El «Otro Campo» y un «Semillazo» en contra de la Ley Monsanto

Organizaciones de pequeños productores y productoras rurales se manifestaron frente al Congreso de la Nación en contra del proyecto de Ley de Semillas, impulsada por las multinacionales Monsanto y Bayer. Aseguran que implica un “peligro” para la subsistencia de agricultores familiares y la calidad de los alimentos que consume a diario la población, a raíz del nivel de agrotóxicos utilizados en la siembra.

El texto impulsado por el conglomerado multinacional implica además la eliminación de los derechos a ejercer el uso propio de las semillas y busca cobrar regalías en cada nueva etapa del cultivo, convirtiendo al Instituto Nacional de Semillas en una especie de “custodio” de los derechos. Otro motivo por el cual es rechazado este proyecto se debe a que concentra en pocas manos el patentamiento de la siembra.

“Exigimos que el Estado deje de impulsar el agronegocio, la aplicación de agrotóxicos y abandone el control de nuestra agricultura”, manifestaron desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Rama Rural.

Además, solicitaron que se les brinde lugar en órganos institucionales, estatales y comunitarios para arbitrar la producción agrícola, de manera que se protejan los derechos de pequeños productores, y se declare la “invalidez de condiciones abusivas en la compra de semillas”.

La rama rural de la CTEP frente al Congreso para decirle NO a la Ley Monsanto que intenta controlar y destruir las costumbres milenarias de nuestro pueblo. Las semillas son sagradas ¡NO a la privatización de la vida! pic.twitter.com/1Wrqce0UUB

— Juan Grabois (@JuanGrabois) September 5, 2018

Desde el MTE advirtieron que no existían consensos entre los sectores del agro para sancionar dicha ley en el Congreso, cuyos artículos reflejaban las “imposiciones de Monsanto”, que impluca “el poder de la concentración de unos pocos sobre decenas de miles de actores de la actividad agraria sin que nadie proteja ni equipare los derechos de los más débiles”.

A su vez, desmintieron que fuera necesaria una nueva ley para “garantizar la investigación y la recuperación de las inversiones para las empresas biotecnológicas”, argumento esgrimido desde las corporaciones agroindustriales.

“Pretendemos que se mantenga el uso propio [de las semillas] como derecho del agricultor, un marco específico para la agricultura familiar, y definiciones de semillas nativas y criollas para resguardarlas”, concluyeron.

Durante el mediodía, representantes de distintas organizaciones participaron de una audiencia pública en la Cámara de Diputados de la Nación para discutir las demandas de lo que llaman “el otro campo”, en referencia al sector que no se encuentra alineado a las pretensiones de las entidades agrarias que conforman la denominada Mesa de Enlace.