América Latina

27 septiembre, 2018

Nuevo aniversario de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa

Se cumplen cuatro años de la jornada en que desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, México, en un hecho que marcó a fuego al gobierno de Peña Nieto. En medio de un contexto de impunidad y complicidad entre las autoridades mexicanas y el crimen organizado, los familiares de las víctimas continúan firmes en el reclamo de verdad y justicia.

Se cumplen cuatro años de la jornada en que desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, México, en un hecho que marcó a fuego al gobierno de Peña Nieto. En medio de un contexto de impunidad y complicidad entre las autoridades mexicanas y el crimen organizado, los familiares de las víctimas continúan firmes en el reclamo de verdad y justicia.

A principios de 2015, la Procuraduría General de la República emitió su versión sobre los hechos en un documento que se conoció como “verdad histórica”. Según esta hipótesis, los jóvenes fueron secuestrados por policías corruptos y entregados a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes luego los asesinaron incinerados en un basurero ubicado en Cocula.

El propio Peña Nieto respaldó la investigación oficial y convalidó esa versión de los hechos en varias oportunidades: “En lo personal y con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción de que pasó justamente lo que la investigación arrojó”.

No obstante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones forenses refutaron esta versión oficial, y sospechan que el móvil fue un cargamento de droga escondido en el colectivo en el que los estudiantes viajaban para realizar una protesta.

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Jan Jarab, presentó un informe en marzo de este año titulado “Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, en el que refuta la versión oficial.

En dicho documento, Jarab denuncia que la investigación llevada a cabo por las autoridades mexicanas posee un “cuadro manifiesto de irregularidades”. En este sentido, el organismo internacional constató que agentes del gobierno federal aplicaron torturas a 34 de los 129 procesados, como así también la violación de sus garantías constitucionales.

Expertos de la ONU sostienen que el Estado mexicano aún permanece sin dar respuesta a los interrogantes sobre el accionar de las autoridades federales. Uno de los interrogantes que permanecen sin resolver es el análisis de las llamadas de los teléfonos celulares de los desaparecidos, la posible participación de agentes federales en el secuestro, el rol que jugó el Ejército y el vínculo de la desaparición con el tráfico internacional de drogas.

La esperanza puesta en AMLO

El pasado miércoles, Andrés Manuel López Obrador, mandatario recientemente electo y quien asumirá el próximo 1 de diciembre, se reunió en privado con los familiares de las víctimas, a quienes prometió crear una “Comisión para la verdad”.

Luego de la reunión, el líder izquierdista manifestó: “El día 1 de diciembre vamos a emitir un decreto para crear la comisión investigadora y definir todo el procedimiento que vamos a llevar a cabo hasta llegar a la verdad y la justicia”.

Por su parte, María Elena, madre de una de las víctimas, sostuvo: “Para nosotros es un honor que nos haya abierto las puertas, hay una luz de esperanza y apoyo por parte de este presidente electo”.

Leonardo Casciero – @leocasciero

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