Una reforma que precariza las relaciones laborales

Un informe del Centro de Estudios Atenea analiza los puntos más controversiales de los tres proyectos de Reforma Laboral presentados por el gobierno de Mauricio Macri, luego de fracasado el intento de tratar la iniciativa en diciembre de 2017.

El estudio sostiene que estas iniciativas «vienen a consolidar la idea de un Estado que se retira del mercado de trabajo, que transforma las relaciones laborales en mercantiles, y que construye en la figura del trabajador a un individuo hacedor de su propio destino”.

Además, se detiene en la regularización del trabajo y lo que denomina el “garantismo empresarial” como uno de los puntos más controversiales de la propuesta oficialista. Desde el Poder Ejecutivo plantean un blanqueo laboral de trabajadores, cuyo beneficio a los empleadores que cumplan con lo pautado será la extinción de la acción penal de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza. Es decir, que el trabajador deberá “renunciar a toda acción y derecho” contra sus empleadores.

Según datos brindados por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, entre enero de 2017 y marzo de 2018, se lograron 12.280 incorporaciones al empleo en blanco, cuando la meta fijada era en realidad de 80 mil por año. Este dato “comprueba que, para que este tipo de iniciativas tenga éxito, debe haber un mercado de trabajo en expansión que permita generar mayor empleo”, analizan desde Atenea.

Asimismo, los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares realizada durante el tercer trimestre del año 2017, por ejemplo, arrojó como resultado que la tasa de no registro en la industria de la construcción, para ejemplificar un rubro, llega al 67,8%, casi duplicando dicho índice a nivel general del empleo argentino.

Por caso, la normativa impulsada por la alianza Cambiemos apunta a la creación de un Fondo de Cese Laboral Sectorial, que faculta al empleador a desvincularse de su responsabilidad de abonar la indemnización. Esta medida generó fuertes rechazos por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT).

“Se deja al trabajador en una situación vulnerabilidad respecto a su estabilidad laboral”, alerta el informe y remarca que aquel está “desprotegido frente a los despidos arbitrarios o sin causa”.

La adhesión de los empleadores a este sistema es voluntaria, aunque una vez adheridos el vínculo se convierte en irrevocable e incluye a todo el personal de la planta alcanzado por la Ley de Contrato de Trabajo.

El fantasma de las AFJP

Por otro lado, el proyecto establece la posibilidad de capitalizar estos fondos creando nuevas entidades financieras, según Atenea, “similares a las AFJP”, y que serían manejadas por el Instituto Administrador del Fondo de Cese Laboral Sectorial.

Esto habilita a que el trabajador, una vez notificado su despido, pueda optar por cobrar de forma parcial y periódica una remuneración, “dejando a libre disposición del Instituto la capitalización de su saldo pendiente”.

Si bien se muestra como un beneficio para el trabajador, “en el caso de los despidos se transforma en el signo de mayor precariedad laboral que registra la normativa en nuestro país”, puntualiza el documento.

Además, califica de “inconstitucional” la ley, ya que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional ordena “proteger al trabajador contra los despidos arbitrarios”, siendo la indemnización por antigüedad la forma actual de protección contra estos mecanismos patronales. De no respetar dicho artículo, se señala que “se desconoce el derecho protectorio más importante en la faz individual de los trabajadores”.

Mientras el mercado de trabajo tuvo, según datos de Atenea, más inserciones laborales de tipo precario que empleos asalariados formales, la tasa de no registro trepó al 34,2%, según los últimos datos publicados por el INDEC. A su vez, el Ministerio de Trabajo dirigido por Jorge Triaca redujo desde 2015 a la fecha el presupuesto destinado al Programa Nacional de Regularización del Trabajo.

Desde el centro de estudios concluyen que en esta normativa se apunta a “precarizar el sistema de relaciones laborales argentino”, a la vez que en los planos legislativo, normativo y judicial se intenta degradar los derechos que protegen a los trabajadores en una relación que nace en la desigualdad entre el capital y el trabajo. Lo peligroso, y que es a donde apunta el gobierno, es al impacto negativo que esto podría en el terreno de la organización sindical.