Suman 123 los líderes sociales asesinados en Colombia en 2018

Este jueves el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la organización Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria dieron a conocer un informe que sostiene que el asesinato de militantes sociales y de Derechos Humanos no se ha detenido en el país sudamericano a pesar del acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla.

La cifra asciende a 123 líderes y lideresas sociales muertas en lo que va del año. El 80% eran integrantes de organizaciones campesinas, étnicas y juntas de Acción Comunal. A su vez en el 83% de los casos se dieron en el marco de conflictos por la tenencia de la tierra y/o los recursos naturales, mientras que apenas el 13% estuvieron vínculados al cultivo de coca, despejando así la idea de que la violencia está relacionada con el negocio del tráfico de drogas.

Un caso emblemático es el crimen de Hugo Albeiro George Pérez, de 47 años, y Luis Alberto Torres, de 35, en el departamento de Antioquia. Ambos fueron asesinados con apenas seis días de diferencia y los dos luchaban contra la represa hidroeléctrica HidroItuango, la más grande de la historia de Colombia. Ni la Policía, ni la Justicia tiene información sobre los posibles responsables.

Los datos resultan alarmantes considerando que, de acuerdo al Indepaz, en 2016 -año en que se firmó el acuerdo de paz- se registraron 117 casos, mientras que en 2017 la cifra fue de 170. De continuar esta tendencia, 2018 podría ser aún peor. De acuerdo a los autores del relevamiento esto es «una expresión del déficit crónico del Estado”.

Que el mundo lo sepa: van más de 100. #NosEstánMatando #ParenYa

Música original: Molo Díaz pic.twitter.com/jIOBM3rsza

— ¡PACIFISTA! (@Pacifistacol) July 11, 2018

Al respecto la activista y directora de la Corporación Región, Marta Villa, señaló a RT en Español el factor que implica el vacío dejado por la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no fue ocupado por el Estado y está en pugna entre otros actores armados.

«La mayor parte de la violencia en Colombia sigue estando ligada a los reclamos de tierra», sostuvo Villa y explicó que «muchos de los líderes sociales asesinados tenían procesos jurídicos avanzados en temas de restitución, avanzaban en consultas populares para la implementación de proyectos de desarrollo social o pertenecían a organizaciones que se oponían a megaproyectos en sus zonas. Son reclamos que existían mucho antes de la firma del acuerdo».

Por su parte la Comisión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió un comunicado la semana pasada en el que rechazó de plano esta situación. El texto resalta la «grave preocupación con relación al patrón persistente de violencia que deja sin efecto el cumplimiento del Acuerdo de Paz para la población de los territorios».

El presidente saliente, Juan Manuel Santos, repudió los asesinatos y convocó una Comisión Nacional de Garantías para investigar los hechos y «actuar con toda contundencia contra quienes atacan a los líderes sociales».

Sin embargo, las expectativas al respecto son escasas ya que el nuevo presidente, Iván Duque, ganó las elecciones señalando que hay que modificar el acuerdo de paz logrado con las FARC. Además, su principal mentor es el senador y ex presidente Álvaro Uribie, quien fue el principal vocero del rechazo a dicha negociación durante el tiempo que se llevó a cabo en La Habana, Cuba.