Nacionales

16 agosto, 2018

Un código penal a medida del gobierno: inseguridad, corrupción, aborto y protesta

El próximo martes, Mauricio Macri presentará el anteproyecto de reforma del Código Penal, a discutir por el Congreso de la Nación durante los próximos meses. Según el titular de la comisión que escribió el texto, Mariano Borinsky, significará una “notable mejora en materia de seguridad, previsibilidad económica e inserción internacional”.

El próximo martes, Mauricio Macri presentará el anteproyecto de reforma del Código Penal, a discutir por el Congreso de la Nación durante los próximos meses. Según el titular de la comisión que escribió el texto, Mariano Borinsky, significará una “notable mejora en materia de seguridad, previsibilidad económica e inserción internacional”.

La propuesta, enmarcada en el programa Justicia 2020 a cargo del ministro Germán Garavano, “tiene como objetivo reducir los índices delictivos, mejorar la economía y lograr la igualdad entre todos los habitantes de la República Argentina, a través de la efectiva aplicación de la ley penal y la transparencia”.

Como ya se había adelantado, uno de los puntos que el texto propone es la despenalización de la mujer en caso de abortar, en tanto sea eximida por un juez luego de relevar las causales del hecho.

El debate sobre esta modificación se dará en un contexto de agitación del movimiento de mujeres que en los últimos días denunció dos casos de muertes por abortos clandestinos y responsabilizó al Senado de la Nación por votar en contra de la iniciativa que legalizaba la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)

Por otro lado, en medio del show mediático y el desfile de empresarios “arrepentidos” por la “causa de los cuadernos”, el proyecto establece un aumento de 4 a 12 años en penas para casos de corrupción, sobornos transnacionales o enriquecimiento ilícito.

Además, en lo que refiere a delitos menores, se establecen aumentos de penas para homicidios viales, tenencia y portación ilegal de armas, y para casos vinculados al narcotráfico. En cuanto a robos plantea como agravante la utilización de motocicletas por parte de quienes los cometen.

Otro punto polémico es el que impone la introducción de penas para quienes ejerzan el derecho a huelga y realicen protestas callejeras. Como si protestar fuera sólo arrojar piedras, la propuesta establece hasta dos años de prisión para quienes tiren elementos que pudieran provocar “lesiones o muertes”, número que se eleva a tres cuando vayan en dirección a miembros de las fuerzas de seguridad.

Finalmente, incluye la jurisprudencia de la Corte Suprema en el fallo “Arriola”, mediante el cual no es punible la tenencia de estupefacientes para uso personal en el ámbito privado.

Así las cosas, la propuesta oficial para reformar la ley penal parece estar a la medida de las necesidades del gobierno nacional, y atiende ciertas “urgencias” que se replican día a día en los grandes medios: inseguridad, aborto, corrupción y protesta social.

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