La nueva Constitución de Cuba o como formalizar los cambios de las últimas dos décadas

Por Santiago Mayor. El pasado fin de semana la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó un anteproyecto de nueva carta magna. El texto será sometido a consulta popular y debate entre agosto y noviembre para volver al Parlamento y finalmente ser aprobado o rechazado en un referéndum popular.

Mucho se ha dicho en estos días sobre esta iniciativa que, en realidad, se viene trabajando desde hace varios años a través de una comisión redactora encabezada por Raúl Castro, presidente del Consejo de Ministros desde 2008 y hasta abril pasado cuando asumió en su lugar Miguel Díaz-Canel. Se habla de una apertura al capitalismo al estilo chino o vietnamita, también se ha criticado por mantener lo que algunos califican como un sistema autoritario.

Lejos de esas posiciones, la nueva Constitución cubana simplemente busca formalizar e institucionalizar los cambios políticos, económicos y sociales que se vienen dando en la isla desde hace, por lo menos, 20 años. El derecho siempre corre de atrás las transformaciones de cada sociedad y cada país y esta vez no es la excepción.

Socialismo y tipos de propiedad

Con gran sorpresa medios como Infobae, El País o La Nación destacaron que el texto reconoce ahora la propiedad privada, el mercado y la inversión extranjera.

Sobre esta última se suele ignorar que fue reglamentada por primera vez en el Decreto-Ley No. 50, “Sobre asociación económica entre entidades cubanas y extranjeras”, en 1982. Luego hubo una ley aprobada al respecto en 1995 y otra que la reemplazó en 2014. Es decir que la inversión extranjera en la isla existe, legalmente, desde hace 36 años.

De acuerdo a la normativa actual se garantiza la posibilidad de invertir en todos los sectores de la economía cubana a excepción de la salud, la educación y el sector militar (salvo sus instituciones empresariales).

En relación al mercado, si algo ha impedido que la mayor de las antillas se inserte en la economía mundial ha sido el bloqueo comercial de los EE.UU. que ha atentado no solo contra la población cubana, sino contra las reglas que establece la propia Organización Mundial de Comercio. Nuevamente, nada novedoso en este punto.

Finalmente, respecto a la propiedad privada la propuesta de los diputados y diputadas lo que hace es dar caracter constitucional a los nuevos lineamientos económicos aprobados por el Partido Comunista cubano en su VI Congreso de 2012 y que se vienen aplicando desde entonces. La existencia de cooperativas agropecuarias data de hace varias décadas, y en los últimos años se añadieron las figuras de cooperativas no agropecuarias y el cuentapropismo.

Es decir que la propiedad privada ya existe hace mucho tiempo. La nueva Carta Magna buscará darle estatus legal definitivo. Sin embargo mantendrá, como hasta ahora, la «propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción» y la planificación como componente principal de dirección económica. Además destaca a la empresa estatal como «sujeto principal de la economía nacional».

Por último, algo que fue motivo de titulares a nivel mundial: ya no se habla de avanzar «hacia la sociedad comunista» como plantea la Constitución vigente y solo se menciona el «socialismo». Al margen de la polisemia y los extensos debates teóricos que han atravesado a ambos conceptos a lo largo de la historia, resulta quizás lo menos relevante del texto que no pasa de ser un mero cambio de nomenclatura para un sistema que, como se mencionaba, no va a tener ninguna modificación sustancial en relación a lo que viene siendo (para bien y para mal) en las últimas dos décadas.

Vale destacar que se ratifica la «irrevocabilidad» del socialismo y el sistema político, social y económico vigente.

El camino hacia el matrimonio igualitario

Cuba es uno de los países más avanzados en relación a los derechos de las mujeres y personas LGBT. El aborto era legal desde antes de la revolución de 1959 y pasó a ser seguro y gratuito desde 1965. Desde 1979 se despenalizó la práctica de la homosexualidad (dos años antes que Francia y otros países occidentales) y desde 2008 las cirugías de cambio de sexo son completamente gratuitas.

Sin embargo, es cierto que una de sus principales deudas está relacionada con la legalización del matrimonio igualitario. En ese sentido, si bien la nueva Ley Fundamental no lo llama de esa manera, en su artículo 68 modificó la redacción anterior que hablaba de la unión de un varón y una mujer para reemplazarla por «la unión voluntaria consensuada entre dos personas con aptitud legal para ello”.

Mariela Castro, hija de Raúl y de Vilma Espín (fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas) y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) celebró este cambio y recordó que fue su madre la primera en proponerlo en 1974. De haber sido aprobado en aquel entonces Cuba hubiera sido el primer país del mundo en legalizarlo.

Cambios a nivel gubernamental

Entre las modificaciones a nivel de la estructura de Gobierno se busca crear las figuras de presidente y vicepresidente, escindidas de la de primer ministro que estará al frente del Consejo de Estado. Todos esos cargos serán escogidos por la Asamblea Nacional que continuará como el órgano supremo del Estado.

Además se establece un límite de dos mandatos de cinco años para el presidente. El Consejo de Ministros mantiene su condición de máximo órgano ejecutivo y administrativo y constituye el Gobierno de la República.

El debate democrático

Como toda transformación profunda en Cuba, el proceso lleva su tiempo y se realizarán los debates necesarios para que sea consensuado por la mayoría de la población. Es por eso que entre el 13 de agosto al 15 de noviembre, el anteproyecto votado por la Asamblea Nacional será puesto en discusión en toda la isla para hacer modificaciones y agregados.

Luego volverá a manos de los diputados y diputadas que le darán tratamiento definitivo y, una vez aprobado, será sometido a un referéndum para ser finalmente aprobado o no.

Quizás quien mejor explicó esta lógica fue Ricardo Alarcón, ex canciller y ex presidente de la Asamblea Nacional, que en 1998 analizó como fueron las reformas que debió afrontar Cuba a principios de esa década tras la caída de la Unión Soviética y el desplome de su economía nacional. “No eran pocos quienes en el extranjero nos criticaban por una supuesta ‘inacción’ frente a la magnitud de los desafíos que encaraba nuestra economía», recordó.

Y con contundencia añadió: «Al parecer, la frecuencia con que en el mundo se deciden centralmente, por un grupo reducido de personas y con cierta rapidez, ‘paquetes de medidas’ que afectan la vida de millones, dificultaba percibir lo elemental: en una sociedad democrática, ese tipo de decisiones tiene que reflejar el más sólido consenso y él sólo puede resultar de la más amplia discusión, con la participación de todos”.

@SantiMayor