Panorama Caribeño: aumento de tarifas y protestas en Panamá

El Panorama Caribeño de Notas – Periodismo Popular es una tentativa de descolonizar la mirada y volverla sobre la región más invisibilizada y desconocida de nuestro propio continente. Hoy con noticias de Panamá, Caricom y República Dominicana.

Aumento de tarifas y protestas en Panamá

La semana pasada estuvo signada por protestas en Panamá, causadas por el aumento en la tarifa de energía eléctrica decretada por el Gobierno nacional y que pasará a ser cobrada por la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA), de capitales y gestión 100% estatal.

Organizaciones sociales, consumidores y empresarios denunciaron que los incrementos se deben a la mala gestión y al retraso de la construcción de una línea de transmisión de energía. El proyecto fue adjudicado a la compañía Odebrecht en el año 2013 y se inauguró recién a fines de octubre de 2017, con algunas restricciones de capacidad por falta de equipos en las subestaciones.

Debido a la demora y a las variaciones que el proyecto sufrió durante esos cuatro años, ETESA pagará un sobrecosto que trasladará a las tarifas de la ciudadanía panameña. La suba en los precios entrará en vigencia este mismo mes y será de un 8,4% para quienes consuman más de 300 kilovatios por hora.

Es en este marco que, desde el lunes, los panameños y panameñas inundaron las calles con consignas contra el presidente y la empresa de energía. Reclamaron en la sede de la Autoridad de los Servicios Públicos de Panamá (ASEP) de la capital, pero también en distintas ciudades a lo largo del país.

Las movilizaciones fueron protagonizadas por distintos sectores de la sociedad, principalmente estudiantes y empresarios nacionales, quienes verán sus costos directamente afectados por el alza. Asimismo, se sumaron sindicatos y personas autoconvocadas debido a que las consecuencias se verán reflejadas en los precios de todos los productos y servicios.

Las protestas se sostuvieron durante varios días en un auténtico clima de rebelión popular, lo que fue respondido con represión de parte de las fuerzas de seguridad. Aunque el presidente Juan Carlos Varela no ha retrocedido en la medida, reconoció la existencia de una crisis social y dejó abierta la posibilidad de que el Poder Ejecutivo y el Legislativo evalúen “si hay el espacio fiscal posible para que el Estado o el Gobierno asuma el aumento por seis meses”.

A excepción de Bahamas, países caribeños avanzan en la implementación de un mercado común

Durante los días 5 y 6 de julio se llevó a cabo en Jamaica la 39° reunión ordinaria de la Conferencia de jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom). Quince son los Estados integrantes: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Granada, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago; y cinco sus miembros asociados: Anguila, Bermuda, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán y las Islas Turcos y Caicos.

La reunión hizo foco en la implementación de la Economía y Mercado Común de la Caricom (CMSE, por su sigla en inglés), consistente en el acuerdo en torno a la libre circulación de mercancías y ciudadanos entre los países miembros. También se abordaron otros temas de agenda relacionados con el desarrollo económico y social de la región, el cambio climático y la seguridad.

El primer ministro bahameño, Hubert Minnis, fue el único mandatario que se negó a formar parte del CSME. “Las Bahamas no es ni será parte del CSME. No permitirá la libre circulación de personas dentro de nuestras fronteras”, expresó. Y agregó: “Aquí en Bahamas tenemos nuestras reglas, nuestras leyes y seguirán aplicándose, por lo que no somos ni seremos parte del CSME”.

Minnis explicó que las razones del rechazo tienen que ver con la gran cantidad de migrantes -especialmente provenientes de Haití- en el país, que escapan de la difícil situación que atraviesa la nación vecina. El primer ministro opinó que la libre circulación de personas podría representar una amenaza para el trabajo y la seguridad del pueblo bahameño.

República Dominicana debate la despenalización del aborto

Son tan sólo cinco los países en el mundo donde la interrupción voluntaria del embarazo es penalizada bajo cualquier circunstancia y establecen penas de cárcel para quienes la practiquen. Uno de ellos es República Dominicana. Los otros: Malta, El Salvador, Nicaragua y Ciudad del Vaticano.

El Código Penal dominicano data del año 1844 y prohíbe toda forma de aborto, aún cuando esté en riesgo la vida de la mujer o el feto. Sin embargo, según distintos informes, alrededor del 75% de la población está de acuerdo con su despenalización en casos de riesgo de vida o salud de la persona gestante, cuando el embarazo no sea viable (72% a 76%, según el estudio) o bien cuando sea producto de violación o incesto (67% a 71%).

En ese contexto el pasado domingo 15 de julio, más de 80 organizaciones sociales convocaron a una gran Caminata por la Vida, Salud y Dignidad de las Mujeres, a la que se sumaron miles de personas autoconvocadas. Pidieron la despenalización por las tres causales mencionadas y llevaron pañuelos de color turquesa, que se constituyeron en símbolo del reclamo: “La mezcla del verde esperanza y el azul, color usado para representar la salud, sintetiza la lucha histórica de las mujeres por tener legislaciones que las protejan y creen las condiciones para garantizarles una vida más digna”, expresaron.

La movilización se inició en la sede del Colegio Médico Dominicano en la ciudad de Santo Domingo y finalizó en las puertas del Congreso Nacional, donde se realizó un acto con lectura de un documento. Éste hacía explícita la realidad dominicana que indica que son miles las mujeres que interrumpen sus embarazos de manera clandestina y en condiciones insalubres.

Además, referentes de organizaciones afirmaron que las mujeres negras y pobres son las que más mueren por abortos inseguros, mientras que las que pueden hacerlo viajan al exterior con “aviones ambulancia” que pueden costear y se practican abortos en condiciones legales y seguras en países que sí lo permiten.

Leticia Garziglia – @letigarziglia