Panorama Caribeño: Puerto Rico pide por su derecho a la descolonización

El Panorama Caribeño de Notas – Periodismo Popular es una tentativa de descolonizar la mirada y volverla sobre la región más invisibilizada y desconocida de nuestro propio continente. Hoy con noticias de Puerto Rico, El Salvador y República Dominicana.

Puerto Rico pide por su derecho a la descolonización

Recientemente el Comité de Descolonización de la ONU recibió denuncias sobre el dominio colonial que EE.UU. ejerce sobre Puerto Rico. La representante del Comité de Puerto Rico en Naciones Unidas e integrante del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, Aurora Muriente, participó este lunes del encuentro del Comité para demandar la independencia y denunciar que el carácter de Estado Libre Asociado es “una farsa”.

Muriente afirmó que cada vez “hay mayor evidencia del carácter colonial” y que éste es “uno de los momentos menos democráticos en la historia”. Al respecto sostuvo que esto se confirmó tras lo sucedido en el huracán (María) y con la ley Promesa, una legislación a través de la cual la isla se declaró en quiebra para reestructurar su deuda externa de más de 70 mil millones de dólares. La funcionaria afirmó que esta normativa “ha cambiado el Estado de derecho” y aumenta el control externo sobre el pueblo puertorriqueño.

En este contexto, una semana antes, organizaciones sociales puertorriqueñas se manifestaron en San Juan, su capital, por el “derecho a la descolonización” y para denunciar “la represión y las medidas de supuesta austeridad que afectarán a la gente más necesitada del país”.

La isla de Puerto Rico es, oficialmente, un Estado Libre Asociado de los EE.UU., un “territorio no incorporado” que, si bien tiene su Constitución y poderes Ejecutivo, Legislativo y un Tribunal Supremo, está bajo soberanía estadounidense. Es decir que el Congreso de ese país tiene la potestad de revocar a estos poderes o sus decisiones.

Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses desde 1917 sin embargo, no gozan de los derechos políticos: no pueden votar en elecciones presidenciales y, si bien eligen un representante en el Congreso federal, éste tiene voz pero no voto. EE.UU. ha considerado históricamente a la isla como de su posesión, aunque oficialmente en 1952 la dejó de reconocer como colonia a través del estatus de Estado Libre Asociado.

“Tenemos la bandera, pero no los derechos”, suelen decir sus habitantes. Tampoco tienen moneda propia, fuerzas de seguridad, ni representación diplomática ante la comunidad internacional.

Movilización social en defensa del agua es reprimida en El Salvador

El jueves 14 de junio estudiantes y organizaciones de la sociedad civil salvadoreña se manifestaron en contra del proyecto de ley que propone privatizar la administración del agua en el país.

El reclamo que hacen es que la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa Nacional avale el proyecto de Ley General de Aguas presentado en el año 2006 y modificado en 2012, que había sido acordado de conjunto y, según afirman, garantiza el derecho humano al acceso a este recurso fundamental.

Luego de las elecciones parlamentarias que tuvieron lugar en marzo de este año, el nuevo Poder Legislativo dominado por partidos de derecha, entre los que se destaca la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) aceptaron tratar un proyecto presentado el año pasado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada. La propuesta daría al sector empresario y a Arena cuatro de los cinco integrantes de la Compañía Nacional de Agua, que administra el acceso de este bien para todo el país.

Las organizaciones sociales, estudiantiles y partidos de izquierda exigieron en las calles que se retome el proyecto acordado previamente con la sociedad civil.

En ese marco, mientras se movilizaban para entregar una carta a las autoridades, custodios del edificio del Congreso los reprimieron con gases, por orden del presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, una de las organizaciones convocantes, planteó en un comunicado: “Exigimos la destitución inmediata de los agentes de seguridad que cometieron este atropello y que se deduzcan responsabilidades de quienes ordenaron esta represión”.

Carlos Vanegas, de la Fundación Promotora de Cooperativas (FunProCoop), organización integrante de Alba Movimientos, dialogó con Notas y opinó que “lo que está en disputa aquí es quién decide sobre el agua». «Por una parte la propuesta de la sociedad civil de que sea un bien público y por el otro lado la de la empresa privada de que haya un ente rector en el que ellos tengan mayoría para poder decidir”, añadió.

“Responsabilizamos a los diputados de derecha de los impactos negativos que una eventual aprobación de la ley pueda tener, en despojos comunitarios de juntas de agua, incremento de tarifas y daños ambientales. Además condenamos la represión que ejerció la Presidencia de la Asamblea en contra de los estudiantes que se movilizaban por una lucha legítima, el acceso al agua como un bien y un derecho humano”, concluyó.

República Dominicana: denuncian que la investigación por el caso Odebrecht “no llegó a la cúpula del poder”

La Procuraduría General de la República Dominicana presentó un expediente donde figuran los siete imputados por el caso Odebrecht. El movimiento Marcha Verde (integrado por organizaciones sociales y políticas como Poder Ciudadano, Somos Pueblo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Bloque Popular, el Movimiento de Trabajadores Independientes, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras, entre otras), consideró al expediente “inaceptable” y afirmó que es “una burla para el pueblo”.

La empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado entre 2001 y 2014 alrededor de 92 millones de dólares en sobornos a distintos funcionarios para la adjudicación de obras públicas. En términos de magnitud, es el tercer país en América Latina que recibió coimas por la empresa. Es por eso que la sociedad civil ha cuestionado que los imputados fuesen sólo siete.

Las organizaciones sociales agrupadas en Marcha Verde instalaron un campamento frente al edificio de la Procuraduría para solicitar que se profundice la investigación. Es que lo pesquisado hasta el momento se centró en congresistas, ministros y ex funcionarios –los mencionados por Odebrecht-, pero no ha llegado a “las altas cúpulas del poder” del país, según afirman. El procurador Jean Alain Rodríguez solicitó más tiempo para la investigación.

Leticia Garziglia – @letigarziglia