Colapso en cárceles bonaerenses y su impacto en la población más vulnerable

En los establecimientos carcelarios de la provincia de Buenos Aires las mujeres y personas trans, en su mayoría pobres, son víctimas de un sistema de crueldad que tiene como política de Estado su abandono y vulneración de derechos. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) relevó estadísticas correspondientes al año 2017 que resultan escalofriantes: desidia sanitaria, educativa y encarcelamiento de mujeres embarazadas que refuerzan la violencia y la desigualdad de géneros.

“El sistema de la crueldad XXI” es un informe anual presentado por la CPM sobre lugares de encierro, políticas de seguridad y niñez en la provincia de Buenos Aires. La semana pasada el organismo dio a conocer a la sociedad el relevamiento sobre violaciones a los derechos humanos en los penales y cárceles que están a cargo de la gobernadora María Eugenia Vidal.

Como resultado de 30 inspecciones a las unidades penales N° 33 de Los Hornos (La Plata), N° 40 de Lomas de Zamora, N° 4 de Bahía Blanca, N° 3 de Ezeiza, N° 45 de Melchor Romero, N° 32 de Florencio Varela, el Instituto Cerrado Ferraro de Merlo y la Comisaría Villa Alsina, se pudieron detectar vulneraciones a derechos básicos ejercidas por los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), funcionarios del gobierno y del Poder Judicial.

Por un lado, la distancia existente entre el penal y los lugares de origen de las detenidas impide el contacto con su grupo familiar, sobre todo quienes tienen hijos bajo el cuidado de terceras personas. En paralelo, retrata el informe, conviven bajo una deteriorada arquitectura penitenciaria y padecen la falta de atención sanitaria y de ofertas educativas y laborales que ayuden a la resocialización. Muy por el contrario, la falta de políticas direccionadas a este fin agudizan la violencia y la desigualdad de género.

En este sentido, el organismo sostiene que las condiciones de privación de libertad en mujeres y trans daban cuenta de que “la ley penal y el poder patriarcal refuerzan la dominación y subordinación del varón sobre las identidades feminizadas”. Por este motivo, aclara que dichos padecimientos impactaban “de manera diferencial y con mayor violencia” en este sector que en varones.

En la provincia existen 62 instituciones carcelarias contando unidades penales y alcaldías. Cinco de ellas son exclusivas para mujeres, mientras que nueve son de varones con anexos femeninos. Según datos de 2017 son 1.346 las mujeres privadas de su libertad, lo que representa un 4,3% del total de personas detenidas. La estadística creció abismalmente entre 2002 y 2017: el porcentaje de mujeres presas aumentó un 197,6% frente al 57% de la población total, lo que año a año representa un aumento del 8,31%.

Prisión preventiva: pirueta judicial para mostrar «respuestas»

A partir de datos obtenidos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) correspondientes a 2016, se observa que de 1.218 mujeres privadas de su libertad, 706 (58%) permanecían sin condena firme. Del total, el 47,4% llevaba hasta un año detenida en esta situación, el 52,6% más de un año, y el 14% más de tres (plazo máximo establecido por ley).

Mayormente, los delitos que se les imputan refieren a tenencia y tráfico de estupefacientes (31%), y a hurtos, robos y otros delitos contra la propiedad (28,2%). Es decir, delitos considerados menores y con penas bajas.

Pero los porcentajes no deben impedir visualizar el padecimiento subterráneo dentro de los penales: falta de contacto con sus abogados defensores y jueces a cuya disposición se encuentran ellas y sus hijos; además de ausencia de información sobre el estado de sus causas, dilación de procesos y la invisibilidad de la violencia institucional y de género sufrida durante el proceso de privación de su libertad.

De este modo, el informe califica de “excesivo” el uso de prisión preventiva en delitos menores, mientras que el índice de estos encarcelamientos se arrima al 60,4% en diciembre de 2017, superando en un 10% al de los varones procesados.

Pobres y femeninas

“Estas mujeres en su mayoría son pobres, desempleadas o con empleos precarios, que han recibido escasa educación formal y muchas veces son jefas de hogar”, indica la presentación de la CPM.

De acuerdo a los datos del SNEEP, el 68,2% de las detenidas se encontraba desempleada al momento de su detención, mientras que un 20,7% tenía un trabajo de tiempo parcial. “Lejos de revertir estas realidades, las instituciones de encierro reproducen las desigualdades y estructuras dominantes que perpetúan las violencias sobre las mujeres”, señala.

A su vez, a la “carencia generalizada” de programas educativos y laborales, se suma que cuando existen ofertas de este tipo, “refuerzan los imaginarios culturales” que vincula a las mujeres a labores domésticas, limpieza, peluquería y cocina. “Se refuerza una mirada patriarcal que no permite pensar a la mujer en relación con el mercado laboral, que no considera sus capacidades, intereses o conocimientos previos por fuera de dichas tareas”.

Estos datos comprueban la dura realidad que atraviesan las personas privadas de su libertad, en particular mujeres y trans. Además, «expresan la situación de colapso sostenido de un sistema que genera padecimiento y carencia a quienes somete, y menoscaba la oportunidad de superar vidas signadas por la violencia», argumenta el informe.

Marcos Lede Mendoza – @ledemendoza_m