Giudici a la presidencia del Enacom: un cambio con pocas novedades

En el medio de las fluctuaciones del mercado cambiario pasó desapercibida la renuncia del titular del directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Miguel de Godoy. En forma inmediata el Ejecutivo nombró en el cargo a Silvina Giudici, quien ya formaba parte de la junta directiva, lo que no parece deparar nuevos rumbos en la conducción de este organismo.

El Enacom se convirtió desde el último día de 2015 en la autoridad de aplicación de las normas que regulan las telecomunicaciones (la telefonía fija, móvil e Internet) y el audiovisual (la radio y televisión por cable y aire). A través del decreto de necesidad y urgencia 267, el Gobierno se aseguró desde su constitución una mayoría automática en el directorio, con cuatro miembros designados por el Ejecutivo y otros tres en representación de las primeras minorías del Congreso.

Esta composición y la potestad del presidente de remover sin causa a cualquiera de sus miembros se contraponen con las recomendaciones internacionales en la materia. Muy celosa para señalar la falta de independencia de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) durante el kirchnerismo, la entrante presidenta del ente no presentó objeciones por la gubernamentalización del directorio que ahora conduce.

Generosos con los grandes, mezquinos con los pequeños

¿Por qué son importantes las decisiones del Enacom? Básicamente porque es el encargado de aplicar lo que queda de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y las modificaciones impuestas desde el DNU 267. Con estas últimas, el Gobierno de Cambiemos flexibilizó al máximo los límites a la concentración y convirtió a los prestadores dominantes del mercado audiovisual en propietarios casi vitalicios de sus licencias.

Fue también un decreto, pero esta vez en el último día de 2016, el que permitió a las compañías telefónicas brindar servicios de TV por cable desde 2018 en los grandes centros urbanos. Casi un año adelante, el 20 de diciembre de 2017, una resolución del Enacom extendió esta posibilidad a casi todo el país. Pocas horas después, el organismo cerró el combo con la autorización de la fusión entre Cablevisión y Telecom. Queda claro: a Cambiemos le sientan bien los cierres de año para habilitar modificaciones en el campo comunicacional.

Esta última fusión deja en manos del Grupo Clarín el control de un conglomerado cuya extensión no tiene precedentes en el país. La autorización quedó sujeta a algunas condiciones que deberá cumplir por dos años la compañía fusionada, pero que en modo alguno suponen un contrapeso al dominio que en diferentes servicios se le otorgan.

El especialista en la materia, Martín Becerra, detalla que “Cablevisión-Telecom concentrará a nivel nacional 42% de la telefonía fija; 34% de la telefonía móvil; 56% de las conexiones a Internet de banda ancha fija; 35% de conectividad móvil, y 4 % de TV de paga”.

En la resolución 5644/17, el ente limita la definición de “poder significativo de mercado” a aquellas situaciones donde la empresa tenga dominio sobre al menos el 80% en la provisión de banda ancha de Internet. Esto es, sólo en los casos en que se constate este virtual monopolio del servicio el Estado podrá tomar medidas anti-concentración.

Todavía resta el pronunciamiento de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia sobre esta operación empresarial, pero son pocas las expectativas de cuestionamientos fuertes, incluso cuando la decisión del Enacom contraviene lo que la Ley de Defensa de la Competencia entiende como posición dominante.

El ente también debe administrar el fondo de fomento concursable para medios sin fines de lucro. Compuesto por el 10% del gravamen recaudado a los prestadores de servicios audiovisuales, se trata de una herramienta inédita para promover a actores históricamente marginados de las políticas de comunicación. Sin embargo, el organismo demoró los llamados a concursos, obstaculizó el cobro de líneas ya concursadas y sub-ejecutó los recursos disponibles.

Una muestra de esta dinámica es que la convocatoria 2017 fue abierta recién en febrero y abril de este año. Además, el directorio puso bajo sospecha la validez de los premios otorgados antes de 2016. Fue justamente Guidici la voz pública de estos planteos.

Por la misma tijera

La coincidencia de Giudici y los grupos privados dominantes en las propuestas para la regulación del sector comunicacional es notoria desde los tiempos del debate en torno a la ley audiovisual. En aquellas jornadas la entonces diputada radical logró acumular largas participaciones en los medios del Grupo Clarín.

La perspectiva economicista y mercantil de Giudici sobre el ordenamiento de las comunicaciones se puede descubrir también en la tarea de la comisión encargada de redactar un anteproyecto de ley para regular el campo info-comunicacional. Un estudio de Ezequiel Rivero y Juan Martín Zanotti, investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, señala que los abogados, economistas y especialistas en telecomunicaciones representaron el 75% de los participantes en los debates académicos organizados por este comité, coordinado por la misma Giudici. Además, en las audiencias realizadas, la mayor participación la tuvieron las organizaciones vinculadas a las actividades lucrativas de la comunicación (40% del total).

Esta comisión redactora, creada al inicio de 2016, debía elaborar un primer documento antes del final de ese año. Sin embargo, todavía se espera la presentación formal del borrador. En ese trayecto el Gobierno reguló el sector a fuerza de decretos y resoluciones del Enacom, a lo que sumó recientemente su propuesta de Ley Corta. Con ésta el Ejecutivo propone permitir que las telefónicas ofrezcan televisión satelital, una compensación para Telefónica y Claro luego de aprobar la fusión Cablevisión-Telecom.

La llegada de Giudici no permite suponer grandes cambios en el perfil de la actividad del Enacom ni en la injerencia gubernamental directa. Pero tal vez con la presencia de la ex diputada los grupos concentrados del sector tengan un reaseguro (más) de sus posiciones ante eventuales turbulencias políticas y económicas. En el equilibrio que realiza el Gobierno en la administración de presiones cruzadas de Telefónica y Clarín, el grupo local parece mejor posicionado.

Alejandro Linares* – @_ale_linares

* Doctor en Ciencias Sociales (UBA) y becario posdoctoral del CONICET