Las Ni-Ni de la política nacional de salud pública

A lo largo del debate sobre la legalización del aborto se ha puesto sobre la mesa la necesidad de mejorar la educación sexual y fomentar la utilización de métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados. Estos argumentos son utilizados principalmente por quienes se oponen a la sanción de la ley.

Si bien es cierto que mejorando estos aspectos es posible reducirlos, también es cierto que el aborto sigue siendo una necesidad tanto en los casos en que los métodos anticonceptivos no funcionan como cuando estamos frente a casos de violencia de género, violaciones, o cualquier otro motivo que haga que una mujer esté cursando un embarazo no deseado.

A pesar de que desde el oficialismo se muestra la mayor oposición a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, es el Estado el que actualmente no está brindando las herramientas necesarias para la prevención, no solo para evitar la concepción sino también para evitar enfermedades de transmisión sexual.

El grado de cumplimiento por parte del Estado de los programas que contribuyen a una mejor educación sexual y a la salud sexual y reproductiva no están pasando por su mejor momento.

¿Educación sexual para decidir?

Según un pedido de informe del Observatorio de Derecho Humanos de la ciudad al Ministerio de Educación de la Nación, y como se puede observar en el siguiente gráfico, la ejecución del programa de Educación Sexual Integral (ESI) en metas físicas tiene una caída muy fuerte en el año 2016 y para el 2017 se profundiza.

Si tenemos en cuenta el gasto asignado al programa dentro del presupuesto nacional podemos observar la misma caída en el año 2016. Y aunque en 2017 se recupera, no alcanza los valores que tenía en 2015. Además, como se puede observar en el siguiente gráfico, para mantener el nivel de gasto de 2015, inflación mediante, la inversión debería haber sido mucho mayor. Indexando por inflación el dinero destinado a la ESI se encuentra por debajo de donde debería estar para mantenerse en niveles reales iguales al año de referencia.

Este leve aumento en 2017 se debe a capacitaciones presenciales, donde se gastaron 31 millones de pesos, un monto similar al de 2015 para este concepto pero en ese año se logró capacitar 55 mil docentes de 14 mil escuelas y en cambio, el año pasado solo fueron 1.050 de 500 escuelas.

En el período 2012-2017 se han alcanzado 44.600 escuelas, esto representa alrededor del 71% de la totalidad de establecimientos educativos del país.

¿Anticonceptivos para no abortar?

Dentro del Presupuesto Nacional hay un programa específico encargado de la salud sexual y la procreación responsable que debería contribuir a mejorar la estructura de oportunidades para el acceso a una atención integral al respecto. El mismo tiene como objetivo prevenir embarazos no deseados, promover la salud sexual de las y los adolescentes, contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, VIH/sida, garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable, entre otros.

Este programa dentro de sus competencias se encarga de garantizar tratamientos a la población que utiliza el sistema público de salud, para prevenir embarazos (anticonceptivos, preservativos, colocación de DIU).

Como se puede observar en el siguiente gráfico la entrega de preservativos y tratamientos tiene una caída fuerte en el año 2016. La cobertura a la población elegible con tratamientos anticonceptivos cayó del 82% que se había alcanzado en 2015 al 37% al año siguiente. En 2017 esto mejora pero en tratamientos no se llega a los niveles alcanzados en 2015. La distribución de preservativos mejora sensiblemente con respecto a ese año.

En lo que respecta al año 2017, si se analiza el gasto, la situación mejoró en relación al año 2016 pero no recuperó los niveles del año 2015 en términos reales.

Si observamos el presupuesto inicial del año 2018, se preveía una asignación que en términos reales, con una inflación que se proyectaba en el 15,7%, representaba una caída del 5,2% con respecto al año anterior. Este presupuesto inicial se logró ampliar pero los gastos ejecutados a mayo no llegan al 6% del presupuesto. Esto es preocupante ya que venimos de una fuerte caída en 2016, con una recuperación leve en 2017 y parecería que este año la situación podría ser peor.

Otro programa analizado es el de “Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual”. Dentro de este también hay partidas destinadas a la compra de preservativos. Tal como sucedió en el programa anterior las compras de este insumo tienen una fuerte caída, del orden del 50,5% en 2016 con respecto al año 2015. En 2017 aumenta un 36% pero no logra alcanzar los niveles que tenía dos años atrás.

Cabe destacar que para ambos programas existe sub-ejecución de las partidas presupuestarias con respecto a las metas físicas para el año 2017. Como se observa en la siguiente tabla, la ejecución del programa de salud sexual y procreación responsable está entre el 71% y 76%. La mayor sub-ejecución está en la compra de preservativos prevista para el «Programa de Lucha contra el Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual» que solo llega al 25%.

La salud sexual de la población en general está descuidada por parte del Estado, se reduce el presupuesto para educación sexual, se reducen los tratamientos anticonceptivos y la compra de métodos de barrera contra las enfermedades de transmisión sexual. Asimismo hay que evaluar la falta de políticas públicas con perspectiva de género en estos programas, no existe por parte compra de preservativos femeninos ni hay promoción de la vasectomía como método anticonceptivo.

Aborto legal para no morir

En este marco se estima que en Argentina se realizan alrededor de 450 mil abortos al año. Según cifras oficiales, en 2016 fueron 43 las mujeres que murieron por complicaciones post aborto, constituyéndose como la primera causa de muerte en mujeres gestantes en nuestro país.

Los resultados de la legalización del aborto en los países que lo implementaron son contundentes: Uruguay, a cinco años de la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es el segundo país con menor mortalidad materna de América, después de Canadá, donde también es legal.

María Cecilia Iselli – @mciselli y Valeria Silva – @cualquiiiera, licenciadas en Economía (UBA)