Ley Corta: un «parche» para las telecomunicaciones

Con 46 votos a favor, 11 en contra y una serie de modificaciones al proyecto original, este miércoles se dio media sanción en la Cámara de Senadores al proyecto conocido como “Ley Corta”, que modifica la ley de telecomunicaciones.

Se trata de un proyecto que Mauricio Macri les había prometido a la empresas telefónicas para que pudieran insertarse en el mercado del cuádruple play, es decir, ofrecer telefonía fija, móvil, Internet y TV paga. Esto equipararía las condiciones de estas empresas (Telefónica y Claro, principalmente) a las que ya tiene el Grupo Clarín.

El proyecto fue enviado por el Ejecutivo en abril con la denominación de “Fomento de despliegue de infraestructura y la competencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICS)”. Entre otros puntos, obliga a los licenciatarios de telecomunicaciones existentes a compartir la infraestructura que poseen.

Notas dialogó al respecto con Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información e investigador del CONICET, especialista en medios de comunicación e industrias culturales. Con el sonido de los redoblantes de la marcha contra los despidos de Télam de fondo, Becerra afirmó que el “proyecto sufrió muchas modificaciones en el Senado respecto del original que presentó el oficialismo, que a su vez incumple la promesa de presentar un proyecto de ley convergente e integral». «Es un parche, que originalmente estaba destinado a satisfacer a las telefónicas y que ni siquiera termina haciéndolo por los cambios que le hicieron”, analizó.

La posibilidad para las telefónicas de ofrecer el servicio cuádruple sufrió un cambio y, según el proyecto que finalmente obtuvo media sanción, se posterga hasta el año 2020 en el caso de la ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, mientras que en otras localidades se podría implementar recién en 2021. Si la localidad de que se tratase contara con menos de 100 mil habitantes, estas empresas deberían esperar entonces hasta 2022.

Es por eso que Becerra afirma que lo que se finalmente se aprobó en la Cámara Alta “deja un poco disconformes a todos; no hay ningún actor económico y de las telecomunicaciones que quede totalmente satisfecho con esta propuesta”.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, calificó la ley como “antimonopólica» y aseguró que “fomenta la competencia”, justamente por impedir que Clarín sea el único agente autorizado a ofrecer los cuatro servicios en uno. En todo caso, de haberse votado sin las modificaciones que limitan el accionar de las telefónicas, se podría afirmar que, en el mejor de los casos, garantiza la existencia de un oligopolio.

Otro de los argumentos que el oficialismo esgrimió es que este proyecto permitiría que los contenidos lleguen a todo el país. No obstante, a cambio de esto, se perdería el federalismo informativo dado que las productoras provinciales o cooperativas tendrían que permitir utilizar su infraestructura a las compañías telefónicas multinacionales sin que éstas inviertan en las mismas y con la posibilidad de ofrecer sus contenidos a través de servicios más económicos, desplazando de esa manera a la producción local.

Un punto a destacar es lo que se propone respecto del uso del espectro radioeléctrico por parte de la empresa ARSAT. Según Becerra, “este proyecto de ley modifica la participación privilegiada que tenía ARSAT en la gestión de esa porción de espectro. Esta reserva del espectro en teoría iba a estar destinada a paliar las asimetrías estructurales que tiene el sistema de medios en Argentina. Por lo cual es problemático que una decisión de tamaña importancia estratégica se defina con un parche normativo como es este proyecto”.

Una de las voces que representó las posturas más críticas a la iniciatia fue la de la senadora por San Luis, María Eugenia Catalfamo, que afirmó que “esta ley afectaría el progreso de las pequeñas empresas y las cooperativas del interior del país” y “afectaría seriamente el federalismo”. También agregó que “se van a reducir las fuentes informativas».

«Quienes vivimos en el interior del país vamos a tener que ver canales nacionales”, criticó y por último, consideró que este proyecto “no es innovador, ni integral ni convergente, es una ley de negocios para adecuar la normativa a las grandes empresas de comunicación”. “Se había prometido una ley de convergencia que nunca llegó y no podemos dejar de lado la regulación de los contenidos, que esta ley no prevé porque no es una ley integral”, concluyó.

Leticia Garziglia – @letigarziglia