Derechos Humanos

10 mayo, 2018

«El sistema penal tiene un impacto diferencial con las mujeres y las disidencias sexuales»

Elizabeth Gómez Alcorta, abogada y referente de los derechos humanos, se refirió al caso de Marcela Astrid Mendoza y el comportamiento del Poder Judicial en la causa que la condenó a cadena perpetua, a su vez que se opinó sobre el debate por la despenalización del aborto y la violencia institucional contra las mujeres.

En diálogo con Notas, Elizabeth Gómez Alcorta, abogada y referente de los derechos humanos, se refirió al caso de Marcela Astrid Mendoza y el comportamiento del Poder Judicial en la causa que la condenó a cadena perpetua, a la vez que opinó sobre el debate por la despenalización del aborto y la violencia institucional contra las mujeres.

Marcela Astrid Mendoza había denunciado en dos oportunidades a su ex pareja, Eduardo Gómez, por violencia de género. La justicia había dictado una restricción. Según el testimonio de Marcela -desoído por los jueces Ernesto Domenech, Andrés Vitali y Santiago Paolini- el 9 de agosto del 2015 accedió a encontrarse con Gómez en su automóvil. Allí, el hombre le arrojó un líquido inflamable después de insultarla y golpearla. Ella logró arrojarse del auto. Finalmente, después de un proceso plagado de irregularidades, el Tribunal Oral N°3 de La Plata definió condenarla a cadena perpetua por la muerte de su agresor en el incendio.

Gómez Alcorta consideró que el caso tiene «varios componentes que son importantes». En primer lugar «las denuncias previas como víctima de violencia de género por una ex pareja, muestran la ausencia absoluta de efectividad de cualquier medida de protección que ofrecen, como una perimetral». Para la abogada ese no es el modo de «resolver los problemas que claramente tienen que ver con una cuestión social y cultural».

«El Poder Judicial, de algún modo, viene a representar ese sistema heteronormativo y absolutamente patriarcal, y que también minimiza un problema más grave que puede terminar, en general, con la muerte de las mujeres”, explicó.

Asimismo agregó que “en muchas jurisdicciones, si vos no vas a una Comisaría de la Mujer, que en el mejor de los supuestos hay una única en un distrito, te derivan, no te toman la denuncia”.

Segundo, cuando es una mujer que ya ha denunciado en reiteradas oportunidades, «no se les toma la denuncia diciendo que ya se les tomó, como si un hecho de violencia valiera por todos los sucesivos». «Creo que tantos en los casos de víctimas como en los casos de imputadas, el sistema penal tiene un impacto totalmente diferencial para con las mujeres y las disidencias sexuales”, dijo la también abogada de Milagro Sala.

La violencia institucional en la cuarta ola feminista

“Estamos viviendo un momento donde las mujeres entendimos que había que romper con algunas lógicas, como la primera que era la de callarse», opinó la defensora de los derechos humanos. «Las mujeres y las disidencias sexuales tomamos conciencia de que había que poner un límite porque nos están matando. No creo que nos estén matando más hoy de lo que nos mataban antes, sino que estamos decididas a no callarnos, a salir a la calle a reclamar cuando tocan a una”, afirmó.

Por otro lado, Gómez Alcorta también se refirió al debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo que actualmente se lleva adelante en la Cámara de Diputados de la Nación. “El poder judicial, el derecho en sí mismo siempre tiene una vinculación directa en relación a las mujeres con el control social de nuestros cuerpos. La penalización del aborto es sin lugar a dudas el caso más paradigmático del control de los cuerpos que ejerce el poder judicial», dijo.

En ese sentido recordó que el aborto fue sancionado en nuestro Código Penal en 1921, una época en la que «solamente votaban los varones en la Argentina. Y elegían exclusivamente varones». Entonces la población masculina «eligió representantes masculinos que dictaron una ley que criminalizaba las acciones vinculadas a la autonomía de nuestros cuerpos y nuestras decisiones».

«Si uno lo pensara por un segundo a la inversa, que todas las mujeres del país mayores de 18 años votáramos a representantes mujeres y que en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores una presidenta mujer sancionara alguna práctica vinculada a la autonomía del cuerpo de los varones, sería algo de ciencia ficción. Eso que nos parece ciencia ficción es lo que sucede en relación al aborto”, explicó.

Presas políticas, presas comunes

Según el informe Mujeres en prisión del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las mujeres encarceladas en el sistema penitenciario federal pasaron de ser 298 en el año 1990 a 1039 en el 2007, lo que implica un crecimiento del 350%, que continúa en ascenso. Este aumento no implica que las mujeres cometan más delitos que antes, sino que se debe a un cambio de criterios de los tribunales, poniendo el foco en la criminalización del consumo y el tráfico de drogas.

Gómez Alcorta explicó al respecto: “En general, la principal actividad por la cual las mujeres son criminalizadas es por la venta de droga al menudeo o de mula. Son aquellas que tienen los ‘kioscos’ en los barrios como venta de droga». Ese lugar también es «un lugar asignado, es una tarea criminal que se puede llevar adelante en el domicilio, en la casa, que permite poder mantener igualmente las tareas del hogar asignadas culturalmente a nosotras», subrayó. Es decir que «hay una clara continuidad de las violencias: en las violencias sociales, las violencias culturales y las violencias del sistema penal que seleccionan como víctimas o como imputadas a cierta clase de mujeres”.

Por último, la abogada se refirió al tratamiento mediático en relación a las condiciones de detención de las y los presos políticos y las condiciones de detención de las presas comunes: “Cuando uno piensa en la canción de Los Redondos, ‘Todo preso es político’, la única diferencia que tiene un preso político de un preso común, no tiene que ver con la injusticia del sistema. Ni tiene que ver con los padecimientos del sistema, aunque en el caso de Milagro Sala hubo algo de ensañamiento, eso es imposible negarlo. Lo que tiene que ver es que estas injusticias que viven la inmensa mayoría, se cristalizan en una persona”.

“Los presos y las presas en Argentina viven en condiciones absolutamente indignas, de hacinamiento, más del 50% está en prisión preventiva, es decir sin condena. Hay un claro hostigamiento hacia esos cuerpos, que en el caso de las mujeres se incrementa por algunas prácticas en particular, vinculadas a la maternidad; sobre todo vinculado a que una presa mujer es una mala madre: un preso hombre no es un mal padre”, sostuvo.

Finalmente concluyó: “En el cuerpo de todas las mujeres está esa carga, y en el estigma de todas las mujeres presas está esa carga. Entonces no son incompatibles. En algunos casos, lo que nos permite eso es dejar más al descubierto la injusticia: uno puede tomar los casos de presos políticos como herramienta para denunciar todo lo otro también”.

Malena García

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