5 junio, 2018
En 2018 los alquileres en la Capital treparon por encima de la inflación
El precio de los alquileres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) aumentó un 14% en los primeros cuatro meses del año, generando consecuencias en los inquilinos que destinan una porción cada vez mayor de sus ingresos al pago del alquiler, y hay quienes rescinden su contrato por no poder abonarlo mensualmente.

El precio de los alquileres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) aumentó un 14% en los primeros cuatro meses del año, generando consecuencias en los inquilinos que destinan una porción cada vez mayor de sus ingresos al pago del alquiler, y hay quienes rescinden su contrato por no poder abonarlo mensualmente.
Los números surgen de un relevamiento realizado por la plataforma de compra/venta de inmuebles Properati y la consultora Oikos BsAs, que afirmaron que los incrementos se vieron acelerados a raíz de la crisis cambiaria, o como gustó llamar el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, “turbulencias”.
Ambas entidades coincidieron en que la depreciación del tipo de cambio y la volatilidad de los mercados internacionales generaron que el dólar avance sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Precios de Alquileres (IPA). El círculo, finalmente, debía cerrar o con la pérdida de rentabilidad de parte de los propietarios o la misma se impedía subiendo el precio del alquiler.
La asociación Inquilinos Agrupados manifestó que, en su local de atención, las personas ya no se acercaban consultar por arreglos, cortes de gas o devolución de depósitos, sino que “necesitan saber cómo rescindir su contrato porque ya no lo pueden pagar”.
“Son jóvenes que vuelven a la casa de sus padres, familias que se mudan a departamentos más chicos o más alejados, jubilados que se van a vivir a un hotel o a una pensión”, alertó la entidad que preside Gervasio Muñoz. Además, agregó que muchos ya recibieron intimaciones de pago por carta documento o, en el peor de los casos, los propietarios ya les habían iniciado juicio.
Sin embargo, Muñoz reclamó: “El fenómeno que estamos viviendo es atípico, si la mitad de un ingreso se va en el alquiler y otro 20% se lo llevan las expensas, impuestos y servicios, a los inquilinos no les queda margen para cubrir el resto de sus gastos”.
En un comunicado difundido en su página web, la entidad calculó que para el 2019 un ciudadano porteño que cobre poco más de veinte mil pesos deberá destinar el 61,2% de sus ingresos sólo para pagar el alquiler, es decir, sin tener en cuenta algunas variables tales como los aumentos de tarifas, la suba del dólar y su repercusión en los montos de las expensas.
«El impacto de la suba del dólar en precios ya se dio y eso impacta en las expensas. Este año aumentaron todos los meses y en algunos casos están llegando a representar el 50% del precio del alquiler», detalló Muñoz. Todo esto sin sumarle los aumentos en las tarifas de luz, gas y agua, y las tasas de ABL.
Respecto al 14% de aumento durante los primeros cuatro meses del 2018 en comparación con la inflación del 9,6% medida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) los inquilinos calcularon que si se proyectaban esos números para todo el año, el aumento anual de los alquileres sería del 48% mientras que la variación de precios rondaría el 31%.
En ese sentido titular de Inquilinos Agrupados también reclamó la regulación de la rentabilidad propietaria, ya que “vamos hacia un lugar en donde no vamos a poder sostener el pago del alquiler y los propietarios no van a poder cobrarlos”.
Según revelaron Properati y Oiko BsAs, en los últimos 12 meses los alquileres de la Capital Federal alcanzaron una suba del 32,7% superando el acumulado de inflación del 25,2%.
En este marco, los inquilinos continúan el reclamo de aprobación total de la Ley Nacional de Alquileres, que cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores desde el 2016 y que tiende a regular el aumento de precios de forma anual, mediante un índice promedio entre inflación y salario.
Hace un año y medio esperan que la Comisión de Legislación General de Diputados, a cargo de Daniel Lipovetzky (PRO), le de tratamiento, sólo falta un dictamen favorable de comisión para habilite la discusión en el recinto. “Seguir dilatando este proyecto implica darles la espalda a ocho millones de argentinos”, concluyeron.
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