Derechos Humanos

24 mayo, 2018

Caso Maldonado: ex juez de la causa denunciado por espiar a la familia de Santiago

El juez federal de Esquel, Guido Otranto, fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por espionaje ilegal a la familia Maldonado en la causa que se investiga la desaparición de Santiago. El magistrado había ordenado, además, intervenir el teléfono de tres testigos.

El juez federal de Esquel, Guido Otranto, fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por espionaje ilegal a la familia Maldonado en la causa que se investiga la desaparición de Santiago. El magistrado había ordenado, además, intervenir el teléfono de tres testigos.

La presentación fue realizada por el diputado nacional Horacio Pietragalla y la legisladora porteña Myriam Bregman, “por realizar espionaje ilegal sobre la familia de Santiago Maldonado y otros testigos”, con relación a Ariel Garzi, Claudina Pilquiman y Marcela Scotovaz, según detalla el texto la acusación.

Los legisladores alegaron que el juez Otranto tuvo un mal desempeño “en lo que respecta a la arbitraria e infundada orden de intervención de las líneas telefónicas pertenecientes a los testigos y el propio hermano de la víctima”, en el marco de la causa caratulada Maldonado, Santiago Andrés s/ Habeas Corpus.

Las escuchas telefónicas fueron grabadas, transcriptas y almacenadas por orden de Otranto el 22 de septiembre de 2017 a raíz de un pedido de la fiscal de la causa, Silvana Ávila. Llamativamente, esa misma fecha el juez había sido apartado de la investigación. Los legisladores alegaron manifiesta parcialidad del magistrado, quien espió a testigos y no a la Gendarmería.

El desempeño del magistrado ya había sido cuestionado con anterioridad por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Sergio Maldonado y el fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones, cuyos pedidos de recusación fueron resueltos favorablemente.

Según la denuncia de Pietragalla y Bregman, el acusado cometió “mal desempeño de sus funciones”, además de haber vulnerado el derecho a la intimidad de los ciudadanos mediante la intervención telefónica de líneas correspondientes a testigos y familiares de Santiago Maldonado, que “no revestían el carácter de imputados ni se encuentran sospechados de haber cometido un ilícito”.

En la denuncia presentada la semana pasada, acompañada por la diputada Victoria Donda, se había descripto que “sorprendentemente Otranto permitió y autorizó al secretario de Relaciones con los Poderes del Ministerio de Seguridad”, Gonzalo Cané (imputado en la causa por espionaje que instruye el juez federal Daniel Rafecas) a “presenciar las diferentes declaraciones testimoniales tomadas en el marco del habeas corpus”.

Pese a la oposición de las partes las declaraciones se realizaron, lo que “configura, sin lugar a duda, un acto de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones”, ampliaba la denuncia. Los legisladores dedujeron que no resultaba casual que, durante el período de declaración, la familia Maldonado haya sido objeto de “acciones de inteligencia ilegal ejercida por parte del personal de las fuerzas de seguridad de la nación”.

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