«Es tremendo pensar que estamos siendo gobernados por una asociación ilícita, pero es así»

Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, dialogó con FM La Patriada sobre la reforma del rol de las Fuerzas Armadas mediante el decreto emitido por el presidente Mauricio Macri.

– ¿Cómo ve en términos legales el decreto del presidente?

– Es inconstitucional categóricamente, hemos comunicado a través de una nota de opinión nuestro pensamiento al respecto. Evidentemente está claro que la Constitución, artículo 75, inciso 27, que regula las atribuciones del Congreso, plantea que tiene la potestad de dictar las normas para el funcionamiento y organización de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz y en tiempo de guerra. El decreto, emitido por Macri es un decreto simple y comete otras dos infracciones constitucionales.

– ¿No es un decreto de necesidad y urgencia?

– No, y creo que no lo hicieron por decreto de necesidad y urgencia por un lado porque está en funcionamiento el Congreso y nada impide que se envié un proyecto de ley para modificar la legislación vigente. La otra razón es que si lo hacen como decreto de necesidad y urgencia, obligadamente tienen que enviarlo al Congreso para que ejerza su potestad revisora.

Además de esto creo que el enfoque legal correcto tiene que emplear el primer párrafo del artículo 99 inciso tercero de la Constitución, que si bien se refiere a los decretos de necesidad y urgencia, se aplica para todos los decretos y dice que bajo pena de nulidad absoluta insanable el poder Ejecutivo Nacional no podrá emitir disposiciones legislativas. Yo creo que esto también es una orientación a los legisladores que han presentado proyectos. En el sentido que no se trata de derogar el decreto, hay que anularlo, porque se trata de una norma emanada de una autoridad incompetente en la materia.

Esto es también un señalamiento de deber de obediencia en la supremacía en la Constitución nacional descalificando todo ejercicio apropiatorio o usurpativo por parte del Poder Ejecutivo de las facultades que le competen al Congreso de la Nación.

– ¿El decreto presidencial simple modifica leyes como las de defensa nacional y seguridad interior?

– Modifica efectivamente al poner en situación de intervención. Intervención bajo forma de inteligencia, prevención y/o represión está interviniendo en territorio de la nación, no frente a un enemigo externo, un ataque estatal de otro país sino que está interviniendo frente al pueblo de la nación.

– El gobierno lo que dice es que se está modificando la concepción que tenemos o cierto rol pero en términos formales no modificamos ninguna ley.

– Este es el subterfugio, decir que si no modifica ninguna ley entonces no tiene que dictar nada. Si todo estaba bien, entonces para que ir por vía de un decreto para introducir algo.

Esto lleva a algo que es muy habitual en este gobierno que es generar una situación de anomia, porque no se sabe qué es lo que queda vigente en definitiva, si las leyes de la nación que tienen garantía superior o este decreto que es el que ellos van a implementar siempre que el Congreso no actúe con urgencia y con la entereza institucional que va a tener que emplear para anularlo, que es lo que corresponde. Lo mismo sucedió, cambiando la materia con ese decreto de necesidad y urgencia que se dictó en enero, el decreto ómnibus, que después se transformo en proyecto de ley, que en definitiva no todo lo que esta en los tres proyectos de ley es lo que decía el decreto. Pero el decreto no se anuló, ergo no se sabe lo que está vigente y que es lo que no está vigente. Y esto determina una situación de anomia muy peligrosa porque estamos hablando de materias en este caso la seguridad nacional, el empleo de las Fuerzas Armadas que bueno, en esto nos va la vida, la libertad y la integridad física y psíquica de ser humano.

– ¿Por qué te parece que el gobierno ahora toma esta decisión? ¿Cuál es el objetivo?

– El objetivo es atemorizar al pueblo, ejercer una fuerza represiva brutal en caso de protesta, desencanto o indignación y creo que el pueblo argentino esta insuflado de desencantado, de indignación, de protesta porque ha fracasado inocultablemente el plan económico. Y junto con ese fracaso del plan económico hay un derrumbe institucional que ya se anunció desde la primeras medidas del gobierno de Mauricio Macri.

Esta perdida de calidad en el Estado de Derecho lleva a que sostengamos, y yo creo que con firmeza dogmática, que estamos en situación de excepcionalidad institucional. Hay un poder que avasalla las potestades, el Poder Legislativo y que somete al Poder Judicial. Esto es una experiencia inédita para la Argentina de la forma que está operando. No proviene de un golpe de Estado clásico pero una vez instalado en el poder arremete no solamente con el bienestar el pueblo de la nación sino contra la institucionalidad argentina, y esto es muy grave.

– ¿Qué opina de toda la situación que se está dando en la provincia de Buenos Aires con los aportantes falsos y esta denuncia sobre robo de identidad, falsificación de firmas, lavado de activos que vincula directamente a Vidal?

– Yo creo que es una situación gravisima porque es un conjunto de figuras penales que están concursando ahí. Hay falsedad ideológica del instrumento público, hay uso de instrumento público falso a conciencia de su falsedad, me parece que se configura una asociación ilícita porque esto no se puede cometer si no es mediante una organización porque nadie aisladamente puede llevar adelante una campaña de esta naturaleza y de esta masividad de aportes falsos.

Y además está el tema del origen de los fondos. Si no son aquellos que aparece y que ya han dicho que no son, bueno ¿quién puso el dinero entonces? esta es una hipótesis arquetípica de lavado de dinero, severamente penada y es tremendo pensar que estamos siendo gobernados por una asociación ilícita pero es así.