Carta a Lagarde: «A excepción del gobierno, no hay quien apoye este acuerdo»

La oposición política al gobierno de Mauricio Macri, con casi asistencia perfecta, envió una carta a la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, en la que desconocieron el acuerdo con Argentina y pidieron que los términos y condiciones sean discutidos en el Congreso. “Es rechazado por la mayoría de la sociedad”, resaltaron.

La lista de firmantes empieza por el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; y continúa con Juan Carlos Schmid y Héctor Daer del triunvirato de la Confederación del Trabajo (CGT); el jurista Eugenio Raúl Zaffaroni; “Taty” Almeida, de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora; Milagro Sala y su abogada Elizabeth Gómez Alcorta; entre otras referencias del sindicalismo y los derechos humanos.

También participaron de la misiva el bloque de diputados de Unidad Ciudadana; algunos del Frente Renovador, como Felipe Solá; dirigentes de movimientos sociales como Patria Grande y Ciudad Futura; el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich; y la lista sigue.

“A excepción del gobierno, no hay quien apoye este acuerdo”, manifiesta el texto enviado a Lagarde y agrega que el propio presidente se había comprometido “explícitamente” a «no solicitar ningún préstamo ni a firmar un acuerdo con el FMI”. Dicho esto, la oposición le recordó a la abogada francesa que el acuerdo con la entidad que dirige se trata de una decisión violatoria de los compromisos asumidos por el actual Gobierno.

Esta es la carta que elevamos al directorio del FMI: https://t.co/mWrrDZj3rH. Fue firmada por un arco de referentes sociales, sindicales, ambientales, indígenas, campesinos, religiosos, políticos, estudiantiles, artísticos, científicos, académicos, etc.

— Juan Grabois (@JuanGrabois) July 17, 2018

Artistas, dirigentes estudiantiles y religiosos, también se sumaron a la carta que no olvidó “el desastroso papel jugado por el FMI» a lo largo de la historia y pusieron en cuestión la legitimidad del acuerdo. Sucede que, según el artículo 75 de la Constitución Nacional, “corresponde al Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”.

Por su parte, explicaron que Macri “desoyó este reclamo y se negó a someterlo al Congreso, que sin duda lo rechazaría”, mientras que tampoco accedió a “aplicar otros mecanismos participativos como la consulta popular o referéndum frente a una decisión de vital trascendencia para el futuro de nuestro país”.

¿Préstamo para qué?

Quienes firmaron objetaron el uso que hará el gobierno de los créditos concedidos en el acuerdo “stand by de alto acceso”. En un hecho que marca la pauta del rechazo al endeudamiento responsabilizaron a Lagarde por el “desfalco que se realiza con fondos del empréstito en favor de grupos financiero-especulativos privilegiados y en las desastrosas consecuencias sociales que traerá este acuerdo, en particular para los sectores más empobrecidos”.

Señalaron que diariamente se estaban “rifando” entre 100 y 150 millones de dólares mediante el “cuestionable” mecanismo de subastas al que accedían empresas financieras que se encargaban de comprar dólares y “luego provocan su suba para aumentar su rentabilidad”.

"El propósito de esta comunicación es informarle que dicho acuerdo es rechazado por la mayoría de la sociedad argentina, la oposición política mayoritaria y casi la totalidad de las organizaciones sociales y políticas del país". Carta a Lagarde ??https://t.co/XBOMRnlO1a

— Wado de Pedro ?? (@wadodecorrido) July 17, 2018

Por caso, desde que asumió Macri, en 32 meses aumentó la deuda pública en términos netos más de 80 mil millones de dólares, ocupando el 69,8% del PBI, según expuso a legisladores el secretario de Finanzas, Santiago Bausili.

“Pusieron al país en una situación de alto riesgo, según sostiene el propio FMI”, planteó el amplio abanico de organizaciones, dirigencia política, sindical y artistas, que recordaron que bajo la administración de Cambiemos, Argentina ha sido el país que más deuda emitió en los últimos años.

Finalmente, consideraron a la nueva deuda como “odiosa y execrable”, y prometieron bregar para que los compromisos a los que se inscribió el Estado argentino sean sujetos a revisión de la justicia y el parlamento. Además, le solicitaron a Lagarde que le transmita al Directorio del FMI que el acuerdo con el Ejecutivo nacional no cuenta con legitimidad jurídica, política, ni social; que los fondos comprometidos se utilizarán de manera “claramente fraudulenta”; y que el programa económico impuesto por el organismo “producirá una catástrofe social”.