5 septiembre, 2018
Efecto devaluación: provincias piden que se declare la emergencia alimentaria
Titulares de las carteras de Desarrollo Social de seis provincias elaboraron un diagnóstico sobre la situación económica y social que se vive en Argentina a raíz de la crisis económica, a partir del cual solicitan la declaración de la emergencia alimentaria. Esto se suma a lo que reclaman hace más de un año los movimientos sociales cuando presentaron un proyecto de ley que permanece cajoneado en el Congreso de la Nación.

Titulares de las carteras de Desarrollo Social de seis provincias elaboraron un diagnóstico sobre la situación económica y social que se vive en Argentina a raíz de la crisis económica, a partir del cual solicitan la declaración de la emergencia alimentaria. Esto se suma a lo que reclaman hace más de un año los movimientos sociales cuando presentaron un proyecto de ley que permanece cajoneado en el Congreso de la Nación.
Compuesta por funcionarios de Tucumán, La Rioja, San Juan, Santa Cruz y La Pampa, la “Liga de ministros” de la mencionada área, manifestó su preocupación sobre la asignación presupuestaria destinada a áreas sociales, fundamentalmente en Seguridad Alimentaria.
“Se solicita que el Congreso de la Nación y el Ejecutivo Nacional sancionen y promulguen, respectivamente, la Emergencia Alimentaria Nacional”, sentenció el documento elaborado por el grupo de funcionarios.
A la vez, pidieron la “actualización y sostenibilidad de los programas de transferencia monetaria para la protección y subsistencia de millones de familias vulnerables”.
La liga de ministros convocó a figuras del ámbito académico como Adriana Clemente, del Centro de Estudios de Ciudad de la UBA; Agustín Salvia, del Observatorio de la Deuda Social de la UCA; y Matías Barroetaveña, del Centro de Estudios Metropolitanos de la UMET, entre otros, a una exposición crítica de la situación económica y social en la que se encuentra el país.
El consenso del encuentro manifestó la “preocupación por el ajuste que viene impulsando el gobierno nacional que recae, sobre todo y con más impacto, en los sectores más vulnerables de la población”, mientras que sus carteras eran las que, principalmente, recibían la demanda social en cada una de las provincias.
A 1.000 días del gobierno de Macri matan a un chico por pedir para comer. Basta de ajuste, basta de represión, declaración de la emergencia alimentaria, aumento de los cupos en los comedores escolares. pic.twitter.com/XTN77pcECb
— Roberto Baradel (@RobiBaradel) September 4, 2018
El ajuste devaluatorio después del alza del dólar que provocó uno de los mayores debilitamientos de la moneda nacional en los últimos años profundizó la crisis y la emergencia de los sectores populares, a quienes se les hacía “imposible poder comprar alimentos suficientes como para no pasar hambre”, señaló Barroetaveña.
Además, sostuvo que la clase media había tenido que “reducir porciones de comida y han eliminado de su canasta cualquier gasto que no sea alimentación o pago servicios”.
Otro de los presentes fue el diputado nacional por el Frente Renovador, Daniel Arroyo, quien alertó sobre el incremento de las deudas personales destinadas a la compra de alimentos; mientras que las responsabilidades nacionales por el trazado económico (achique del gasto social, aumentos tarifarios, etc) son transferidas a provincias y municipios pero sin los recursos necesarios para contener la demanda.
“No son los ministerios de Desarrollo Social los que ‘resuelven’ estas situaciones, sino los modelos económicos los que redundan e impactan verdaderamente en la cotidianeidad de los argentinos”, finalizó el documento.
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