«No sólo el aborto legal no va a perjudicar las finanzas públicas sino que las puede mejorar»

Agostina Costantino, economista del Espacio Feminista de la Sociedad de Economía Crítica analizó, en diálogo con «Insurgentes» por Radio Sur 88.3, los costos del sistema de salud y la práctica de los abortos.

– ¿Cuales son los costos del sistema de salud en la práctica de abortos?

– El miércoles ganó la propuesta del aborto clandestino con muchos argumentos falaces. Intentamos a lo largo de todos estos meses poner en discusión, se insistió mucho en la falta de tiempo de discusión, por eso no entiendo a que se refieren cuando en los últimos meses de lo único que estamos hablando es de esto. Uno de los argumentos que se escuchó en la sesión del Senado y que por ejemplo utilizo el senador José Mayans, fue el de cómo se iban a comprometer las finanzas provinciales si esta ley salía adelante. Recordemos, es el senador por la provincia de Formosa, la provincia con más embarazo de niñas entre 10 y 14 años de todo el país y este señor votó a favor del aborto clandestino.

En ese sentido uno de los argumentos de los auto denominados «pro vida» para oponerse a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina fue el aumento del gasto público que esta práctica le insumiría al Estado. Decían «vamos a tener que destinar los quirófanos a las mujeres que tengan que abortar y no a los niños que tengan gripe».

Esta repentina preocupación por las finanzas públicas se observa en la parva de números y cálculos de dudosa fuente que han circulado por los medios durante estos meses. Según los datos publicados en el informe que elaboró Profesionales de Ciencias Económicas a favor de la vida, el costo de cada aborto si el Estado se hiciera cargo de ellos de manera legal sería de ocho mil pesos por cada intervención.

Aclaro que en ningún momento este grupo aclara la fuente ni la metodología del cálculo por el cual llegaron a ese monto. Su argumento es que si se estiman una cantidad de abortos anuales entre 400 mil y 500 mil, el gasto público se elevaría de manera considerable restando fondos para otras prácticas consideradas más deseables o moralmente irreprochables. Insisto, el informe no aclara las fuentes pero aún dando por ciertos estos cálculos, el argumento es falaz pues la comparación de los escenarios no es aborto legal versus inexistencia de abortos.

– ¿Cuál es el costo actual para el Estado manteniendo el aborto en la clandestindad?

– Esto también es algo en lo que se viene insistiendo durante todos estos meses, la comparación es aborto legal versus aborto clandestino. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, el costo actual de las intervenciones por complicaciones derivadas de aborto clandestino es de 11.500 pesos por intervención. Este costo se eleva más si aumenta la gravedad de la intervención, anualmente se calcula que hay unas 70.200 internaciones derivadas por complicaciones por aborto clandestinos, con lo cual el costo actual que el Estado tiene es de más de 800 millones de pesos anuales aproximadamente.

Estos son datos del Ministerio de Salud de la gestión actual, si el aborto se realiza en condiciones seguras se reducen las complicaciones de 70.200 a 1445 por año. El gasto derivado de las intervenciones se reduciría a algo como 16 millones de pesos. Si el aborto se realiza con misoprostol, que se recomienda realizarlo en el hogar, en este caso no hay gasto de internación, no se le va a quitar el quirófano ni la habitación a nadie en el hospital. Si fuera el Estado quien produce el misoprostol los gastos caerían todavía más.

Orlando Llanos, el director de Salud Sexual de la provincia de Santa Fe, estima que el laboratorio estatal podría producir la pastilla en un 80% más barato que el precio actual, con lo cual caerían más los costos.

– ¿Están las estadísticas de los países en que el aborto es legal?

– Si, si a los cálculos anteriores le sumamos que según los estudios de casos internacionales con la legalización, disminuye la cantidad de abortos realizados, los números hablan de 46 a 27 por cada 1000 mujeres de 15 a 44 años, entonces caería todavía más el costo asociados a los abortos.

Hay que sumarle que la legalización del aborto elimina un negocio ilegal que es el negocio de abortos clandestinos. Según el titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, el costo promedio del aborto en una clínica clandestina hoy en Argentina es de 30.000 pesos.

– ¿Quiénes pueden abortar en las condiciones actuales de manera clandestina?

– Según un informe de dos compañeras del Espacio Feminista de la Sociedad de Economía Crítica, Belén Paz y Guadalupe Carracedo, el porcentaje de mujeres que trabajan remuneradamente o que buscan trabajo sobre el total de la población femenina es del 39%. De todas las mujeres en Argentina, el 39% trabaja remuneradamente o busca trabajo remunerado.

El resto, más del 60% se dedica a tareas de cuidado no remunerado y de las que trabajan con remuneración, el salario promedio mensual al año pasado era de 9011 pesos. Estos bajos salarios se explican porque las mujeres por lo general se insertan en actividades que son poco valoradas socialmente como la educación, las tareas de cuidados, etc.

Así como los empleos peor remunerados son los más feminizados, también la pobreza en el país está altamente feminizada. Del total de población con menores ingresos, de la gente más pobre en el país, el 70% son mujeres. Es por eso que son muy pocas las que hoy en día pueden costear una intervención segura de manera clandestina. El resto de ellas, como sabemos, acude a soluciones inseguras que terminan en intervenciones hospitalarias por complicaciones e incluso en la muerte.

Entonces no, no sólo el aborto legal no va a perjudicar las finanzas públicas sino que las puede mejorar al mismo tiempo que muchas mujeres pobres van a poder acceder a un aborto seguro sin que su vida corra peligro. Sigamos luchando porque sea ley y que más temprano que tarde esta ley salga.

– ¿Hay algo que podamos hacer en materia legal o económica para subsanar al menos esto hasta que pueda aprobarse?

– El grupo de diputadas llamadas «sororas», las que impulsaron este proyecto de ley, al otro día de sancionada la media sanción empezaron a hablar de trabajar en un proyecto de un sistema nacional de cuidados. Esto se refiere a un sistema de protección por parte del Estado, por medio del cual a través de distintas herramientas se ayude al cuidado de niños y adultos mayores, de manera de quitarle esa doble jornada laboral que tenemos la mayoría de las mujeres en el país y que impide que accedamos a empleos mejor remunerados o en mejores condiciones.

Una alternativa es trabajar por un proyecto por un sistema nacional de cuidados, que el Estado cubra a través de guarderías, jardines maternales, de distintas herramientas que existen en otros países. En Uruguay hay un Sistema Nacional de Cuidados implementado desde el Estado.