Parto respetado: menos intervenciones, más cuidados

Por Sol Martínez. A mis 24 años, en el 2000, gesté a mi primer hijo Valentino, tuve un embarazo saludable que no me impidió seguir con mi ritmo de vida anterior, tanto, que al llegar al término poco sabía de qué se trataba parir. En la semana 38 fui al control semanal con mi obstetra, quien me informó que la dilatación había comenzado. Lo que sucedió fue que sin siquiera revisarme, fui internada, se me administró oxitocina sintética y pasadas 5 horas de sufrimiento, tanto mío como de mi hijo, me hicieron cesárea. Minutos después se lo llevaron sin informarme nada, quedé sola en el quirófano, mientras me suturaban y hablaban de su vida privada, como si yo no estuviera ahí, despierta, haciéndome madre por primera vez.

Tuvieron que pasar diez años para que conociera a la “Colectiva Maternidad Libertaria”, que impulsaba una lucha inédita. Sus integrantes eran feministas, luchaban por el aborto legal seguro y gratuito al igual que yo, pero además defendían su derecho a ejercer la maternidad de manera libre, elegida, se apropiaban del lema histórico de «lo personal es político» para argumentar, buscando mostrar que la violencia obstétrica es una forma de control y castigo sobre la libertad sexual y reproductiva, que actúa sobre el espacio personal de poder, placer y autonomía de las mujeres en nuestra decisión de ser o no ser madres.

En Argentina, parto respetado se sigue entendiendo como una práctica particular asociada al parto planificado en domicilio, y no como un derecho que debiera ser universal. Son muy pocas las instituciones públicas, llamadas maternidades seguras centradas en la familia, que se rigen por el cumplimiento de la ley. En la ciudad de Buenos Aires, aunque se promocionan cuatro, la única que lo cumple es la maternidad del Hospital Penna; mientras que en la provincia de Buenos Aires, sigue esta línea la Maternidad Estela de Carlotto de Moreno, a pesar de que en 2016 fueron separadas de sus cargos sus ex directoras Patricia Rozemberg y Cecilia Zerbo.

En las instituciones privadas el problema pasa por la preponderancia de cesáreas, que llegan al 70% de los nacimientos, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es del 10 al 15%. Esto se da porque se cobra más por una cesárea que por parto vaginal y sobre todo porque hace posible manejar los tiempos y organizar la agenda de los profesionales.

Todo esto sucede a pesar de tener herramientas legales para evitarlo. En nuestro país existe la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y en ella se define a la violencia obstétrica como “aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929”.

En la Ley 25.929 se encuentran detallados los derechos de la mujer y el recién nacido durante la gestación, parto y puerperio, como el derecho a ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que puedan tener lugar sobre el proceso y a optar libremente si las acepta o no; a ser tratada con respeto, garantizando su intimidad y consideración con su cultura; a ser considerada persona sana, protagonista de su parto; a que se respeten sus tiempos de fisiológicos y psicológicos; a estar acompañada por una persona de su confianza y elección; a ser internada junto con su hijo o hija y a ser informada de todas las actuaciones sobre éste.

A pesar de esta normativa, en la gran mayoría de las instituciones, las mujeres son separadas de su familia, se les niega alimento y bebida, se las maltrata verbalmente, se las inmoviliza y se las calla. Pero siguen siendo pocos los casos que llegan a denuncias y no hay estipuladas sanciones para el incumplimiento de las leyes.

El organismo encargado de canalizar estas denuncias, tomadas como meros reclamos administrativos, es la Comisión Nacional Coordinadora para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG), perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Ahora, en los tiempos de la cuarta ola feminista, cada vez son más las mujeres que alzan su voz para denunciar la violencia obstétrica. Las mujeres han construido redes donde denuncian y además recomiendan instituciones amigables libres de violencia, profesionales, comparten información y construyen sus propias estrategias de defensa, como por ejemplo el “Plan de Parto”. Las redes sociales cumplen una función primordial en este sentido, el mejor ejemplo es el grupo “Para saber con quién Parimos”, nacido en 2012 y que cuenta con más de 6000 personas.

La semana pasada, del 14 al 20 de mayo se celebró, como desde 2003, la semana mundial del Parto respetado, cuyo lema de este año fue “Menos Intervenciones, más cuidados” que se propone visibilizar esta realidad. En virtud de su conmemoración varias organizaciones de salud han desarrollado actividades al respecto. No obstante, la visibilización de este tema por parte de las organizaciones feministas y los partidos políticos aun es más bien tímida.

Nos debemos como movimiento, subido a la cuarta ola, sumar en la agenda de temas prioritarios este que incumbe a toda persona gestante para darle un impulso fundamental y terminar con un tipo de violencia particular sobre nuestros cuerpos.

@SolMar1936