Claves para entender la disputa entre Vidal y los intendentes por los impuestos municipales

María Eugenia Vidal suma detractores en la provincia de Buenos Aires y no se trata precisamente de los sindicatos que mantienen abierta su paritaria o aquellos a los que ordenó conciliación obligatoria el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas. La resolución que prohíbe a los municipios cobrar cargas con conceptos ajenos al servicio eléctrico desató la furia de los mandamases bonaerenses que presionan contra la medida.

A partir de una resolución que el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA) había dispuesto el miércoles pasado para que las facturas emitidas por las más de 200 cooperativas y empresas prestatarias no puedan incluir “conceptos adicionales vinculados al servicio público de distribución de energía”, el lobby político entre intendentes, legisladores y funcionarios del Ejecutivo para ver quién sale perdiendo en la ecuación, no tuvo descanso.

En concreto, las entidades prestatarias de luz y que pagan tasas a los municipios, cobraban hasta hace una semana una lista de impuestos ajenos dentro de la factura eléctrica. En los ítems que percibían las localidades figuraban: ABL, seguridad, fondo de obras públicas, aportes a bomberos voluntarios, servicios de sepelios o ambulancias, entre otras. Estas últimas son comúnmente ofrecidas por las cooperativas del interior bonaerense que promueven pagos para fines sociales entre sus asociados.

La medida había sido presentada por el Ejecutivo en la Legislatura provincial y rechazada por los bloques opositores, debido a que con la modalidad actual de cobro de impuestos se garantizan facturar “en paquete” todos los servicios. Si la resolución se mantiene, la preocupación de los jefes comunales es que haya contribuyentes que no paguen el servicio de sepelios, por ejemplo, o la cuota de los bomberos voluntarios que, a diferencia de la energía, si no se abona la consecuencia es menor que un corte de luz.

El primero en reaccionar fue el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, que presentó un recurso de amparo para que la Justicia frene la aplicación firmada por el OCEBA, a la que calificó de “intempestiva”. Se sumó al repudio su par de Carlos Casares, Walter Torchio, quien criticó la medida debido a que restaba recursos municipales a mitad de año, ya habiendo establecido el presupuesto anual.

«Creo que lo mejor sería haber planteado el tema para el año próximo y en todo caso, que los intendentes vean de qué forma readecuan sus tasas, donde la cobran, pero no de esta manera que es abusiva y que atenta contra fondos que tienen un fin específico», declaró el intendente peronista.

Por su parte el director del OCEBA, Omar Duclós, fue consultado por Notas y analizó que “hay preocupación entre los intendentes” debido a que si un municipio tiene que cobrar sus impuestos por separado “seguramente no tenga el mismo nivel de cobrabilidad”. Además, indicó que las cooperativas a través de sus servicios sociales cobraban más, y que esta medida “obviamente genera una dificultad de gestión”.

Por ello el impacto negativo mayor será para estas entidades, no tanto para las grandes prestadoras. “La verdad es que nos ha tomado con sorpresa y muchísima preocupación. Es una medida que impacta muy fuerte a las cooperativas”, declaró Nicolás Ambrosius, presidente de la Federación de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires (FPEBA).

¿De dónde surge la medida?

La cuestión de fondo es “el impacto que está teniendo el costo de energía en los usuarios”, resumió el director de OCEBA y ex intendente radical de la localidad bonaerense de Azul entre 1999 y 2011. De calificar como “demagogia energética” la política del kirchnerismo con relación a los impuestos a los servicios públicos, reconoció que el oficialismo produjo un “tarifazo demasiado abrupto que hay sectores de la población que no lo pueden pagar”.

Cuando el presidente Mauricio Macri pidió a los gobernadores que resignen impuestos a los servicios públicos para “alivianar” el bolsillo de los contribuyentes, María Eugenia Vidal fue la primera en recoger el guante. Tras declarar que decidió aceptar el pedido de eliminar esos impuestos que “van a parar al gobierno provincial o municipal”, el Ejecutivo comenzó el lobby en el recinto bonaerense para que el costo político del tarifazo no sea sólo de la administración nacional, sino que sea compartido por las municipalidades y la provincia.

El objetivo de la alianza Cambiemos en la partida por las tarifas es morigerar el consumo de energía, pero de manera que las empresas energéticas arrastren buena parte de la ganancia mediante el tarifazo, y sin generar la inversión necesaria para el buen funcionamiento de los servicios públicos. Sumado a este cuadro, los subsidios recibidos de parte del Estado continúan siendo una política hacia las grandes prestadoras.

Para los primeros días de junio, los legisladores de Cambiemos insistirán en aprobar un proyecto para eliminar los conceptos ajenos a las boletas de luz y gas, lo que representa 1.300 millones de pesos menos para las arcas municipales. Sin embargo, el oficialismo no tiene el número necesario para aprobar la medida y deberá negociar con ediles de la oposición.

Marcos Lede Mendoza – @PichuLede1