Una nueva batalla por la salud en el subte

Durante la madrugada del último martes trabajadores integrantes de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) impidieron el traslado compulsivo por parte de la empresa Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) de dos vagones CAF 5000 desde el taller Rancagua, ubicado el barrio de la Chacarita a un predio del Grupo Clarín por parte de una empresa privada.

Estos trenes son los sindicados por el metro de Madrid, y según indican los propios manuales técnicos, como contenedores de elementos compuestos con fibras de amianto y que ya en dicha ciudad han provocado al menos seis casos de cáncer por amiantosis, con el saldo de al menos una víctima mortal. Esto provocó un escándalo político en España y el inicio de un proceso de desamiantado valuado en 140 millones de euros.

Esas noticias motivaron las denuncias de la AGTSyP sobre la potencial presencia de este material cancerígeno en las formaciones que funcionaron -hasta la aparición de las denuncias- en el subte de Buenos Aires.

El amianto o asbesto es un material prohibido desde hace ya casi 20 años, lo que incluye restricciones a la comercialización de elementos que lo contengan así como un procedimiento para la manipulación y disposición final en el cual interviene la agencia de protección ambiental (APRA) donde, sostienen los representantes de los trabajadores, las empresas del subte deberían estar registradas.

Como explicó el Secretario General de la AGTSyP, Roberto Pianelli: «Si pretenden llevarse los trenes de manera unilateral, nosotros no descartamos tomar medidas de fuerza y autodefensa. Exigimos que Metrovías y SBASE examinen las piezas y luego que los compañeros sean enviados a realizarse los estudios específicos de manera regular, porque la asbestosis puede tardar décadas en manifestarse en el cuerpo de los que manipularon las piezas”.

La crítica situación de la línea B

El proceso de compra e importación de estos trenes españoles, como se señala desde el sindicato y diferentes portales, está cargado de controversias; no sólo por los costos económicos para las arcas de la Ciudad, sino también por el manejo de estas formaciones que en el propio manual presentan indicaciones de materiales con amianto. Este hecho se encuentra reñido con las reglamentaciones locales e internacionales. Sin embargo, a sabiendas del riesgo para la salud pública que esto supone, las autoridades de la Ciudad de entonces, entre quienes se encuentra el actual presidente de la nación, Mauricio Macri, decidieron traer y poner en funcionamiento estos coches en la línea B porteña.

Estas dos series de trenes españoles están señaladas como las peores compras realizadas por SBASE, la empresa de la Ciudad que tiene a su cargo la administración, expansión y control del servicio. La inversión necesaria para poner los coches en funcionamiento y transformar la línea B, según la estimación del portal especializado enelsubte.com, tuvo un costo similar a la compra de toda una flota 0 km y el impacto de esta operación tiene como correlato una inminente crisis con el material rodante en esa línea.

Ahora, la cuestión es que SBASE, a pesar de negar la presencia de asbestos en las formaciones de la red, ha contratado una empresa para analizar estos trenes alojados en el taller de la línea B. Se trata de la firma Dicon Medioambiental, especialista en el manejo de asbestos y registrada como tratadora de materiales peligrosos en el APRA.

Desde los trabajadores y trabajadoras se teme que la verdadera intención detrás de esta maniobra, “es que se destruyan las pruebas materiales de la presencia de materiales cancerígenos”, tal como señaló Pianelli. Por eso, se exige la intervención del sindicato e instituciones públicas en todo el proceso de la producción de las pruebas y la cadena de custodia.

Es imposible garantizar la fiabilidad de los análisis si son realizados por una empresa privada, contratada por la patronal, en un predio que es propiedad de uno de los grupos más favorecidos por el gobierno actual.

Más allá de la línea roja

Ahora bien, no sólo existe la presunción por la experiencia española respecto a la presencia de fibras de asbesto en los trenes. Análisis realizados en los laboratorios de la Universidad Nacional del Sur, a pedido de la AGTSyP, han demostrado que en al menos tres trenes de otras tres líneas hay presencia de este material cancerígeno: en los viejos Mitsubishi de la línea B -la más comprometida con este problema-, los Nagoya de la línea C y los viejos General Electric de la línea E. Todos ellos cuentan presencia probada de dicho material en distintas partes del tren.

Del mismo modo, se ha verificado su presencia en otros ámbitos de trabajo como los frenos de las escaleras mecánicas de la línea E y el techo del cuarto de descanso de la línea Premetro.

A pesar de las pruebas materiales, el Gobierno de la Ciudad y la empresa Metrovías niegan persistentemente la presencia de asbestos en la red de subte y se desligan de sus responsabilidades con la salud pública: de los usuarios y usuarias y de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, en una actitud claramente contradictoria, realizan maniobras para desprenderse de las formaciones señaladas y destruir así las pruebas materiales.

En síntesis, los trabajadores y trabajadoras movilizadas exigen la participación del sindicato y de instituciones públicas en la investigación sobre la presencia de amianto, y de verificarse la presunción, solicitan la elaboración de protocolos para retirar esos materiales del subte. Asimismo, exigen el cuidado y control médico de los trabajadores y trabajadoras potencialmente afectadas.