«No hay razón para someter al pueblo y agredir sus condiciones de vida»

Claudio Lozano, dirigente de Unidad Popular y economista, dialogó con «Insurgentes» por Radio Sur 88.3 sobre la denuncia, de la que fue uno de los impulsores, contra Mauricio Macri por la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin contar con autorización del Congreso Nacional.

– ¿Cómo se desarrolló esta denuncia penal que llevaron adelante?

– Cuando se planteó la decisión del gobierno de Macri de avanzar en un acuerdo con el FMI en respuesta a la crisis que se estaba viviendo, un espectro muy amplio de las referencias políticas y sociales de la Argentina plantearon sus observaciones, objeciones o visiones negativas respecto a un camino que ya se conoce y no ha dado buenos resultados y, ciertamente, no era el más adecuado para seguir. Pese a esto, en términos políticos hubiera obligado a un gobierno fracasado en su estrategia económica a convocar a una discusión más amplia con el resto de los actores políticos.

El gobierno no cumplió con lo que la Constitución manda que es llevar el acuerdo con el Fondo al parlamento nacional que es la única institución que puede autorizar un endeudamiento como el que se ha tomado con este organismo, esto lo establece la Constitución, no hay lugar a dudas. El gobierno eludió esta obligación formal y avanzó de manera unilateral en un acuerdo cuyos efectos ya están a la vista, no se puede disociar el salto cambiario que ha hundido los ingresos de la población colocando la inflación arriba del 40%, deteriorando el mercado interno con una tasa de interés arriba del 60%, destruyendo el crédito y generando un proceso de derrumbe en la actividad económica argentina.

Todo esto es resultado de la carta de intención firmada con el Fondo, en donde se pide con absoluta claridad un dólar recontra alto, que no haya intervención del Banco Central para que el dólar lo ponga el mercado. Los efectos están a la vista y el modo en que violan los derechos también.

En este marco hicimos la presentación judicial. Primero con un amparo que pide la suspensión de la ejecución del acuerdo, para evitar el daño social que se produce, y una denuncia penal por violación a los deberes de funcionario público y abuso de poder porque el Poder Ejecutivo se atribuyó facultades que no tiene a la hora de llevarnos a comprometer al país en acuerdos de esta naturaleza. El fiscal Jorge Di Lello, hace aproximadamente una semana, se expidió al respecto reconociendo que los argumentos nuestros eran válidos, y consecuentemente le plantea al juez que tiene que avanzar en la investigación penal. Ahora es tarea del juez avanzar en la causa y vamos a tratar de seguir llevando adelante toda la documentación y resultados.

– ¿Cuáles serían las principales consecuencias a las que se enfrentaría la población argentina con respecto a lo que es la meta de déficit cero?

– Básicamente lo que ya se está discutiendo, un presupuesto en el que tenemos una carga de intereses de 15 mil millones de dólares aproximadamente. Cuando al mismo tiempo se está produciendo una caída en términos nominales, ni siquiera en términos reales, sino que se rebaja en un 27% la asignación para obra pública, tenemos 600 mil millones de pesos de intereses y 160 mil millones de obra pública. O sea pagamos cuatro veces los montos que invertimos, obviamente esto implica un recorte de las transferencias a las provincias, el ajuste en el resto del país, reducción de subsidios, aumentos tarifarios.

Esto implica caída de los niveles salariales, recortes a las universidades, todo lo que ya está adelantado, en el presupuesto para el 2019, que está poniendo el gobierno a disposición del FMI. Acá hay un esfuerzo fiscal equivalente a 550 mil millones de pesos que el gobierno pretende hacer para llegar al logro del supuesto déficit cero para el próximo año. Y ese esfuerzo fiscal se le carga, de manera dominante, sobre el conjunto de la población en las partidas sociales, educativas. Todos estos son efectos que violentan los derechos sociales y humanos más elementales, como suele ocurrir con los acuerdos de esta naturaleza, en una situación donde además es totalmente innecesaria.

– Señalaste que al saltar el dólar de $20 a $40, las principales 15 empresas exportadoras tienen una ganancia adicional de 560 mil millones de pesos. La misma cifra de ajuste fiscal para tener déficit cero. ¿Cómo ves esta tensión entre el pedido de retenciones con el campo y, lo que el campo está negando, que no le sea beneficioso?

– Francamente son impresentables los planteos del sector agrario y de aquellos que se quejan por estas retenciones puestas por el gobierno, son retenciones absolutamente «light». Normalmente las retenciones se fijan en términos porcentuales, esta no es una retención así ya que se fijan $4 por dólar para el sector agrario y $3 para el resto. Cuando uno lo fija en estos términos, en la práctica lo que está induciendo es que los exportadores no liquiden para que el dólar suba y los $4 los terminemos pagando nosotros.

En realidad ya con la devaluación vivida, que les saquen $4 por dólar es nada, equivaldría apenas el 10% de un salto cambiario que incrementó la renta exportadora de manera monumental. Si el dólar sigue subiendo y se va a $44 ya no lo pagan ellos, y si se va a $50 ni te digo porque se va licuando, no es un porcentaje, es una suma fija. Es bochornoso el planteo gubernamental, estas retenciones son una chantada, y más bochornosos son aquellos que se quejan de lleno cuando no han hecho otra cosa que capturar renta a lo pavote en desmedro del conjunto de los trabajadores y el conjunto de los sectores populares en el ingreso nacional.

Esto es simplemente una demostración más de que se pueden modificar los mecanismos de transferencia de ingresos, se puede dejar de seguir exfoliando al conjunto de la población, se puede obtener equilibrio en las cuentas públicas sin necesidad de avanzar en estrategias de ajuste de la magnitud que está planteando el gobierno.

– ¿Qué respuesta esperan obtener y cuáles serían los resultados positivos para ustedes de esta medida?

– Primero, es positivo que se discuta y que quede claro que esto no se puede hacer. Obviamente no somos ingenuos, sabemos que no es fácil el Poder Judicial argentino, y esperamos que en este sentido pueda haber espacios para avanzar en una discusión más seria. Pero la discusión más seria, ya sea por vía judicial o política, es frenar el acuerdo, suspender su ejecución y abrir la posibilidad de que en la Argentina se discuta otro rumbo del que se está tomando. Un rumbo que realmente nos plantea una suerte de rescisión y estancamiento permanente de aquí a finales de 2019.

Creemos que no hay ninguna razón para someter al pueblo argentino a una estrategia que agrede sus condiciones de vida, y que efectivamente deberíamos estar capacitados como sociedad para plantear un rumbo económico social y económico diferente.

Así que el objetivo es frenar esto, no solo a nivel judicial sino que también a nivel político con los compañeros de Libres del Sur, del Movimiento Evita, de Patria Grande, de La Dignidad, del Partido del Trabajo y el Pueblo, con los que formamos parte del espacio En Marcha. Pretendemos el próximo 20 de este mes hacer un lanzamiento formal en el parlamento nacional de una consulta popular a la ciudadanía para que repudie este acuerdo y demande la suspensión del mismo.

– ¿Cuál es el rol de los movimientos sociales en este momento tan duro que estamos atravesando?

– En principio, la necesidad de abrir espacios de unidad que permitan resistir y frenar el avance y el atropello sobre los derecho de la sociedad. Y segundo y más importante, ser capaces de lograr una síntesis política que nos permita derrotar a este gobierno y abrirle la puerta a una propuesta que implique no tener que elegir entre el presente y el pasado, sino ser capaces de alimentar una alternativa de futuro para la Argentina.