asunto central de la cuestión.

– ¿Qué opinión te merece esta manera de impulsar proyectos desde el oficialismo en los que tiran de la soga a ver si pasa?

– Lamentablemente, y gracias al voto de los porteños, esta alianza de Vamos Juntos tiene la capacidad de aprobar este tipo de cosas sin consensuar con la oposición. Lo cual es muy malo para el sistema democrático en la ciudad. Y hay una línea de acción que es punitivista y de férreo control sobre los ciudadanos, que tiende hacia el vaciamiento de los derechos fundamentales de la ciudadanía.