Obediencia debida

Por Angel Orellana, Ernesto Zaz e Inti Constanzo. Macri anunció la modificación, por decreto, de una estructura legal (tres leyes y un decreto) que constituye uno de los pilares fundamentales desde la recuperación democrática y que ordena el rol de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en la seguridad interior. El ejército, la armada y la aviación estaban hasta ahora, abocadas a la defensa del país frente a posibles ataques de terceros Estados.

Ese consenso político no fue gratuito; luego de siete años de dictadura militar, 30 mil compañeros y compañeras habían sido muertas y/o desaparecidas, en su gran mayoría integrantes de la clase trabajadora, en manos de militares y policías con una activa participación de una parte de la sociedad civil.

Hoy, el gobierno de Cambiemos se encuentra ante la necesidad de aplicar políticas económicas y sociales de fuerte ajuste al bolsillo, impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte de las condiciones para el desarrollo del préstamo “stand-by“ acordado. Estas medidas difícilmente puedan ser llevadas a cabo democráticamente y con el éxito que esperan los de arriba, debido principalmente al grado de organización social, política y sindical con la que cuenta nuestro pueblo trabajador. Por eso el gobierno saca la resolución por decreto, esquivando el debate en el Congreso. Porque sabe que al igual que con el ajuste a los y las jubiladas la respuesta popular en las calles sería contundente.

Esa organización de los y las de abajo es la que explica, en parte, la dificultad de la coalición gobernante para construir una hegemonía política estable y duradera.

El paso que está dando el Gobierno en materia de involucramiento de las FF.AA. en seguridad interior es osado, ningún gobierno desde el año 1983 se animó a tanto. En nuestro país los militares, producto de la memoria construida y sostenida incansablemente por nuestras madres y abuelas, están marcados a fuego por los crímenes atroces contra las y los que luchan por una vida digna, cuyos episodios recientes (Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, entre otros y otras) no hacen más que reforzar el recelo frente a ellos y su accionar, que hoy como ayer “cumplen órdenes”.

La ausencia de integración de los militares a la vida democrática, un paradigma educativo de las fuerzas del orden orientado a la represión, conjuntamente con una política social de ajuste, un cuadro económico depresivo, un discurso público legitimador (la ministra Patricia Bullrich con la «doctrina Chocobar» o de nuevo, en los casos de Maldonado y Rafael Nahuel) y un sedimento minoritario pero presente de la sociedad civil que reivindican los crímenes de lesa humanidad, se combinan explosivamente.

Ilegítima e inconstitucionalmente se les da autoridad y mando, a través de argumentos vagos, ambiguos, abiertos, como combatir el “terrorismo”, el “narcotráfico” y la defensa de “objetivos estratégicos”. Es la doctrina que EE.UU. conjuntamente con el FMI, en este caso, quieren imponer en todo el continente. Los resultados están a la vista: Colombia, Brasil, México son ejemplos del desastre que implica la intervención de los militares para los derechos sociales e incluso para las libertades civiles. Es además, un negocio millonario para el complejo industrial-militar estadounidense.

Serán “terroristas” y “narcotraficantes” los pueblos originarios que luchan por sus tierras, la clase trabajadora que defiende sus condiciones laborales en gremios, los y las inmigrantes, los y las militantes de partidos políticos, movimientos sociales, el movimiento feminista, etc.

No esperemos, además, un cumplimiento racional de las FF.AA., es decir, basta con que el gobierno les instruya quienes son terroristas, narcotraficantes o cuáles son los objetivos estratégicos para que la violencia estatal se desencadene.

Este avance directo sobre la protesta social pondrá a prueba la capacidad de respuesta no sólo de la calle, sino de todo el aparato político y su capacidad de articulación. De fracasar la resistencia a la medida, las FF.AA. volverán a cumplir órdenes. Están entrenados para eliminar al enemigo, preparados para no pensar.

Los militares no saben hacer seguridad. Es esperable el aumento del número de enfrentamientos, de controles, de persecuciones, de represiones a los sectores más vulnerables y, sobre todo, de muertes y encarcelamientos para los y las que luchan.

Ante semejante situación, se vuelve cada vez más urgente un amplio marco de unidad para enfrentar este retroceso en la vida democrática argentina. La única certeza que nos queda es la convicción de que mientras haya lucha, habrá esperanzas de un futuro mejor.