Media sanción al proyecto de «Integración Urbana y Regularización Dominial”

En una sesión que duró más de 14 horas, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley impulsado desde el año 2016 por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), TECHO y Caritas. El mismo prevé la expropiación de las tierras privadas en casi 4500 barrios populares para otorgarle a sus habitantes los certificados de vivienda familiar que fueron incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares.

Según la letra de la Ley, el sujeto expropiante será la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que deberá celebrar acuerdos con las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de transferir los bienes inmuebles. Mientras que los títulos de propiedad se realizarán en base a los certificados de vivienda familiar que comenzó a entregar la ANSES el año pasado.

Además, suspende los desalojos por dos años y habilita que las empresas prestadoras de servicios realicen obras aún cuando no se cumplan todos los marcos regulatorios necesarios. Tras el proceso de entrega de certificados, el oficialismo se comprometió a iniciar el proyecto de urbanización, que supone garantizar todos los servicios básicos para los habitantes de esos barrios.

Por su parte, desde las organizaciones sociales subrayan que, según la legislación, la infraestructura que se construya en esos barrios será llevada adelante en un 25% por cooperativas de la economía popular, mayormente integradas por vecinos que habitan esos lugares y de hecho ya vienen realizando este tipo de trabajos.

El proyecto establece que los gastos que implique el proceso «serán afrontados en partes iguales por las jurisdicciones firmantes», al tiempo que autoriza al Poder Ejecutivo a crear un fideicomiso «con el objeto de financiar la totalidad de las actividades que resulten necesarias para llevar adelante el objeto de la ley».

Esto prende las luces de alerta para quienes han peleado por la sanción del proyecto, ya que la articulación entre las diferentes entidades gubernamentales podría suponer un problema a la hora de la plena implementación de la Ley. Casos de este estilo se pueden reconocer en la historia de la urbanización de la Villa 31, algunos de la Cuenca Matanza-Riachuelo y las poblaciones residentes en el Elefante Blanco (Villa 15), entre otros.

Las organizaciones que impulsaron la Ley emitieron un comunicado donde advierten que “integrar los barrios significa dejar de pensar a esa población como enemiga, como carente de derechos sino reconocer su posesión sobre las tierras que habitan y todos sus derechos como ciudadanos». «Quiere decir obras para el acceso a los servicios públicos, establecimientos educativos y culturales, centros de salud, transporte público, recolección de residuos. Y sobre todo, que eso se decida en conjunto con los vecinos y genere trabajo para los habitantes de los barrios”, concluyeron.