La deuda subió más que los sueldos en el sector público en lo que va del año

En el primer semestre el Estado nacional gastó más en intereses de deuda pública que en remuneraciones o en la compra de bienes y servicios para el funcionamiento de la administración. En la comparación con el mismo período del año pasado, aumentaron el doble que los salarios.

Según un estudio realizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), durante los primeros cinco meses de 2018, la gestión de Mauricio Macri destinó 145.371 millones de pesos para pagar intereses de deuda, más que los 115.211 millones destinados al pago de sueldos. Esto representa un 58,3% contra un 22,6% en la relación interanual, o sea en los mismos meses que en 2017.

La velocidad con la que crecen estos intereses es el doble que las jubilaciones, pensiones y otras asignaciones del sistema de Seguridad Social. Si en 2017 el Estado destinaba a estas áreas cuatro pesos por cada uno que gastaba en intereses de deuda, este año la relación se achicó y es de 3 a 1.

El peso de los intereses en el Presupuesto nacional es consecuencia del incremento del financiamiento externo, método elegido por el gobierno para mantener la baja de retenciones al campo, impidiendo el ingreso de dinero a la caja del Estado desde los sectores más concentrados de la economía.

Según la Secretaría de Finanzas, ahora dependiente del Ministerio de Hacienda, la deuda pública con la que el gobierno de Macri comenzó su gestión era de 240 mil millones de dólares, y escaló a 321 mil millones a diciembre de 2017. Esto sin contar las emisiones de bonos realizadas a comienzos de 2018, ni el préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Se conoció la letra chica con el Fondo

El organismo internacional que dirige Christine Lagarde publicó el viernes su Staff Report, una evaluación sobre la economía argentina. En el documento, el equipo técnico del FMI reiteró la intención oficial de vender los activos financieros que nutren el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses, y se le sumó la solicitud de ofertar tierras fiscales.

Con la difusión de esta “letra chica” se conocieron detalles hasta ahora ocultos. Entre los principales objetivos fiscales, el programa asumido por el gobierno con el Fondo incluye mayor reducción de los “ineficientes” subsidios a la energía y el transporte; recorte del empleo público y congelación de contrataciones en la administración nacional; demorar la implementación de la reforma tributaria a 2020, postergando la reducción de aportes patronales; recortar un 15% el gasto en bienes y servicios; bajar las transferencias a las provincias en 1,2 puntos del PBI para 2019; y finalmente, mantener el impuesto promedio a las exportaciones de soja.

Este último punto tiene su resistencia por el sector agroexportador, que continúa oponiéndose a que le cobren impuestos. “Hay una puja neta de poder entre los que no quieren hacer el ajuste donde hay que hacerlo, que es en el gasto público innecesario, y los sectores productivos”, salió a responder el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pellegrina.

El sucesor de Luis Miguel Etchevehere al frente de la institución pidió “señales claras” al Ejecutivo, y esgrimió que lo peor que podía pasarle a su sector era que les “cambien las señales en el medio de la cosecha”. De no pasar esta medida pautada en el acuerdo con el FMI, se estima que la recaudación estatal perderá 8 mil millones de pesos.