Las mujeres que encabezaron la audiencia migrante

El 30 de enero de 2017 el gobierno de Cambiemos firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017. “Esta modificación a la ley migratoria afectó la vida de los más de dos millones de migrantes en la Argentina; ampliando los requisitos e impedimentos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país; acelerando los trámites de expulsión; reduciendo las garantías de defensa de los migrantes; vulnerando el derecho a defensa; eliminando la unidad familiar como condición para evitar la expulsión e igualando migración a delito”, explicaron las diversas organizaciones migrantes en la Argentina que conforman la Campaña «Migrar no es delito». Y agregaron que el decreto “no es ni urgente ni necesario, ya que desconoce el aporte económico y político de quienes migramos”.

Frente a eso el viernes 24 de agosto más de 30 organizaciones que componen la Campaña llenaron la sala 1 del Anexo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación en una Audiencia Pública convocada para debatir sobre el DNU 70/2017 y otras iniciativas legislativas que buscan recortar derechos en la salud, educación, el acceso al DNI y otras medidas «antimigrantes».

La apertura de la sesión, convocada por diputadas y diputados del Frente de Izquierda, estuvo a cargo de Romina del Plá (Partido Obrero) y contó con la participación de legisladores del Frente Para la Victoria y del Movimiento Evita. Sindicalistas, abogados, abogadas y especialistas de distintas disciplinas se acercaron también a debatir por más de dos horas sobre la persecución que viven los y las migrantes en nuestro país en los últimos tiempos.

Pero fue cuando hablaron ellas que la sesión tomó fuerza y se llenó de lucha: ellas, las mujeres migrantes, protagonistas de esta pelea contra las políticas discriminatorias y xenófobas del gobierno nacional. Ellas, con sus pañuelos verdes atados (en las mesas, en los cuellos, en las muñecas), naranjas y fucsias como memoria de que los derechos se luchan y se defienden.

La ronda, como siempre, la empezó el pañuelo blanco, cuando a la distancia el saludo afectuoso y sororo de Elia Epstein de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora se hizo presente. En la sesión, la siguió Zulema Montero, abogada, presidenta de la Asociación Civil y Cultural Yanapacuna, que advirtió con voz quebradiza que estaba sensible y emocionada y le costaba hablar.

Pero el llanto no la detuvo: «Es un retroceso total en Derechos Humanos. Estamos volviendo a lo que era la práctica con la Ley Videla del gobierno de facto. Hay mucha vulneración en educación, salud, en todo ámbito. Las expulsiones se están dando, las familias se están disgregando”. Y agregó: “Están garantizados nuestros derechos en la Constitución Política del Estado en el artículo 14. No estamos reclamando por reclamar”. “Nuevamente somos chivos expiatorios para tapar la mala política económica del gobierno”, concluyó.

La siguió en el uso de la palabra Delia Colque Quilla del Centro Cooperativo Autogestivo Textil Juana Vilca que expuso la situación laboral migrante desde su experiencia de vida: “Soy una trabajadora migrante más. Vine a la Argentina en el año 2005 escapando no sólo de la situación económica de mi país, de Bolivia, sino también escapando de la violencia de género que es de lo que muchas de nosotras las mujeres terminamos escapando, por mejores condiciones de vida”.

Explicó que, en Argentina “la gran mayoría» terminan «precarizados, superexplotados y trabajando en condiciones infrahumanas». «En mi caso llegué a trabajar en una fábrica textil, donde lamentablemente, como en muchos otros trabajos en blanco que nos cuesta tanto conseguir, también nos terminan despidiendo a varios de los trabajadores migrantes que nos hemos tratado de organizar y luchar contra toda esta explotación que se da incluso en estos trabajos en blanco. No tienes la posibilidad ni de tomar agua, ni de ir al baño”, denunció.

Finalmente relató su incorporación en la cooperativa donde “está costando mucho vivir el día a día». «Nos han caído muchas inspecciones del gobierno para hacernos recordar que nosotros no tenemos que recibir en la cooperativa gente indocumentada porque si recibimos, nos clausuran a nosotros también”, dijo.

Con su pelo rosa chicle, Patricia Ramos, traductora y vocera de Reina Maraz, describió el proceso de violencia institucional que sufrió. “Reina Maraz es una mujer pobre, migrante, que en su momento tuvo un marido violento y, por ser quechua parlante fue metida presa. Porque su marido apareció muerto y, por no saber ella el castellano le adjudicaron el caso de haber matado a su marido».

«En el juicio, lo único que entendió fue su nombre y con la cabeza dijo que sí. Así fue como quedó presa”, contó. En relación al DNU señaló que vienen «hablando con todos los compañeros» que vienen a este país que no es fácil volver. «No es fácil desenterrar todo lo que ya habíamos enterrado aquí, nuestras raíces”, concluyó.

Sandra Carreño del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), pañuelo verde al cuello, alzó su voz para denunciar que “desde que empezó la militarización en los barrios, están parando a los jóvenes migrantes, preguntando de qué nacionalidad son, qué es lo que hacen acá y de qué están trabajando. Y eso es muy grave». Cerró su intervención con una cita del “compañero” Evo Morales invitando a construir “una ciudadanía universal, un mundo sin fronteras”.

A su lado Dina Sánchez, también del FPDS, también con pañuelo verde al cuello, habló de la importancia de la organización social en las experiencias migratorias. «Yo creo que acá todos y todas coincidimos que dejar nuestro país no es fácil. Muchas veces estamos en un país ajeno, lejos de nuestras familias, atravesando situaciones y son las organizaciones donde pertenecemos, que vienen y nos tienden un brazo y sentimos que es nuestra familia”, remarcó.

Vigorosa, continuó denunciando la persecución: “En estos últimos meses, el odio y la xenofobia impulsados por este gobierno crecieron a la par del hambre y la pobreza”. Y arriesgó: “Este gobierno nos ataca a muchas de nosotras porque somos mujeres las que levantamos la voz, porque somos mujeres las que exigimos que se reconozcan nuestros derechos. Entonces lo que no le gusta a este gobierno machista es que la mujer le diga ‘No, basta’”.

“También le dejamos en claro a este gobierno que las mujeres pobres y migrantes no nos callamos más. No bajamos más la cabeza, vamos a levantar la voz. Con sus ataques xenófobos lo único que logró es que estemos más organizadas, más juntas y con más fuerza para salir a la calle”, cerró.

El próximo 4 de setiembre estas mujeres se reunirán con muchas otras y otros migrantes en el segundo Paro Nacional Migrante para reclamar lo que les corresponde: el derecho a vivir mejor. Por la anulación definitiva del DNU 70/2017, el cese de las persecuciones y la garantía del acceso a la educación, salud, trabajo y vivienda digna. En definitiva, por una vida libre de discriminación.

Lucía Mazzotta