Avanza la persecución judicial contra Rafael Correa

La jueza de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador, Daniella Camacho, ordenó la semana pasada la prisión preventiva contra el expresidente de ese país en el marco de la investigación por el caso Balda. Desde Bélgica donde reside junto a su familia, Correa denunció un “complot” orquestado por el gobierno de Lenín Moreno.

A pesar de que Correa había cumplido con el pedido del fiscal Paul Pérez de presentarse en el consulado ecuatoriano en Bruselas para prestar declaración sobre la causa judicial, la jueza Camacho consideró que incumplió con la cautelar que ella misma dispuso el pasado 18 de junio y que lo obligaba a comparecer cada 15 días ante la CNJ en Quito.

Además del dictamen de prisión preventiva, la jueza Camacho elevó un pedido de alerta roja a Policía Internacional (Interpol) para que el ex mandatario sea localizado, capturado y extraditado a su país.

“Una monstruosidad así –por la extradición– jamás prosperará en un Estado de Derecho como Bélgica”, sostuvo Correa en un video en redes sociales, donde además agradeció por todas las muestras de solidaridad ante un “nuevo y grave atropello a la justicia» y sus derechos. “No se preocupen por mí, preocúpense por el país que lo están destrozando”, agregó.

En esta misma línea, en diálogo con la agencia AFP, el economista consideró que se trata de un “complot” del cual forma parte el actual presidente Moreno: “Él está atrás de todo esto, de la judicialización de la política. Él mismo dijo que no perdía las esperanzas de verme preso”.

El hecho generó masivas movilizaciones en las calles de Quito en defensa de Correa, como así también numerosas muestras de respaldo a nivel internacional como la carta escrita por Lula da Silva desde la prisión. “Supe que tú también, de forma tan absurda como hacen conmigo, eres víctima de la judicialización de la política, en que algunos jueces quieren descalificarnos como dirigentes políticos”, escribió el líder del Partido de los Trabajadores de Brasil.

En la investigación judicial llevada adelante por el fiscal Pérez se acusa a Correa de asociación ilícita y de ser el autor intelectual del intento de secuestro en Colombia, en el año 2012, de Fernando Balda, un ex militante de la Revolución Ciudadana devenido en opositor.

 “Lawfare” a la orden del día

Tal como sostuvo Fernando Vicente Prieto en su análisis para Notas, este pedido de prisión preventiva contra Rafael Correa forma parte del “lawfare” o “guerra jurídica”, una estrategia desplegada por la derecha y sus medios de comunicación en toda la región en la que se utilizan de manera indebida instrumentos judiciales para perseguir a líderes progresistas.

Coincidentemente, la solicitud de la CNJ se da en un contexto de realineamiento político y de subordinación del gobierno de Lenín Moreno con los intereses de Estados Unidos, de hecho, la medida se dio a conocer días después de la visita al país del vicepresidente norteamericano, Mike Pence, a Quito.

En una nota con la revista Zoom publicada el 24 de marzo pasado, el propio Rafael Correa había sostenido: “Hoy el partido más poderoso de la derecha es el partido judicial”, y, ante la consulta sobre si temía ir preso por la judicialización de la política, declaró casi de manera premonitoria: “Yo estoy viviendo fuera del país pero sí, me pueden sacar una orden de prisión y pedir la extradición porque lo que buscan es arruinarnos moral, psicológica y políticamente”.

Leonardo Casciero – @LeoCasciero