Liliana Herrera, la joven santiagueña que murió a causa de un aborto clandestino

A días de la sesión en la que la Cámara de Senadores deberá decidir si la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) pasará a ser una práctica legal, en Santiago del Estero una joven de 22 años perdió su vida el sábado a la noche tras someterse a un aborto clandestino.

Liliana Herrera, madre de dos hijos, llegó el viernes a la guardia del Hospital Regional de la provincia norteña con una infección generalizada. “Le hicieron una histerectomía (extracción de útero), sufrió varios paros cardiorespiratorios y la pasaron a terapia intensiva, donde murió”, sostuvo Teresa Santillán, médica de una unidad primaria de atención e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Se trata del tercer caso registrado en ese establecimiento sanitario y el segundo durante 2018. A fines de febrero, María Campos, de 37 años, madre de cinco mujeres y un varón, llegó de urgencia luego de haber recurrido a un aborto clandestino. Al igual que Herrera, pertenecía a una familia pobre.

Santiago del Estero se ubica cuarto en las estadísticas sobre embarazo adolescente: dos de cada diez nacimientos corresponden a mujeres menores de 20 años. Ocho de cada diez respondieron post parto que el embarazo no fue intencional, de acuerdo a datos provenientes del Sistema Informativo Perinatal.

Frente a esta realidad, por ahora una mayoría de senadores y senadoras plantean votar en contra de la IVE, entre ellos, tres de Santiago del Estero: Blanca Porcel de Riccobelli y Ada Itúrrez de Cappellini, por el Frente Cívico, y Gerardo Montenegro, del Bloque Frente Popular.

“No logramos que el Ministerio de Salud apruebe el protocolo para la atención de abortos no punibles, ni la aplicación de la educación sexual integral en las escuelas, y la Iglesia presiona fuertemente sobre funcionarios y legisladores”, explicó Cecilia Canevari, integrante de la campaña, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE).

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Si bien la educación sexual está establecida por ley, en las escuelas de la provincia gobernada durante tres mandatos consecutivos por el radical Gerardo Zamora, la formación religiosa se cuela con aval oficial, como aquel acto escolar durante el 9 de julio de este año en la que niños y niñas marcharon a paso militar con el pañuelo celeste de la campaña «Salvemos las Dos Vidas» colgado en sus cuellos.

Interpelar a los convencidos

A dos días de la histórica sesión que definirá si el aborto pasa a ser una práctica legal, las organizaciones que defienden el derecho a decidir de cada mujer intentarán hablar con los senadores de la provincia y mostrarles el caso y, en general, sobre la situación que viven las mujeres en Santiago del Estero.

“Queremos poder hablar con el senador Montenegro, que tenía sus dudas y tratar de que con este caso vea lo que está pasando. Ya se juntaron con los ‘antiderechos’, nosotros también queremos hablar”, señaló Teresa Santillán.

Por su parte, Canevari alertó: “Los datos sanitarios son una vergüenza, no tenemos siquiera el protocolo de FAL. Santiago es una provincia en donde el miedo es la norma impuesta por quienes están en el gobierno desde hace muchas décadas”.

Tanto Montenegro, como Itúrrez de Cappellini y Porcel de Riccobelli, justificaron su voto contra la IVE bajo el argumento de que la vida comenzaba en el concepción.

Itúrrez sostuvo que tenía fundamentos ideológicos, científicos “y principalmente religiosos” para votar en contra. Por su parte, la senadora Porcel reconoció que comprendía la idea de que “criminalizar a la mujer no soluciona la problemática”, pero que existían “muchas instancias de educación y acompañamiento que se pueden llevar adelante desde el Estado, antes de llegar a legalizar el cercenamiento de la vida del niño por nacer”, según contó al medio local Nuevo Diario Web.